Andrés Romero.
El nuevo curso parlamentario se abre marcado por las tres campañas electorales que se celebrarán este año y el consabido aumento de la tensión política entre partidos. Una tensión que, en el caso de la coalición de gobierno, puede subir la temperatura más de lo habitual habida cuenta de las diferencias de criterio expresadas desde PSOE y Unidas Podemos ante las grandes iniciativas legislativas que siguen pendientes.
Mientras en el Congreso de los Diputados se espera que el nuevo periodo de sesiones se reinicie oficialmente el próximo 1 de febrero -al margen del pleno extraordinario del próximo 24 con la comparecencia solicitada por el presidente Sánchez para dar cuenta de la situación económica y de las últimas medidas adoptadas por su gobierno- los grupos parlamentarios ‘velan armas’ para el inicio de la batalla por el voto. Primero, para las municipales y autonómicas (el 28 de mayo, salvo en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Castilla y León) y, luego, las generales durante el último trimestre del año.
El planteamiento será ir ley a ley y negociación a negociación. Y mientras en las cúpulas de los partidos se deciden estrategias y candidatos electorales, los grupos parlamentarios de PSOE, con Patxi López al frente y Podemos, con Pablo Echenique como portavoz, preparan la negociación de cada norma.
UP quiere acelerar la tramitación de la ley de Vivienda, la Ley Mordaza, la de Bebés Robados, la Ley De Familias, la Ley de Trata y la Ley de Bienestar Animal
La actitud es diferente en cada bancada. Mientras en la socialista se opta por la callada por respuesta con el argumento de que “en época donde no hay actividad parlamentaria, no hablamos de la actividad del nuevo periodo de sesiones”, en el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común el listado de leyes pendientes está tan claro como su intención de “tramitarlas antes de acabar la legislatura”.
El grupo que lidera Echenique está dispuesto a acelerar la tramitación de la ley de Vivienda, la Ley Mordaza, la de Bebés Robados, la Ley De Familias, la Ley de Trata y la Ley de Bienestar Animal; además de “acabar la tramitación de la Ley del Aborto”.
Por si fuera poco, Unidas Podemos considera urgente tramitar “tres normas que, por el momento, están paralizadas” como son la Ley de Libertad de Expresión, la de Salud Mental y la Ley de Equidad (conocida también como Ley Darias).
Curso acelerado
La ambición legislativa de Podemos se verá seguramente animada por los resultados del último sondeo del CIS que coloca a la formación de Ione Belarra como la única que gana en intención de votos y al Partido Socialista como ganador virtual de las elecciones, con casi dos puntos de diferencia sobre el PP. Una ventaja exigua a nueve o diez meses de los comicios, aunque ventaja al fin y al cabo.
Con ánimos y fuerzas renovados y pendientes de que la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se decida a sentarse a negociar una coalición electoral, en Podemos se preparan para desplegar los próximos frentes políticos. Será, pues, un curso que deberá ir realmente acelerado en la tramitación parlamentaria. De ahí que, si los dos partidos en el gobierno quieren dejar cerradas leyes clave dentro de sus respectivos programas, deberán hacer grandes esfuerzos de comprensión mutua para sacarlas adelante. Porque no solo ellos estarán en campaña.
Una de las tareas pendientes que, dada la iniciativa de la ultraderecha en Castilla y León, parece urgir más es el cierre de la tramitación de la Ley del Aborto. La norma, redactada por el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, hace compatibles el derecho de objeción y el de la interrupción del embarazo. Según indicó la propia ministra en la presentación de la Ley, (agosto del año pasado) “el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud» y «abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos», como la posibilidad de que las mujeres puedan «elegir sus proyectos de vida”.
Dada la iniciativa de la ultraderecha en Castilla y León, parece urgir más el cierre de la tramitación de la nueva Ley del Aborto, pendiente de su ratificaciòn en el Senado
La Ley, aprobada en el Congreso por 190 votos a favor, 154 en contra y cinco abstenciones, ha sido remitido ya al Senado; por lo que su promulgación no debería sufrir nuevos retrasos.
En paralelo, Podemos reclamó a finales del mes pasado que se desbloquee la futura Ley de Vivienda, que lleva meses congelada en el Congreso. La formación morada ha pedido al Gobierno “medidas valientes” para resolver un problema que, dijo, “se agrava con la inflación”. De hecho, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido en varias ocasiones la regulación de los alquileres.
El anteproyecto de Vivienda salió del Consejo de Ministros en segunda vuelta en febrero del año pasado y recibió 860 enmiendas de sus socios de Gobierno. Entre ellas, la petición de la formación morada de prohibir el desahucio de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacionales asi como incorporar pisos que hoy son propiedad del “banco malo” al parque público de vivienda. Este último punto ha sido uno de los que más parece haber molestado al grupo Socialista que, en su día, aseguró que “un gobierno no se enmienda a sí mismo”. Aun así, ambos partidos parecen ‘conjurados’ a aprobar en breve esta norma.
La futura Ley de Vivienda lleva meses congelada en el Congreso. La formación morada ha pedido al Gobierno “medidas valientes” para resolver un problema que, dijo, “se agrava con la inflación”.
Con la llamada ‘Ley Mordaza’ ocurre algo similar: entra en las prioridades de PSOE y Unidas Podemos. En la Ley de Seguridad Ciudadana, las principales diferencias radican en la regulación del de material antidisturbios a utilizar y en la autoridad de los agentes; es decir, en todo lo referido a las sanciones por “falta de respeto” y en si los testimonios de los policías en procesos penales deben ser (o no) contrastados con pruebas. Es evidente que, desde Podemos, se trata de acabar con situaciones como las que llevaron a las condenas de sus diputados Isa Serra y Alberto Rodríguez, en las que el juez no tuvo en cuenta las pruebas gráficas que contradecían las declaraciones de los agentes.
La Ley de Familia también absorberá buena parte de los esfuerzos negociadores de la coalición de Gobierno cuyo anteproyecto fue aprobado por el Ejecutivo en diciembre pasado. Según la primera redacción, todos los empleados podrán disfrutar de entre cinco y nueve días al año de baja -remunerados- para el cuidado de un familiar. La futura ley ampara jurídicamente la diversidad familiar, equipara los derechos de las parejas de hecho a los matrimonios y amplía la prestación de 100 euros al mes que ahora perciben las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, a aquellas madres que cobren una prestación por desempleo o hayan cotizado al menos 30 días desde el nacimiento del bebé, además de beneficiar a quienes tengan contratos parciales o temporales.
Otro punto que traerá polémica fuera de la coalición, es el que prohibe expresamente el ‘veto parental’; es decir, que los progenitores impidan que sus hijos accedan a información o actividades sobre diversidad familiar en los centros educativos. La aprobación del anteproyecto ya provocó tensiones en el seno del Ejecutivo cuando a fines de noviembre se retrasó su paso por el Consejo de Ministros.
En la prevista reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, las principales diferencias entre PSOE y UP radican en la regulación del material antidisturbios y de la autoridad de la policía
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que la considera “una de las leyes más importantes de este curso político”, resaltó, tras su aprobación por el Ejecutivo, cuatro “pilares» de la misma: la ampliación de la protección social a las familias, facilitar los cuidados, “el reconocimiento jurídico de los distintos tipos que ya existen en nuestro país” y la protección de los derechos de los niños y las niñas.
Acabar con la impunidad por los robos de niños durante la dictadura es la clave de la Ley de Bebés Robados que duerme ‘el sueño de los justos’ desde que a principios de marzo de 2020, los Grupos Parlamentarios Plural, Euskal Herria Bildu, Socialista, Republicano y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presentaron una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados. Antes, en 2018 se había registrado esta iniciativa pero no pudo ser tramitada el adelanto electoral. De hecho, el plazo de presentación de enmiendas se ha prorrogado más de 70 veces.
Desde entonces, salvo las protestas de los afectados a la puertas del Congreso, ha habido pocas novedades salvo las críticas del portavoz adjunto del Grupo Unidas Podemos, Enrique Santiago, en las que denunciaba “la falta de interés demostrada por el PSOE” para impulsar la ley y «el absoluto desprecio de la derecha del PP y de la extrema derecha hacia cualquier tema de esta naturaleza dada su estrecha manera de entender la democracia”. Dada la sensibilidad de un asunto que la formación considera “delitos de lesa humanidad”, una rápida negociación de la misma parece complicada estos días.
Víctimas de trata
A finales del año pasado , el Gobierno inició la se inició la tramitación del Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y explotación de seres humanos, especialmente mujeres. El texto aborda “de manera integral”, según el Gobierno, la lucha contra “todas las formas de trata y de explotación, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos”.
La Ley -en su redacción inicial- contempla penas de cárcel para los explotadores sexuales de uno a cuatro años, o de cinco a ocho años de cárcel para los autores del delito de trabajo forzoso. Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, “permitirá amparar a través de herramientas legales, institucionales y de carácter social a personas que sufren mucho en nuestro país y también en otros países del mundo» y reforzará la lucha contra las mafias de explotación y el crimen organizado. Hay que tener en cuenta que la trata es el tercer negocio más lucrativo del mundo tras el tráfico de armas y el de drogas según los organismos internacionales.
En esta norma, Podemos quiere prohibir la deportación o el envío a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a las víctimas y que se las exima de responsabilidad penal si están en situación administrativa irregular; además de que se creen mecanismos de atención integral a las víctimas “con un enfoque integrador, transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio”.
A vueltas con la Salud
Sanidad y Salud serán claves en esta recta final de la Legislatura con proyectos estrella como la Ley de Salud Mental y la conocida como ‘Ley Darias’ o Ley de Equidad Sanitaria.
La Proposición de Ley General de Salud Mental fue presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en septiembre de 2021. Considerada el ‘patito feo’ de la Sanidad española, la propia Proposición reconoce que “la salud mental se ha atendido durante décadas de una forma incompleta, buscando causas biológicas en trastornos en los que la influencia psicosocial es notoria y tratando los síntomas a la par que se ignora la raíz del problema”.
La primera modificación del testo ha sido ampliar los recursos en el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de garantizar un ratio mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes.
La Ley de Bienestar Animal tiene ya camino libre a su tramitación tras aceptar Podemos la excepción para los animales de caza
Por su parte, la Ley de Equidad Sanitaria o ‘Ley Darias’ (por la ministra del ramo, Carolina Darias) trata de garantizar el derecho a la protección a la salud y la asistencia sanitaria de las personas ‘sin papeles’ en todas las comunidades autónomas y con los mismos requisitos y condiciones. Una medida que, según, la propia ministra de Sanidad consolida la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud y viene a fortalecer la Sanidad Pública y a ampliar derechos, como la cobertura a los solicitantes de protección internacional, los beneficiarios de protección temporal y las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual.
Finalmente, la nueva Ley de Bienestar Animal incluye una reforma del Código Penal que endurecerá las sanciones por maltrato con hasta 24 meses de prisión si el animal muere, o de hasta 36 meses en el caso de que concurra más de una agravante. La piedra de toque en la tramitación de la nueva norma ha sido contemplar una excepción para los animales de caza, finalmente aceptada por Podemos. Los socialistas han insistido hasta el final en defender la excepcionalidad de una actividad económica tan importante cono es la cinégetica. El texto de la enmienda excluye los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza, y mantiene que «todos ellos se regulan y quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondientes y que les sea de aplicación al margen de esta ley».
