Alba del Prado.
La subida del 46 % en cinco años del Salario Mínimo Interprofesional cierra un círculo de protección a las clases medias y trabajadoras iniciado por el Gobierno de coalición durante la pandemia con los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la línea de créditos ICO para asegurar la liquidez de empresas y autónomos. La revalorización de las pensiones según el IPC completa una revisión al alza del Estado del Bienestar que tendrá un fuerte coste político para futuros gobiernos que quieran revertirlo.
Pedro Sánchez, del primer gobierno de coalición de la democracia, será quien -a la postre- quede como el presidente que más desarrollo y mayor esfuerzo de defensa social ha promovido en este país desde la Transición. El que parecía llamado a ser un gobierno efímero, rehén de todos “los males de la izquierda”, ha acabado por convertirse en uno de los gobiernos que mayores consensos ha conseguido en el Parlamento para la construcción de un escudo social que, por concepto, y porque políticamente será difícil revertir por futuros gobiernos, podría quedar instalado en la normativa española. Las críticas de la derecha no faltan para, prácticamente, ninguna de esas medidas aunque su derogación sería realmente mal vista por el electorado.
Ahora, el gobierno de coalición afronta la recta final de la legislatura en un ambiente ciertamente enrarecido en sus propias filas por los vientos electorales locales y regionales del próximo mes de mayo y la llamada a las urnas para renovar el Parlamento a final de año.
La subida del 46% en cinco años del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cierra un círculo de protección a las clases medias y trabajadoras iniciado durante la pandemia con los ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo, básicamente prohibió los despidos en pandemia), seguido de la instauración del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el lanzamiento de la línea de créditos ICO para asegurar la liquidez de las empresas, la nueva cotización para los autónomos o la subida de las pensiones, entre otros.
Cierto que más en contra no se le podía presentar el panorama al primer gobierno de coalición de nuestra historia moderna cuando, al poco de asumir el poder, debe enfrentarse a la mayor pandemia que se recuerda y que provocó el cierre de las fronteras a nivel planetario. Una crisis sanitaria, la del Covid, que provocó una crisis económica tan profunda como la financiera e inmobiliaria de 2007 a 2013 e, incluso, la erupción del volcán en la isla de La Palma.
La diferencia de políticas ha sido evidente. Si la quiebra de los bancos y el derrumbe del ‘ladrillo’ (gestionadas por el gobierno del PP) dio como resultado la depauperación (¿desaparición?) de las clases medias españolas, miles de desahuciados, un plan de rescate europeo en la sombra y el desembolso de 60.000 millones de euros para el reflotamiento de las cajas de ahorro y su posterior ‘endose’ a la banca comercial, la crisis del Covid se ha resuelto de otro modo.
La subida del 46% en cinco años del Salario Mínimo cierra un círculo de protección a las clases medias y trabajadoras iniciado durante la pandemia con los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la línea de créditos ICO para asegurar la liquidez de empresas y autónomos
En octubre pasado, la vicepresidenta primera y ministra de, Economía, Nadia Calviño resumía en una sonada respuesta a las críticas ultraderechistas el bloque de medidas en defensa de los ciudadanos: “Yo creo que usted debe revisar a sus amigos -decía Calviño- porque eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo, que no conoce a ningún joven que haya conseguido su primer empleo estable gracias a la reforma laboral, que no conoce a nadie que se beneficie de las becas…” mientras recordaba a los colectivos más beneficiados por los ERTE, del ingreso mínimo vital o la gratuidad de los abonos de transporte (al 50% en 2022).
Si la situación post-Civid fuera poco, la megalomanía ultranacionalista del dirigente ruso Vladimir Putin acabó por explotar con la invasión de Ucrania, un vecino incómodo que mira con buenos ojos (demasiados para el gusto de Putin) los ‘guiños’ de la Unión Europea y la OTAN. La guerra que ha provocado esa invasión ha desatado toda una panoplia de respuestas y boicots de los países occidentales que ha acabado por convertir la energía (petróleo y gas) en un arma de guerra económica contra la UE, su principal cliente.
Eso generó una nueva crisis, la energética que, a su vez, acabó por machacar la respuesta a la reapertura de las fronteras tras el Covid y ha desatado una carrera inflacionista que ha debilitado aun más a las ya ‘tocadas’ clases medias y trabajadoras.
En ese contexto, el gobierno de coalición PSOE-Podemos (+Sumar) ha desplegado un escudo de protección social como nunca se había conocido. Además, España está sabiendo aprovechar los fondos de recuperación europeos (los famosos NextGenerationUE) para darle una vuelta de tuerca a su modelo económico con la primera política industrial y de estrategia económica que se conoce en décadas. El norte se pone ahora en lograr un cambio de modelo energético (impulso de las renovables, hidrógeno verde…), una reducción de emisiones generalizada y el giro productivo hacia una industria del automóvil — en la que España es una auténtica potencia— eléctrico, la producción de baterías e, incluso, la producción de chips… aunque esto va más lento.
Escudo social
Según la página web del Senado la Legislatura XIV lleva cien leyes aprobadas aunque otros cálculos cifran en 192 las iniciativas legislativas aprobadas con los objetivos de “ampliar derechos y proteger a familias y empresas”.
La última de las medidas, al hilo de los esfuerzos para paliar los efectos de la inflación, ha sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el 8% hasta 1.080 euros mensuales, con lo que se acerca al 60% del sueldo medio en España, que era el compromiso del Ejecutivo. El acuerdo, sin embargo, solo ha sido entre el Gobierno y los sindicatos. La patronal CEOE, que rubricó la Reforma Laboral ni siquiera se presentó a la negociación del nuevo SMI.
“El salario mínimo —decía la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz— es la herramienta más eficaz contra la pobreza salarial y la mejor herramienta para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres”. Según sus cálculos, la brecha salarial entre sexos se reduce el 3,7% y mejora la calidad del empleo joven. Con ello, España se convierte en el país que más ha subido el SMI entre las grandes economías de la UE.
El gobierno de coalición ha desplegado un escudo de protección social nunca antes conocido. España, además, está sabiendo aprovechar los fondos de recuperación europeos para darle la vuelta a su modelo económico con la primera política industrial en décadas
Díaz, una de las más valoradas del Ejecutivo y, desde luego, una de sus estrellas políticas, conseguía su segunda gran reforma estructural en beneficio de 2,5 millones de trabajadores. Porque, con ella, el gobierno Sánchez ha aprobado en los últimos cinco años una subida histórica del 46% del SMI que ha pasado de los 736 euros en 2018 a los 1.080 euros al mes. La mayor de las grandes economías europeas. Antes, la creadora de la plataforma Sumar había logrado sentar y poner de acuerdo a patronal y sindicatos para una reforma laboral que ha acabado con miles de contratos temporales.
Además de miles de muertes, la pandemia tensión el sistema sanitario hasta niveles nunca vistos pero, además del reconocimiento a la labor de los sanitarios, supuso la puesta en marcha por el Gobierno de medidas como las prestaciones de incapacidad temporal por Coronavirus, el establecimiento e prestaciones extraordinarias procese de actividad para los trabajadores autónomos, la adopción de medidas excepcionales de cotización por suspensión de contratos y reducción de jornada y de medidas (también excepcionales) por flexibilización del horario y reducción de la jornada. En términos del día a día, el Covid sirvió para que trabajadores y empresarios aprendieran las ventajas del teletrabajo y la necesidad de conciliación.
El paquete de medidas contra los efectos del Covid incluía la suspensión, hasta el hasta el 30 de junio de este año, de los desahucios, los “lanzamientos”, y la adopción de medidas de compensación a los arrendadores; además de regular diversas protecciones a colectivos que, por su vulnerabilidad, puedan ser objeto de desahucio. Ahora está en plena discusión el establecimiento de límites a los alquileres, el nuevo desarrollo de vivienda social destinada a alquiler o, ya en el ámbito autonómico, la limitación de los pisos vacacionales para evitar la especulación residencial, como ha hecho el gobierno balear.
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 supuso un aldabonazo a los planes preelectorales del Ejecutivo. Sobre todo, infundió ánimos tras el fracaso de los bloques que forman la coalición en las elecciones andaluzas y con desventaja en las encuestas.
El acelerón normativo que se espera para antes de las elecciones será, según fuentes políticas, la palanca para recuperar terreno en el ámbito autonómico y local y, sobre todo, para repetir mandato en el gobierno central. En caso contrario, la continuidad del escudo social desplegado por socialistas y polemizas está más que entredicho.
