Hungría y Polonia han abierto una crisis en la UE al negarse a ratificar el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años y el nuevo techo de recursos propios de la Unión, que permite a la Comisión Europea acudir a los mercados financieros para emitir la deuda con la que financiará el plan anti-Covid. La única razón es que se oponen al mecanismo que han aprobado el resto de socios comunitarios y que permitirá suspender el desembolso de ayudas europeas a aquellos países que han violado los principios fundamentales del Estado de derecho.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, y su homólogo polaco, Mareusz Morawiecki, consideran que este sistema es contrario a los propios Tratados de la UE porque no ofrece las garantías jurídicas básicas. Consideran, en particular, que el análisis se basará en cuestiones «ideológicas» y «arbitrarias» y no tratará de la misma forma a todos los Estados miembros. Sin embargo, el acuerdo sobre la condicionalidad ya recoge un delicado equilibrio entre las sensibilidades de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, cuyos jefes de filas han advertido de que no harán más «concesiones» al respecto.
