J. Q.
El pasado domingo miles de fieles de Jair Bolsonaro irrumpieron a la fuerza en las instituciones democráticas del país. El Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo fueron tomados por unos manifestantes que exigían un golpe militar que derrocase el gobierno de Lula da Silva. Los bolsonaristas llevaban semanas acampados después de que Bolsonaro se fuera al extranjero sin reconocer la victoria de Lula. El ex presidente, por otro lado, se encuentra hospitalizado en Florida a causa de un “bloqueo intestinal”. Ya ha anunciado que adelantará su regreso a Brasil.
Los asaltantes vandalizaron durante horas las sedes hasta que las autoridades retomaron el control. El presidente Lula anunció horas después la intervención de la seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero. Las autoridades desmontaron el campamento de los asaltantes a raíz de una orden de la Corte Suprema. Más de 1.000 personas fueron detenidas durante el desalojo, que se suman a las 300 detenciones que se dieron durante el asalto.
Bolsonaro condenó tímidamente desde su habitación de hospital lo ocurrido. “Las invasiones escapan a la regla”, declaró el ultraderechista. No obstante, sí que ha apoyado toda manifestación legal en contra del gobierno de Lula. El presidente, por su parte, ha dejado claro que investigará quién financió a los grupos de asaltantes. «No es posible que un movimiento dure tanto como lo hizo frente a los cuarteles si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió”, sentenció Lula.
Pese al desalojo de los ultraderechistas, la tensión continúa en Brasil tras la convocatoria de nuevas movilizaciones contra el Ejecutivo.
