Luis Carlos Ramírez.
La enésima ruptura del PP para sellar el primer -y único- gran pacto de la legislatura entre Sanchez y Feijoo, aleja aún más la relación entre los dos grandes partidos al tiempo que prolonga la profunda crisis que afecta al poder judicial. La causa del enfrentamiento no es otra que el ‘compromiso personal’ del presidente para ‘desinflamar’ Cataluña y debatir en el Parlamento, más pronto que tarde, la reforma del delito de sedición exigida por ERC y rechazada por el líder de la oposición.
Tras cuatro años de bloqueo con grave deterioro de la institución, Sanchez acusa al presidente del PP de seguir incumpliendo el mandato constitucional para renovar el CGPJ, además de plegarse a los intereses de “la derecha más reaccionaria” por bloquear in extremis un acuerdo cerrado para finiquitar la interinidad del Poder judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Cree el presidente que al líder de la oposición le han ‘temblado las piernas’ por su falta de autonomía política ante la presión interna y de la derecha mediática.
Feijoo aparca sine die la reforma Judicial hasta tener garantías por escrito de no seguir con la modificación del Código Penal.
Feijóo justifica la ‘suspensión’ de las negociaciones ante la constancia de que el Gobierno solo quiere debilitar las intuiciones, pactando con sus socios la reforma del delito de sedición para ‘favorecer al independentismo’. El líder popular aparca sine die la reforma Judicial hasta que el Ejecutivo no aporte garantías “por escrito” de no seguir adelante con la modificación del Código Penal. Aun así, el principal partido de la oposición asegura que las negociaciones ‘no están rotas’, sino paralizadas, por lo que es el ejecutivo el que tienen en su mano retomar el dialogo.
Para que no quede duda, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reitera el compromiso del Gobierno de homologar la legislación penal con Europa, lo que se hará «dentro de la ley y de la Constitución».
Sedición y paquete anti represivo
Pese a la estrategia de ir “paso a paso”, los republicanos dan hasta finales de año para cerrar el acuerdo, rechazando la supuesta falta de mayorías para adaptar el Código Penal. Consideran que sus 13 votos junto a los del resto de formaciones del bloque de la investidura, superaría los 176 apoyos necesarios. Su intención es obviar cualquier «subasta» sobre la reforma Penal y “exigir” incluso un paquete ‘anti represivo” que incluiría la amnistía, Ley Mordaza y reforma del Tribunal de Cuentas. El Govern de Cataluña cree que el bloqueo no afectará a la negociación entre la Generalitat y el Gobierno del Estado.
El Govern da hasta finales de año para cerrar el acuerdo, rechazando la supuesta falta de mayorías en el Parlamento
El ejecutivo baraja un descenso de la pena -sin rebajarla a la mitad, según la ministra Llop– al tiempo que podría reducir los plazos de prescripción. La idea es introducir un subtipo en la actual redacción del delito y atenuar las condenas previstas en caso de que el alzamiento no fuera violento, sino destinado a la celebración de un referéndum pacífico. La pena prevista para el caso del 1-O rondaría los cuatro años. La reforma mantendría la actual redacción para los casos más graves que impliquen el uso de armas: de ocho a 10 años para los principales autores y de 10 a 15 si los acusados fueran personas constituidas en autoridad. Un descenso de la pena disminuiría también los años para perseguir el delito, que pasaría de los 15 en vigor a solo cinco. Tal prescripción facilitaría la vuelta a España de Rovira en 2023. La formación indpeendentista CUP propone, por su parte, suprimir directamente el delito de sedición al considerarlo propio de las ‘dictaduras’.
Beneficiados y otras espadas judiciales
La reducción de penas favorecería a los independistas huidos del ‘procés’, como el ex presidente Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Junqueras y el resto de altos cargos y ex consellers indultados, tendrían un beneficio complementario al recortar su inhabilitación y favorecer su vuelta a la política. Un descenso de la pena disminuiría los años para perseguir el delito de 15 a solo cinco.
Beneficiarios de la medida serian el ex presidente Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, además de Junqueras
Cuestión distinta es la agenda judicial que se presenta al nuevo Govern con tres consejeros imputados por presunta desobediencia, entre ellos Roger Torrent, Natalia Garriga y Meritxel Serret. La titular de Feminismos, Tania Verge, se enfrenta a la repetición de juicio tras su absolución como sindica del referéndum de 2017, tras la orden de las Audiencia de Barcelona. Ítem más, los diputados Josep María Jove y Lluís Salvadó, hombres fuertes del aparato del partido republicano, están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia por su papel en los preparativos del 1-O.
A mayor abundamiento, el fugado Puigdemont tiene prevista la revisión de su recurso contra el Parlamento Europeo por anular su inmunidad, el próximo 25 de noviembre ante el Tribunal General de la UE. La decisión será clave para el futuro del ex president y su ‘exilio’ en Bélgica en su particular derrota de Waterloo en la sigue reclamando la paternidad de la declaracio0n unilateral de Independencia (DUI) y el ofrecimiento de ‘buen trato’ por parte del PSOE, vía reforma del Código Penal, o incluso indulto, a cambio de comparecer ante el Supremo. No obstante, el eurodiputado de JxCat rechaza cualquier ‘beneficio personal’ que puede afectarle.
Un descenso de la pena disminuiría también los años para perseguir el delito, que pasaría de los 15 en vigor a solo cinco
¿Acuerdo ‘irrecuperable?
El enésimo bloqueo popular tras 1400 días de interinidad del CGPJ puede hacer ‘irrecuperable’ el primer -y único- pacto de legislatura del bipartidismo, posponiéndolo más allá de 2023. Junto a la renovación de cargos del Poder Judicial, del Supremo y del Constitucional, limitaría también las puertas giratorias de la Justicia impidiendo que los jueces que entren en política no puedan ejercer hasta dos años después de dejarla. El acuerdo imposibilitaría, además, el salto de la política a la Fiscalía General del Estado como sucedió con la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La prioridad, de momento, está centrada en la renovación del Tribunal Constitucional y la decisión del Gobierno de nombrar a los dos magistrados que le corresponden, junto a los otros dos que les conciernen al propio CGPJ. El Tribunal de garantías confía en salir de una parálisis que mantiene a estos cuatro magistrados con el mandato caducado y podría demorar, todavía más, las sentencias sobre leyes importantes de la legislatura como Educación, Ley de plazos del aborto, Eutanasia e incluso los recursos contra la ley de inmersión lingüística en Cataluña. Su presidente, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares están pendientes de su renovación al haber sobrepasado en junio el mandato. Su relevo permitirá nombrar a un presidente progresista en la figura del vocal Cándido Conde-Pumpido. Otra vacante por cubrir es la del conservador Alfredo Montoya, cuya renuncia por motivos de salud debe realizar el Senado por mayoría de tres quintos.
Cambio de modelo
El preacuerdo Gobierno-PP incluía el registro en el Congreso una proposición de ley conjunta para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y elevar un informe no vinculante en el plazo de seis meses sobre un posible cambio en el modelo de elección de este órgano. El consenso afectaba también a la adopción de decisiones del CGPJ por mayoría de tres quintos, para forzar el acuerdo entre los vocales, así como a la reforma del Estatuto Fiscal en lo referente a la Fiscalía general del Estado.
Por el momento, el ejecutivo nacional tampoco contempla rebajar la mayoría de tres quintos por una mayoría de 176 diputados para renovar el CGPJ, negando también que se mantenga la negociación entre el ministro Bolaños y el vicesecretario general del PP González Pons. A quien si da por acabado el titular de la Presidencia es a Feijoo, al que considera un ‘líder fallido’ cuya caída pronostica: ‘a la tercera será la vencida’.
