Nadia Calviño se ha convertido en una experta del equilibrismo, tanto hacia dentro del Gobierno, con Unidas Podemos, como hacia fuera, con los agentes sociales y Bruselas. Buena prueba de ello es el documento de reformas que ha remitido a la Comisión Europea, en el que el Ejecutivo se vuelve a comprometer a reformar la legislación laboral que dejó el PP, como fijaba el acuerdo de gobierno, y, además, se olvida de una reforma de las pensiones que estuvo encima de la mesa el pasado mes de diciembre, aunque el ministro José Luis Escrivá niegue la mayor, se enfade y afirme que nunca existió. La presión de la vicepresidencia segunda y los sindicatos, que han anunciado movilizaciones para febrero, parece haber surtido efecto. Eso sí, el documento sólo describe las líneas maestras, así que quedan todos los detalles por pulir.
Tremendo enfado el de José Luis Escrivá esta semana en Onda Cero, que da cuenta de cómo están los ánimos de algunos en el Gobierno. El ministro de Seguridad Social se quejó de la alusión a su supuesto plan para aumentar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, una medida que, teóricamente, conduciría al recorte de las pensiones. Escrivá hablaba de “desconcierto e incluso decepción” por algo “que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe”.
“En medio de esos cálculos intermedios, alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa de confrontación” que no es real», ha afirmado Escrivá
El ministro ha explicado que todavía no saben “qué van a hacer” porque están “todavía haciendo cálculos para saber cómo responder a lo que les ha pedido el Pacto de Toledo” -que consensuaba un documento de recomendaciones recientemente- debido a que “el marco laboral ha cambiado tanto en los últimos años que hay que hacer un análisis riguroso”. “En medio de esos cálculos intermedios, alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa de confrontación” que no es real. ¿Quién ha puesto en marcha esa “narrativa de confrontación”? Escrivá nada dijo sobre ello. “Léanse el documento del Pacto de Toledo que es muy interesante y ahora déjennos trabajar con los agentes sociales”, ha recomendado.
Lo que no concuerda con la historia relatada por Escrivá es que esa posibilidad estuvo encima de la mesa, en los documentos que manejó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, que reúne a todos los ministerios del área. Por si quedaba alguna duda, El País ha publicado los documentos. La reforma ahora inexistente levantó ampollas en el sector morado del Gobierno, que se estuvo quejando de ello desde entonces, y encontró la oposición frontal de unos sindicatos que no han llegado a recibirla de manera oficial en los contactos que han mantenido con Escrivá y su equipo en Seguridad Social.
Calviño echa el freno
En diciembre se conocían otros dos informes de esos que un día existen y al siguiente nadie recuerda haberlos visto. En ambos se apostaba por dar prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, en la dirección contraria de lo planeado por Trabajo
Lo que también existía, para incomodidad del Ministerio de Trabajo y enfado de los sindicatos –que han convocado movilizaciones para el próximo 11 de febrero- era el retraso sine die de la modificación de la reforma laboral, especialmente en lo relacionado con devolver a la negociación colectiva y a los convenios el estatus que les arrebató la legislación heredada del gobierno de Mariano Rajoy. Eso es lo que recogía el acuerdo de gobierno y en lo que se había ya avanzado el pasado mes de marzo, justo antes del confinamiento. La pandemia congeló la negociación y el Ministerio de Trabajo pretendía retomarla en otoño, pero el reinicio de los contactos se fue aplazando y la tensión fue in crescendo, hasta que hace pocos días quedó clara la posición oficial del gobierno.
La vicepresidenta Calviño, respaldada poco después por el presidente Pedro Sánchez, ponía el foco en el diálogo social: si no había acuerdo entre patronal y sindicatos, el Gobierno se inhibía. Fue lo que sucedió con el SMI -para enfado de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que subrayaba el agravio con pensionistas y empleados públicos, que han visto incrementado su remuneración en un 0,9%- y lo que algunos empezaban a temer que sucediera también con la reforma laboral.
No hay que perder de vista que a principios de diciembre se conocían otros dos informes de esos que un día existen, aunque sólo sea para su estudio, y al siguiente nadie recuerda haberlos visto, como el de las pensiones. Se hacía eco de ellos El País, uno del Ministerio de Economía y otro de la Oficina Económica de Moncloa. En ambos se apostaba por dar prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, exactamente en la dirección contraria de lo planeado por Trabajo y los sindicatos y de lo suscrito en el acuerdo de gobierno, al que siempre se remiten en la vicepresidencia segunda cuando surgen diferencias de este estilo.
CCOO y UGT se plantan
Iglesias cantaba victoria en Twitter: “Plantear un recorte de las pensiones era inaceptable y desleal con el acuerdo de coalición“
Con todo el mundo en guardia, la vicepresidencia de Derechos Sociales relatando su inquietud a los periodistas y con CCOO y UGT transmitiendo al Gobierno que no contaran con ellos si los documentos enviados a Bruselas no dejan margen para negociar, Calviño empieza a frenar. La semana pasada ya sólo quedaban por enviar a Bruselas los documentos relativos a pensiones y mercado laboral. Y tras dos encuentros con los agentes sociales, el viernes 15 y el martes 19, los peores temores de los sindicatos y de la vicepresidencia segunda quedan disipados. Finalmente, los documentos que informan a Bruselas de las reformas que planea el Ejecutivo no cruzan las fronteras del acuerdo de gobierno y, aunque no entra en detalles, se atiene a lo acordado en el Pacto de Toledo, que no incluía la modificación del cómputo de las pensiones de 25 a 35 años.
¿Qué ha sucedido? Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como elemento fundamental que Calviño ha querido marcar terreno frente a Iglesias y, sobre todo, Yolanda Díaz, una figura ascendente en el Ejecutivo tras haber cerrado varios acuerdos de calado con los agentes sociales, regalando, además, algunas buenas fotos a Sánchez para el álbum de su mandato. De ahí habría partido la negativa a elevar el SMI, algo que Calviño nunca ha visto con buenos ojos, porque fiel a la ortodoxia bruselense, considera que puede impactar negativamente en el empleo. El problema, reflexionan estas fuentes, es que se ha topado con la oposición frontal de los sindicatos, a los que se les ha agotado la paciencia. Y Sánchez, en el panorama actual, no puede permitirse tener en contra a los sindicatos, amenazando seriamente la estabilidad del Ejecutivo.
De momento, Iglesias cantaba victoria en Twitter: “Plantear un recorte de las pensiones era inaceptable y desleal con el acuerdo de coalición, que dice claramente que debemos aumentar su poder adquisitivo. Muy satisfecho de que en la propuesta enviada por Moncloa a Bruselas, finalmente, no haya ninguna propuesta de recorte”.
