Alba del Prado
Salvo los más interesados pocos recuerdan, a estas alturas de mes, qué ocurría entre los dos socios del Gobierno con la ley del ‘solo sí es sí’ hace apenas dos semanas. La agenda política de quien mejor sabe que la clave de una legislatura no es cómo empieza sino cómo termina ha puesto sobre la mesa un asunto más comprensible, más cercano al elector o a sus hijos, o a sus hermanos… La vivienda ha entrado en campaña por la puerta grande. Cuando se esperaba que la nueva Ley de Vivienda se convirtiera en el ‘velo’ que tapara diferencias intergubernamentales por normas anteriores, resulta que la nueva norma y la estrategia política desarrollada por el bloque socialista del gobierno la convierten en una de las leyes clave para la Moncloa. Pero no son los únicos. Todas las formaciones parlamentarias hacen bandera de su interés por un problema cada vez más acuciante.
Aunque Podemos lleva meses de presiones y recordatorios -la ley lleva un año bloqueada en el Congreso- para no cerrar su primera etapa en el Ejecutivo sin aprobarla, el PSOE de Pedro Sánchez parece querer ganarle por la mano la iniciativa en este asunto. La hiperactividad del presidente del Gobierno en torno a la vivienda le ha devuelto el foco en un problema que afecta a todos y que, desde el punto de vista electoral, puede reportarle caros beneficios.
Eso no se le escapa a ninguna formación del arco parlamentario. Hasta el Partido Popular ha entrado, sin dudarlo, en el ‘y yo más’ de las precampañas. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo propone la concesión de avales por hasta el 15% del valor de la vivienda para jóvenes de hasta 35 años cuyos ingresos no superen los 40.000 euros anuales. Previamente, el expresidente de la Xunta de Galicia Feijóo rechazaba la intervención de los precios que incluye la futura ley: “Suena bien pero funciona mal y, al final, lo que hace es subir los precios, disminuir el número de viviendas [disponibles] y agravar el problema de la vivienda”. Con su ya proverbial ‘ligereza de adjetivos’ Feijóo calificó de ”fantasmada” la ley de vivienda de Sánchez para, a continuación, proponer un pacto de Estado para abaratar la vivienda.
El presidente del Gobierno quiere sacarle el jugo a la iniciativa y convertirla en una herramienta política de ‘gestión’ de sus alianzas parlamentarias
La estrategia de Pedro Sánchez se ha plasmado, además, de en la aprobación de la ley, en el anuncio de un programa para construir, en total más de 160.000 viviendas. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE quiere sacarle el jugo completo a esta iniciativa y convertirla en una herramienta política de ‘gestión’ de sus alianzas parlamentarias. Tanto es así que el desbloqueo parlamentario de la norma se produce tras meses de negociación entre el Ministerio de Transportes, con su titular al frente, Raquel Sánchez, y los portavoces parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pilar Valluguera, y el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute. El buen entendimiento entre los dos grupos parlamentarios y el gobierno ha sido reconocido por el Ejecutivo que ha cedido el protagonismo en el anuncio de los detalles de la nueva ley. ERC y Bildu fueron quienes anunciaron el límite del 3% a la subida de los alquileres (clave durante la última fase de la negociación parlamentaria) para 2024; mientras en el año en curso se mantiene el límite de aumento en toda España del 2%. Para 2025 se creará un nuevo índice que se pretende que sea más estable e inferior a la evolución del IPC y que limite los aumentos anuales de las rentas.
Otro de los apoyos que han sido esenciales para el Gobierno de Sánchez, el PNV, no se ha mostrado tan satisfecho. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, mostró su malestar con el Gobierno tras el protagonismo cedido por el PSOE en este asunto a su principal adversario territorial, EH Bildu.
Esteban aseguró que el acuerdo centre los socialistas y los nacionalistas de izquierdas catalanes y vascos es fruto de “urgencias electorales”. Sobre la nueva ley el portavoz del PNV dijo que es una invasión competencial hacia las comunidades autónomas, además de un “galimatías jurídico”. Según el PNV: “El Estado te controla y te fija los límites pero eres tú el que tiene que aplicarlo. No nos dan dinero pero sí nos condicionan la política. Eso no puede ser”.
Desahucios más controlados
La nueva Ley redefine el concepto de “gran tenedor” inmobiliario que baja de diez a cinco inmuebles, con lo que incluirá a muchos más propietarios. Al mismo tiempo, los desahucios serán más difíciles con exigencias de mayor transparencia al juzgado que los autorice ya que , entre otras novedades, “se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada”, algo que facilita la movilización de los grupos que se dedican a intentar frenarlos.
También se garantiza por ley que los gastos de la inmobiliaria los pagará el propietario, y no el inquilino. Además, se amplía la declaración de zona tensionada: se podrá hacer cuando el alquiler suponga más del 30% de la renta familiar. “Eso puede hacer que prácticamente todo el País Vasco sea declarado zona tensionada, porque en Euskadi estamos en el 30.26%”, ha resumido Matute.
El objetivo es enviar por vía de urgencia la Ley al Senado para que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo
Primero, la tramitación de la nueva Ley se hace por la vía de urgencia y su aprobación se vota en la Comisión de Transportes y Movilidad Urbana del Congreso. El objetivo es enviarla a continuación, por la vía de urgencia, al Senado y que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.
Sánchez no solo refuerza la posición del PSOE en un ámbito hasta ahora poco atendido. Además, le da ‘munición’ electoral a sus candidatos a alcalde y a las presidencias autonómicas que se elegirán a finales del mes próximo. Y, de paso, toma las riendas en la comunicación de un problema crucial para las familias y los jóvenes.
El acceso a la vivienda se ha agravado enormemente con la subida de los tipos de interés que, por un lado, ha encarecido las hipotecas y, por otro, dificulta el acceso al crédito para las clases medias y, especialmente, los jóvenes. Un segmento poblacional que asiste también al ‘calentamiento’ del mercado de alquiler que aprovecha la circunstancia para subir precios. De hecho, el propio Banco de España reconoce recientemente la incapacidad del sector inmobiliario español para responder a la demanda de vivienda actual. Por si fuera poco, la inflación hace que la renta disponible de las familias se haya reducido; eso dificulta el pago de unas cuotas hipotecarias al alza o, para quienes no tienen vivienda en propiedad, la concesión de un crédito para adquirirla.
Hay que tener en cuenta que España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) donde hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado se ha encarecido el 45% entre 2014 y 2021.
Buscar el ‘nido propio’ se ha vuelto, pues, mucho más difícil.
Ampliar el campo
Con ese panorama económico de fondo, la estrategia de Pedro Sánchez busca ampliar el campo de acción política y presentar en apenas unas semanas y, especialmente, ante las elecciones generales de final de año, una política de vivienda cuyos primeros frutos puedan ser apreciados por el electorado.
Tras la convención municipal de Valencia los socialistas van a por todas. Por ello, para el PSOE no basta solo con la nueva Ley de Vivienda, quieren presentar a sus votantes acciones concretas de gestión política. Eso les ha llevado a una especie de carrera por ampliar los objetivos (y las cifras) de viviendas a desarrollar en un plazo que ninguno de los responsables del proyecto han querido (o podido) concretar.
Sánchez, primero, anunció un plan para subir el porcentaje de vivienda pública en España del 3% actual (la media de la Unión Europea está en el 9% ahora) hasta el 20%. Tal como salió del Consejo de Ministros del pasado martes, “se trata de movilizar 50.000 viviendas a precio asequible para jóvenes y familias. “Si aumentamos la oferta, no con más vivienda libre, como dice el PP, sino con oferta de vivienda pública, amortigüaremos los precios”, dijo el presidente y secretario general del PSOE.
La Sareb tenía a finales de 2022 unas 67.000 viviendas, aunque solo 47.000 se consideraban comercializables. De ellas, 21.000 serán puestas a disposición de municipios y Comunidades autónomas y otras 15.000 se construirán en suelos propiedad de la entidad que absorbió (en 2012) todo el ‘ladrillo’ de las cajas de ahorro que fueron reflejadas en la pasada crisis financiera.
Socios, pero menos
Sánchez y el PSOE han sabido quitar la iniciativa política sobre vivienda a sus socios de Gobierno. La propia Podemos proponía hace apenas unos meses una de las medidas estrella anunciadas por Sánchez: que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) dedique su parque de viviendas a alquiler social.
Sin embargo, la idea se la ha quedado el PSOE y la ha puesto en marcha. Según el presidente del Gobierno, el 70% de la desigualdad en España tiene su origen en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, pese a tratarse de un derecho constitucional. De hecho, Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, considera que la medida de pasar a alquiler social las 50.000 viviendas del ‘banco malo’ se queda corta y reclama la autoría del proyecto. “El presidente Sánchez anunciaba algo que llevamos reclamando desde el principio de la legislatura. Una muy buena noticia que ojalá hubiera llegado antes. Pensamos que no sólo estas, sino todas las viviendas de la Sareb deberían formar parte del parque público. Queda mucho por hacer”, aseguraba con la intención de marcar distancias con el PSOE.
Ione Belarra, líder de Podemos, cree que la medida de pasar a alquiler social las 50.000 viviendas del ‘banco malo’, propuesta por su formación hace meses, se queda corta
La líder de Podemos añadió: “Llevamos mucho tiempo reclamando una obviedad, que todas las viviendas de la SAREB deben estar a disposición del parque público de vivienda en alquiler de las CCAA” y desear que “ojalá avanzáramos más rápido, pero esta es la forma de revalidar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno”.
Los socialistas han encontrado, también en el asunto de la vivienda, un buen refuerzo en la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La promotora de la plataforma Sumar ha aprovechado la situación para marcar diferencias con los morados. Díaz señaló su “satisfacción” por la “política útil” que considera que se logra con la ley de vivienda. “Por fin hoy nuestro país tiene una ley de vivienda, es un día muy importante”, dijo. “Es vital que podamos decir que tenemos una ley que permita regular los precios de los alquileres”, aunque reconoció que aún “quedan muchas cosas pendientes por hacer” en materia de vivienda, uno de los grandes problemas de España junto con “el paro”.
