A. M.
Ciudades de todo el mundo se han unido a las protestas contra el racismo iniciadas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un policía.
En España, Madrid autorizó una concentración de 200 participantes frente a la embajada norteamericana que se transformó en una manifestación de 3.000 personas, convocadas por la organización Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España. Marcharon hasta la Puerta del Sol, coreando consignas como «Donald Trump es un criminal» o «Basta ya de violencia policial». No hubo incidentes, pero no se respetó la distancia de seguridad obligatoria para evitar contagios por coronavirus. En Barcelona, otras 3.000 personas se congregaron en la plaza Sant Jaume, convocados por la misma organización. Los participantes exhibieron fotografías de la víctima y pancartas con los lemas «No al racismo» y «Black lives matter». Valencia, Salamanca y Murcia también se sumaron a las protestas. Mientras, en Reino Unido crece la polémica sobre las estatuas de personajes históricos vinculados con la esclavitud, iniciada en la ciudad de Bristol, donde los manifestantes derribaron la estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII, Edward Colston. Las marchas terminaron con represión policial por el peligro de contagios.
El lunes fue el día más tenso de las protestas en Washington D. C. La Policía tuvo que dispersar a los manifestantes minutos antes de que Trump abandonara la Casa Blanca para presentar sus respetos ante la muerte de Floyd en la iglesia de San Juan. El fiscal general William Barr, el secretario de Defensa, Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, lograron convencer al presidente de olvidar su idea de desplegar 10.000 militares para contener las manifestaciones. Según estos altos cargos, las protestas no están recogidas entre las “circunstancias absolutamente extraordinarias” de la ley Posse Comitatus que regula la intervención del Ejército dentro del país.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mineápolis, ciudad donde murió Floyd, anunció que desmantelará el Departamento de Policía para crear un nuevo sistema de seguridad pública. Nueve de los doce concejales también se comprometieron a suspender la financiación del Departamento de Policía tras darse cuenta del fracaso de su reforma estructural. En el nuevo departamento “estarían integrados trabajadores sociales o médicos para responder a situaciones que hasta ahora quedaban en manos de la policía”, declaró la presidenta del concejo municipal, Lisa Bender. El alcalde demócrata, Jacob Frey, no apoya la decisión del ayuntamiento.
