En unos pocos años, la presencia política y social de CCOO y UGT ha dado un salto de gigante. Favorecidos por el relevo en la Moncloa en 2018, Unai Sordo y Pepe Álvarez han sabido dar un giro de timón a las naves sindicales que zozobraban tras la crisis de 2010 y el descrédito institucional que le siguió y que afectó a partidos y organizaciones. Pero mientras el papel de referencia de los partidos políticos se ha atomizado, los sindicatos han ocupado parte de ese vacío y emergen como las grandes organizaciones sociales de España, tanto por tamaño como por capacidad para generar cuadros y políticas. Desde esta posición, aspiran a dejar su sello en las políticas laborales y de pensiones que está negociando la mesa de diálogo social.
Rozando cada una el millón de afiliados, CCOO y UGT son, con mucha diferencia, las mayores organizaciones de España, muy por delante de unos partidos políticos que, según el CIS, están entre los principales problemas de los españoles. El PSOE, por ejemplo, cuenta con 180.000 militantes. El PP, más lejos, tiene 66.000. Y Podemos e IU suman 20.000 afiliados cada uno. Y eso que a la crisis de 2008, CCOO y UGT llegaron con un tamaño aún mayor, con 1,2 millones de afiliados. Los despidos masivos y el descrédito institucional que siguió a esa crisis, que cristalizó en el 15-M, erosionó seriamente a las dos centrales. Ambas se vieron enredadas en casos de corrupción como los de los ERE, que siguen coleando tanto tiempo después -la justicia acaba de condenar a penas de cárcel a la antigua cúpula de UGT en Asturias, por fraude en las subvenciones recibidas en 2011 y 2012-. Después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy destruyó la negociación colectiva, marginó a los sindicatos y regaló a la patronal una reforma laboral que ampliaba enormemente el margen de acción de los empresarios.
La moción de censura y la llegada de Magdalena Valerio al Ministerio de Trabajo en la primavera de 2018 empezaron a devolverles la oportunidad de intervenir en la vida política. Fue Valerio quien volvió a sentarse con los agentes sociales en la mesa de negociaciones y quien encarriló la contrarreforma laboral. Y el desembarco de Yolanda Díaz ha multiplicado su capacidad de intervención. El diálogo social ha cerrado una decena de acuerdos en los dos últimos años, desde los ERTE, a la última para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones, pasando por las revalorizaciones del SMI, la ‘ley rider’ o la que regula el teletrabajo. En diez de esos acuerdos ha estado también la patronal.
CCOO ‘desplaza’ a UGT en Trabajo

Tradicionalmente, cuando ha habido presidentes socialistas, el Ministerio de Trabajo ha estado poblado por miembros de UGT o, al menos, personas cercanas. Sin embargo, con Díaz a los mandos, la cúpula de Trabajo se ha llenado de personas que, si no tienen el carné de CCOO, han estado en su órbita y han colaborado con él. Es el caso de la propia ministra, pero también del secretario de Estado, que hasta su fichaje dirigía el Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha y era colaborador habitual de la Fundación 1º de Mayo y de la Fundació Cipriano Garcia, las dos vinculadas a CCOO.
En el equipo de la ministra también está, por ejemplo, Manuel Lago, ex portavoz del grupo Común da Esquerda –una de las dos mitades en las que se dividió en Marea- en el Parlamento gallego y economista especializado en relaciones laborales que, entre otras cosas, se ha dedicado a la enseñanza universitaria y ha formado parte del gabinete confederal de CCOO. De hecho, Lago ya trabajó con el padre de Díaz, Suso, cuando éste era secretario general del sindicato en Galicia.
No hace tantos años, Cándido Méndez y José Luis Rodríguez Zapatero hablaban habitualmente. Se consultaban y se entendían muy bien. Ahora, la relación entre Pedro Sánchez y Pepe Álvarez es gélida, con Cataluña y el procés –Álvarez estuvo al frente de esa federación entre 1990 y 2016- como uno de los principales elementos distorsionadores. Álvarez está midiendo mucho más sus declaraciones en los últimos tiempos, pero en el arranque de la legislatura -cuando mantenía un discurso más reivindicativo, insistiendo, por ejemplo, en la derogación completa de la reforma laboral- no gustaron nada sus palabras en las filas socialistas.
Tampoco agradó precisamente que la asamblea que dio el pistoletazo de salida a Más País, de cara a las elecciones de noviembre de 19, se celebrara en la sede de UGT. En esos días, en declaraciones a La Sexta, Pepe Álvarez definía a Iñigo Errejón como representante de “una nueva izquierda que puede ser capaz de canalizar el descontento de la ciudadanía”.
El nuevo ‘contrato social’ que dibujan CCOO y UGT
A pesar de que CCOO y UGT defienden, en esencia, las mismas políticas, han sido Unai Sordo y su equipo los que han llegado más lejos a la hora de hilvanar un discurso político potente, que trata de trascender el papel de representación de los trabajadores. En CCOO ha existido en relevo generacional que no se ha dado en UGT, con un grupo de personas nacidas en los 70 que ha acercado la organización a los nuevos tiempos, con un relato que pone el foco en “la reconstrucción del contrato social que España necesita en el siglo XXI” -como explicaba el propio Sordo en una entrevista concedida recientemente a El Siglo-. Prueba de este liderazgo en el relato por parte de CCOO es que Álvarez ha prescindido hace poco del equipo de comunicación que heredó de Méndez, en un intento de revertir esa tendencia y de dar un nuevo impulso a la presencia pública de UGT.
Tanto Álvarez como Sordo cuentan con liderazgos muy consolidados, refrendados en los congresos que han celebrado recientemente las dos centrales
Sordo desarrolla la idea del nuevo contrato social en una tribuna de opinión publicada en el especial que ha conmemorado el reciente 30º aniversario de El Siglo. Se trata de un contrato que “ponga en el centro al trabajo y las personas trabajadoras, reconstruya el pacto generacional y nos ofrezca seguridad y justicia en el tránsito hacia una economía digital y medioambientalmente sostenible”, en un escenario en el que “décadas de neoliberalismo –que no es solo una doctrina económica, sino antropológica– y pensamiento único empiezan a encontrar resistencias discursivas en focos de poder hasta hace poco blindados a concesiones retóricas sobre la fiscalidad progresiva, el papel del Estado o la necesidad de sindicalizar el mundo del trabajo”. En la misma línea se expresaba Pepe Álvarez, también en el 30 aniversario de esta casa, subrayando que “la etapa de dominio de las propuestas neoliberales llega a su fin”, y se abre otra en la que “combatir la precariedad como fórmula de futuro”. “No dejar a nadie atrás debe ser una realidad, en vez de sólo un eslogan”, concluye Álvarez.
Tanto Álvarez como Sordo cuentan con liderazgos muy consolidados, refrendados en los congresos que han celebrado recientemente las dos centrales. En UGT, Álvarez llegó a la secretaría general en 2016 con sólo el 51% de los apoyos, que han subido hasta el 86% en el cónclave de mayo. Más lejos aún ha llegado Sordo en el XII Congreso Confederal de octubre. Ha sido reelegido como secretario general con el 93% de los votos, un resultado inédito desde los tiempos de Marcelino Camacho.
A la espera de CEOE
En su artículo para ‘El Siglo’, Sordo expresa una duda a la hora de redactar ese nuevo contrato social al que aspiran los sindicatos: el papel que jugará CEOE. “El mayor riesgo es que no exista la contraparte imprescindible para instituir ese nuevo contrato social”, escribe el líder de CCOO, “porque todo contrato se funda en un acuerdo. En un país como el nuestro, compuesto por unas élites económicas y políticas tradicionalmente incapaces de percibir los cambios de época, y en un contexto de polarización que no incentiva el alcanzar acuerdos, el presagio no es optimista”.
A medida que avanza la legislatura, la presión política sobre Antonio Garamendi, tanto dentro como fuera de la patronal, está haciendo efecto y aleja a la patronal de los acuerdos
Una vez cerrada la negociación del primer capítulo de las pensiones, se agota el plazo para cerrar el acuerdo de una de las principales herencias que dejará esta legislatura: el desguace de la reforma laboral del PP. Y los últimos movimientos de la patronal no contribuyen a modificar el pronóstico pesimista de Sordo.
Al principio de la legislatura, en Trabajo y en los sindicatos veían a la CEOE muy predispuesta al diálogo, consciente de que este gobierno llegaba con intención de hacer cambios sustanciales sobre las políticas que se han puesto en marcha en la última década y, por tanto, tocaba estar en los acuerdos para influir, para que esos cambios estuvieran más cercanos a sus intereses. Sin embargo, a medida que avanza la legislatura, la presión política sobre Antonio Garamendi, tanto dentro como fuera de la patronal, está haciendo efecto -sólo hay que recordar la oleada de críticas que recibió Garamendi cuando dejó entrever su posición favorable a los indultos a los líderes independentistas catalanes-. Según la interpretación que hacen en CCOO y UGT, los empresarios están dando pasos para no cerrar más acuerdos en la mesa de diálogo social. Pasó en relación a las pensiones, hace unos días, y está pasando ahora sobre la reforma laboral.
Esta semana, el equipo negociador de CEOE y Cepyme se ha descolgado con una propuesta que, en la práctica, viene a dinamitar todo lo negociado hasta ahora. Entre otras cosas, la patronal se opone a limitar la temporalidad –a cambio de que se fijen las causas por las que se puedan emplear estos contratos- y, además, defienden que se mantenga la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial en algunos casos. De momento, Sordo ha amenazado con protestas “de alto voltaje” si el Gobierno concede derecho de veto a la CEOE.