José Luis Centella
El debate abierto a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, manipuladas intencionadamente por una derecha y ultraderecha demagógicas, sobre el modelo de producción agrícola y ganadera, y en especial sobre la implantación de las macrogranjas, es una oportunidad para establecer modelos alternativos. Por nuestra parte, seguiremos apostando por explotaciones sostenibles de ganadería extensiva, las grandes perjudicadas con la implantación de modelos intensivos y que sólo buscan una alta rentabilidad.
El actual modelo de producción y consumo es insostenible. Vivimos una crisis ecosocial con pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación que amenaza con destruir la vida en el planeta. En la cuenca mediterránea esto será más rápido y grave por la desertificación y las sequías, además de los fenómenos climáticos extremos.
La ganadería intensiva e industrial, caracterizada por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, conlleva más costes ecológicos, peor calidad del producto y escasísima creación de empleo
Es importante hacer cambios para que nuestro modelo sea sostenible. A nivel mundial, según la FAO, sólo la ganadería representa el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero; en España este porcentaje alcanza el 9%. En 2020, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se sacrificaron en nuestro país cerca de 910 millones de animales. Es un modelo asociado a un elevado consumo de carne, frente al cual ya se ha pronunciado la Comisión Europea, tanto en el informe ‘La estrategia de la Granja a la mesa’ o en el propio informe ‘España 2050’. Ambos apuestan por una reducción drástica del consumo para promocionar una producción agroalimentaria y otro tipo de consumo más sostenible.
El baluarte más significativo de este modelo son las macrogranjas, frente al sostenible que defendemos y que ha sido el gran perjudicado hasta ahora en las estrategias europeas y estatales: el modelo de ganadería extensiva, social y familiar, sostenible ecológicamente. Esa ganadería crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad. Frente a ello está la ganadería intensiva e industrial, caracterizada por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva más costes ecológicos, peor calidad del producto y escasísima creación de empleo.
Este modelo tiene graves impactos, tanto en la salud humana, ya que la ganadería industrial es una consumidora masiva de antibióticos en el mundo, contribuyendo su significativa pérdida de eficiencia, como en la contaminación irresponsable de acuíferos por purines. A modo de ejemplo, datos oficiales avisaban ya hace dos años de que sólo en Castilla y León había cerca de un centenar de acuíferos afectados o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos de origen agrario. Estas aguas se situaban principalmente en Burgos, Segovia y Valladolid, aunque no se libraban el resto de provincias.
Pero también tiene un impacto social, ya que los municipios con macrogranjas pierden población y empleo ganadero a mayor ritmo que aquellos con explotaciones extensivas y familiares, impactando negativamente, además, en otros sectores como el turismo.
Superando la impresentable campaña demagógica de acoso y derribo contra Alberto Garzón, hay que demandar a las distintas administraciones competentes el rechazo a la instalación de macrogranjas, las mismas que no están permitidas en otros países europeos, y apoyar a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar.
Para ello hay que desarrollar un marco normativo que proteja a los verdaderos ganaderos y ganaderas frente a las grandes empresas especulativas. Se debe verificar que las grandes explotaciones cumplen todos los requisitos legales, también los laborales, y respetan las normas de calidad. Debe haber una regulación del sector ganadero que establezca un tamaño máximo de las explotaciones y la revisión de la carga ganadera admisible en función de las realidades locales y de los ecosistemas.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
