El Acento/ Inmaculada Sánchez
La sangría naranja en que ha derivado la fallida moción de censura de Murcia amenaza con complicar aún más la ya difícil aritmética de nuestro escenario parlamentario y la deseada estabilidad política que tanto necesita la España postpandemia. Acabamos la semana con un diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, abandonando el partido pero conservando su escaño, con el que se marcha al grupo Mixto; con otra diputada naranja, Marta Marín, que deja partido y escaño; y con otros dos senadores, Ruth Goñi y Emilio Agüero, que renuncian a Cs pero mantienen su actas y dejan a la formación de Inés Arrimadas sin grupo propio en la Cámara Alta. Por no citar a los diputados autonómicos rebeldes de Murcia o las deserciones de Toni Cantó o Fran Hervías. No es descartable que el goteo continúe y cuando lean estas líneas se hayan sumado más casos.
El partido fundado por Albert Rivera ya nació como una amalgama de muy variadas convicciones, esas que a determinados politólogos y analistas les gusta señalar como el centro político, pero que otros critican como meros disfraces de la derecha de siempre, apenas decorada con aires más suaves o modernos. Cuando Rivera se hizo la ‘foto de Colón’ con Casado y Abascal despejó la incógnita dando la razón a los segundos e iniciando el camino a la perdición para su proyecto, tal como acertadamente lo describe Virginia Miranda en esta revista esta misma semana.
Bajo el paraguas del ministerio de Política Territorial dormita una Comisión de Seguimiento para el pacto antitransfuguismo suscrito en1998 y actualizado y renovado en noviembre pasado, con el que se pretende impedir que quien abandona las siglas por las que fue elegido pueda «seguir ejerciendo los derechos políticos atribuidos a su grupo». Pero para aplicarlo hay que cambiar reglamentos y leyes, y hay que querer hacerlo.
Pero lo sustancial, y más grave, para los ciudadanos que votamos no es que un partido político sucumba víctima de sus propios errores y la desafección de sus electores, sino que, mientras se prolongue su agonía, los cargos públicos que llegaron con sus votos, mercadeen con ellos como si fuesen sus propietarios. El problema añadido es que Ciudadanos se asoma a esta desbandada desde una presencia institucional mucho más fuerte de la esperada para un partido zombi. La UPyD de Rosa Díez, por ejemplo, falleció sin grandes estertores porque apenas tenía cargos públicos y la eutanasia aplicada en su momento no sometió a dolor alguno a las instituciones.
Ciudadanos, por el contrario, forma parte de varios gobiernos autonómicos y de no pocos ayuntamientos del país y conserva una presencia significativa en el Congreso y el Senado. Su pausada desintegración podría arrastrar a una indeseada convulsión a las instituciones públicas a las que llegó con los votos de muchos españoles, tal como ya ha ocurrido en los gobiernos de Murcia y Madrid, y, por extensión. hasta en el Gobierno de la nación.
Mociones de censura y cambios de estrategia o de posición son legítimas herramientas del ajedrez político, tal como vamos acostumbrándonos a presenciar desde que el bipartidimo voló por los aires tras el 15-M (del que, por cierto, se cumplen 10 años este próximo mayo). Lo que no deberíamos permitir es que el transfuguismo y el tráfico de escaños pervierta el sistema y el reparto de poder que salió de las urnas.
Menos aún si resulta que bajo el paraguas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública dormita una Comisión de Seguimiento que el pasado noviembre, en pleno tiempo de pandemia, actualizó y votó la renovación de un pacto antitransfuguismo entre los principales partidos políticos que existe, nada menos, que desde 1998. El pacto de ese año, primero de nuestra historia política, aludía sólo al ámbito local. Sucesivas renovaciones y ampliaciones del mismo se han votado y suscrito en el año 2000 y el 2006. Desde entonces hasta 2020 poco se había hecho al respecto pero, leído el desapercibido acuerdo suscrito en noviembre pasado por la Comisión que preside el titular del ministerio de Administraciones Públicas (en aquel momento la hoy ministra de Sanidad, Carolina Darias), arroja todo un arsenal defensivo contra los tránsfugas que, de hacerse efectivo, podría, por ejemplo, haber evitado el fracaso de la moción de censura de Murcia y sus ulteriores consecuencias.
Leamos. El ‘Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las instituciones democráticas’, tal como se llama el pacto aprobado el 11 de noviembre de 2020, acuerda ampliar los efectos del municipal «al ámbito estatal y autonómico». Además, para evitar malentendidos, define al tránsfuga, concepto fácilmente manipulable por quien lo ejerce: «Se entiende por tránsfuga a quien (…) traicionando al sujeto político (partidos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes». Más claro, agua. ¿Acaso este infamante calificativo no puede atribuirse a los diputados autonómicos murcianos de Cs, o a sus diputados y senadores de Madrid que acaban de dar el portazo?
Sigamos. El detallado y exhaustivo pacto (11 folios a disposición de cualquier interesado en la web del citado ministerio), señala que este tránsfuga ya definido «no podrá ejercer los derechos políticos atribuidos a su grupo político» ni en sesiones plenarias, ni en comisiones, y el grupo político perjudicado, o disminuido en su composición, como ahora le ha ocurrido a Ciudadanos en Congreso y Senado, «no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad».
El espíritu de estos acuerdos radica en que se considera que el partido víctima de tránsfugas en sus filas debe mantener los derechos «correspondientes a su resultado electoral», poniendo por delante la voluntad popular, expresada mediante el voto a una opción o papeleta electoral, de la del cargo como individuo elegido. El problema es que, conocedores los partidos de las sentencias del Tribunal Constitucional que confirman la inviolabilidad del cargo electo, instan a que, manteniendo los derechos mínimos constitucionales del mismo, esto es, poco más que votar, se le limite su capacidad de actuación mediante las reformas legales y reglamentarias necesarias en los órganos de representación estatal, autonómica o local. Y aún más. El último párrafo del acuerdo señala textualmente:» La Comisión de Seguimiento se reunirá de forma extraordinaria si tuviera conocimiento de la presentación de una moción de censura en la que concurriese supuesto de transfuguismo, para actuar de manera urgente e impedir la consumación de los efectos del transfuguismo». ¿Alguien sabe si alguien intentó, siquiera, convocarla al conocerse el terremoto murciano?.
Total, que 11 folios muy bien armados y escritos, firmados por PSOE, PP, Podemos, IU, Cs, ERC, PNV, BNG, Partido Aragonés, UPN, Foro Asturias, PRC y Agrupación Socialista de la Gomera (¿falta Vox, no?), parecen no tener fuerza suficiente para frenar el tsunami provocado por las deserciones de los cargos de Ciudadanos. Para la batalla contra el transfuguismo, pues, existen armas, pero hay que tener voluntad de usarlas.
Periodista y directora de El Siglo desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas Cambio 16 y El Nuevo Lunes y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid.
