P.P.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han reunido este jueves en una cumbre en Bruselas en la que se han abordado dos temas de especial preocupación. Por un lado, el desgaste de la situación democrática de Polonia y Hungría, ante lo que líderes como Angela Merkel son partidarios del diálogo, mientras que otros como Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo (Benelux) prefieren que comiencen los trámites para bloquear los fondos en caso de que continúen las violaciones al Estado. Por otro lado, se tratará la subida de los precios en el mercado energético, aspecto que está frenando la recuperación económica de la crisis dejada por la pandemia del Covid-19.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha citado a primera hora del jueves con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para debatir acerca del incremento de los precios en la energía. Esta cuestión ha sido llevada a la cumbre gracias a la insistencia de algunos países, en especial de España. Sánchez aboga por que los líderes europeos debatan medidas de mayor ambición como una plataforma para la adquisición conjunta de gas o un repaso al sistema energético para lograr que la fijación de precios del gas baje.
Por otro lado, el Parlamento europeo se ha cansado de esperar que la Comisión tome medidas decididas contra Hugría y Polonia tras meses de constantes amenazas verbales entre Von der Leyen, el Primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el Primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. En caso de que la alemana no intervenga, el presidente de la Cámara, David Sassoli, con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, ha anunciado que llevará a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE. El reglamento de los Next Generation EU posibilitaría la interrupción de los flujos económicos a países que no administren correctamente los recursos presupuestarios proporcionados por la UE, requisito que para el Parlamento Europeo no cumplen ni Polonia ni Hungría, como consecuencia de las persistentes ofensivas que tanto un país como otro han ejecutado contra la independencia judicial.
Ahora Von der Leyen se encuentra en una encrucijada en la que tendrá que decidir entre dos caminos. O bien respetar el pacto acordado en diciembre con Orbán y Morawiecki, por el que se les aseguró la paralización del mecanismo hasta que el tribunal europeo se manifestase, o bien, dar la razón al europarlamento, que cree que la Comisión debe salvaguardar el acatamiento del reglamento comunitario y los tratados por encima de cualquier otro compromiso. Lo que acuerden finalmente los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que tiene lugar este fin de semana será también decisivo para las decisiones que pueda tomar Bruselas frente a los gobiernos húngaro y polaco así como sobre la escalada de los precios de la energía que amenazan la recuperación económica de toda la Unión.
