El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Mientras una aplastante mayoría de diputados del Congreso rechazaba la moción de censura contra el presidente del Gobierno presentada por Vox, otra también llamativa mayoría del Tribunal Constitucional, incluyendo varios miembros del bloque conservador, votaba contra el recurso que el partido de ultraderecha presentó hace dos años contra la Ley de Eutanasia. Al día siguiente, el Alto Tribunal también rechazaba avalar su recurso contra la parte de la ‘Ley Celaá’ que expulsa de las ayudas públicas a los centros educativos que segregan a sus alumnos por sexo.
En una misma semana los de Vox recibían nítidos mensajes de que el país que pretenden choca frontalmente con el que la representación parlamentaria votada por sus ciudadanos y el referendo judicial de sus leyes construyen y desean. No les harán desistir, estoy segura, pero, al menos, estas consecutivas derrotas me reconcilian con el sistema político e institucional que nos protege, pese a todas sus limitaciones.
El Constitucional rechaza el recurso de Vox y avala que la Ley de Eutanasia «garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida» . También el PP, que se ha abstenido en la moción de censura e intenta distanciarse de los de Abascal, presentó recurso contra esta ley.
El circo de la moción, con el nonagenario candidato que sólo pretendía ser escuchado en una irrelevante, nostálgica y desfasada conferencia, se ha saldado sin sorpresa alguna: vacuidad, insolvencia y, lo peor de todo, deliberado destrozo de las instituciones. Para la historia quedarán frases del profesor Tamames como que ahora «hay más violaciones que antes de esta oleada feminista» o que, para mujeres, «ya tenemos a Isabel la Católica». Todo una demostración de que el pretendido candidato a presidente pisa firme en la realidad de la España actual. El portazo de la votación parlamentaria a semejante retorno al pasado sólo quedó empeñado por la abstención del principal partido de la oposición, que no quiso despegarse lo suficiente de su virtual socio futuro, pese a quedar señalado como cómplice de tamaño disparate.
Tras el bochorno, en el que los de Abascal parecen regocijarse siempre que el sistema y sus instituciones salgan perjudicados, llegó el carpetazo judicial a sus intentos de socavar los derechos que la mayoría social y política del país viene instalando en nuestra legislación en los últimos años. La Ley de Eutanasia, que aprobó en 2021 el Congreso con los únicos votos en contra de Vox y PP, quedaba este miércoles declarada plenamente constitucional por nuestro Tribunal de garantías por una contundente mayoría de seis votos contra dos. La sentencia avala que la ley «garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida, a la que dispensa un grado de protección que no es insuficiente». Reconforta leer dictámenes como éste, que también señala que la protección de la vida humana no puede oponerse “a la voluntad libre y consciente de su titular”, cuando la derecha judicial lleva toda la legislatura luchando, sin pudor alguno, contra las legítimas decisiones del actual Gobierno de coalición.
También esta semana el mismo Tribunal ha rechazado la ponencia de uno de sus miembros que daba la razón a Vox en su recurso contra la principal ley educativa del presidente Sánchez, la LOMLOE) conocida como ‘Ley Celáa’, en la parte que excluye de los conciertos con fondos públicos a los centros que separan a niños y niñas en las aulas. Para confirmar la decisión ha encargado otro informe que avale en su totalidad la norma. No parece, pues, haber sido ésta la mejor semana para Santiago Abascal, pese a su puntual protagonismo en el hemiciclo del Congreso.
Con todo, no olvidemos algo aún más relevante de este balance semanal: el PP de Alberto Núñez Feijóo, que se ha abstenido en la moción y que no ha querido aparecer en el Congreso durante el debate para, según ha dicho, no participar del «esperpento», también presentó en su momento sendos recursos ante el Constitucional contra la Ley de Eutanasia y contra la ‘Ley Celaá’, al igual que Vox. Como ya lo hizo también contra la ley del divorcio de 1981, contra la del matrimonio homosexual de 2005 o contra la del aborto de 2010. Conviene tenerlo en cuenta ahora que los de Génova querrán mostrarse a distancia de los de Abascal de cara a la campaña del 28-M. Isabel Díaz Ayuso, a la que siempre gusta ir por delante en todo, ya «ha roto» con Vox. Justo en el último pleno de la Asamblea de Madrid antes de las elecciones, a partir del que ya no necesitará sus votos para ley alguna, les ha espetado: «cada uno que siga su camino».
Periodista y directora de ‘El Siglo’ desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas ‘Cambio 16’ y ‘El Nuevo Lunes’ y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid
