J.Q.
El pasado lunes el Ejecutivo ordenó la reanudación de los trabajos de exhumación que las familias de 118 víctimas de la Guerra Civil enterradas en el recientemente renombrado Valle de Cuelgamuros habían solicitado. Tras los recursos presentados por el Ayuntamiento de El Escorial en el juzgado nº10 de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantó el pasado mes de julio las medidas cautelares que este juzgado había presentado a consecuencia de los mismos. La alcaldesa popular que orquestó los diversos recursos, Carlota López Esteban, ha sido ahora imputada por la paralización de los trabajos a raíz de una querella presentada por las familias de las víctimas inhumadas en el Valle.
Los trabajos, que dirige Patrimonio Nacional, están financiados con 650.000 euros procedentes del Ministerio de Memoria Democrática, el cual asegura que el plan de exhumación tiene el visto bueno del Consejo Médico Forense. Asimismo, desde el Gobierno son prudentes y no quieren generar falsas expectativas a los familiares de las víctimas “dada la complejidad de los trabajos, derivada del estado de los enterramientos”. El ministerio, no obstante, confía en un equipo forense “de alta cualificación y experiencia”. Los restos mortales que puedan ser identificados serán devueltos a sus familias, mientras que los cadáveres cuya identidad sea imposible discernir serán devueltos a sus nichos.
