Virginia Miranda
Si prisa tiene Pedro Sánchez por ser investido presidente, más tienen el Poder Judicial, RTVE, los Presupuestos o las pensiones, tan bloqueados como ha estado la legislatura. El Gobierno de los jueces lleva un año en funciones, el comité de expertos alerta del perjuicio público de una corporación paralizada, las cuentas del Estado siguen con el sello del PP y se le está empezando a acabar la paciencia a las personas jubiladas, empleadas en precario y movilizadas en general por ver cumplidas las promesas progresistas que aguardan en un cajón durmiendo el sueño de los justos.
Que Pedro Sánchez quiera ser presidente más pronto que tarde responde a varias razones que pueden resumirse en una sola; cuanto más se demoran las cosas, más posibilidades hay de que no salgan adelante. Al líder socialista ya no le quedaban balas en la recámara; comprobó que la repetición electoral no conduce a nada bueno y que los apoyos sólo podían venir de una dirección. Lo ha adornado cuanto ha podido, pero al final la ecuación tenía que pasar por ERC para que sean los independentistas los que paradójicamente acaben con la parálisis de todo el país.
El desbloqueo ha de corregir anomalías en la Administración de Justicia, los servicios públicos, la financiación del Estado o la actividad parlamentaria
Porque no sólo el Gobierno ha estado en funciones. Organismos y leyes esperan desde hace tiempo, más incluso que el propio Pedro Sánchez, a que el desbloqueo permita corregir las anomalías que aquejan a la administración de justicia, los servicios públicos, la financiación del Estado o la actividad parlamentaria. Casi nada.
El poder judicial, descontrolado
Al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace un año, está el conservador Carlos Lesmes, que durante este tiempo ha aprovechado para abordar más de 40 nombramientos al frente de Tribunales Superiores de Justicia y las salas del Supremo.
Entendiendo que le corresponde adoptar estas decisiones al CGPJ que haya de nombrarse una vez se forme Gobierno, Juezas y Jueces para la Democracia –progresista– y la Asociación Francisco de Vitoria –moderada– han recurrido la convocatoria de plazas judiciales pidiendo su suspensión cautelar, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha esgrimido que el “normal desarrollo de la administración judicial requiere la pronta cobertura de las vacantes” y “mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad”.
Así las cosas, cuando el nuevo Ejecutivo quiera renovar el Gobierno de los jueces una eventual mayoría progresista no podrá deshacer el camino andado en este periodo de interinidad marcado por la afinidad a Lesmes; los nombramientos tienen una vigencia de cinco años salvo en el Supremo, donde el puesto se conserva hasta la jubilación.
RTVE, ingobernable
En RTVE ocurre otro tanto de lo mismo. Y si bien las consecuencias son de otra índole, suponen un grave perjuicio al servicio público. Así lo califica el comité de expertos nombrado por los partidos políticos para convocar el concurso que habría de renovar el Consejo de Administración de la corporación.
En julio de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se presentaron las candidaturas. De hecho, la administradora provisional única, Rosa María Mateos, no debía haber permanecido en el cargo más de tres meses, pero de aquello ha pasado ya cerca de año y medio.
En todo este tiempo los 17 expertos tuvieron tiempo de sobra para evaluar a los aspirantes en base a sus currículos y sus proyectos de futuro para RTVE. Hace un año ya había seleccionado a 20 personas para que Congreso y Senado eligieran a las diez que habrían de formar parte del Consejo de Administración, incluida la presidencia. Pero Sánchez convocó al poco tiempo las elecciones del 28-A y, desde entonces, el concurso permanece paralizado y la corporación no deja de acumular problemas sin resolver, como una alarmante pérdida de audiencia.
El concurso de RTVE permanece paralizado y la Corporación no deja de acumular problemas, como la alarmante pérdida de audiencia
Este pasado 17 de diciembre el comité de expertos registró en la Cámara baja un texto denunciando que “los candidatos están defraudados y algunos muy preocupados”, incluso algunos se están planteando hacer reclamaciones ante el Tribunal Supremo, ha explicado el presidente del grupo, Diego Carcedo, advirtiendo que “esto está pendiente y sigue sin resolverse” mientras circulan rumores como que el nuevo Ejecutivo tiene previsto “parar este proceso” e “iniciar otra fórmula distinta” de selección. “Algo difícil” según los letrados porque hay que aprobar una ley que anule la actual, pero “hay nuevas Cortes y Gobierno y harán lo que sea”, explicaba el periodista tras acudir al Congreso con el texto de los expertos.
Los Presupuestos, de Montoro
Sánchez “no ha hecho nada”. Ni siquiera ha aprobado unos Presupuestos y “siguen los de Montoro”. Mariano Rajoy presumió ufano en la presentación de su libro en El Hormiguero de Antena 3 de seguir vivo políticamente en las cuentas del Estado. Porque el líder socialista logró sacarle de La Moncloa con un moción de censura en junio de 2018, pero no ha conseguido librarse de su herencia presupuestaria.
Sí alcanzó un pacto con Unidas Podemos en octubre de 2018 llamado “Presupuestos para un Estado social”, pero los independentistas tumbaron el proyecto en su tramitación parlamentaria y el resto ya es historia: adelanto electoral, investidura fallida y nueva convocatoria de las generales.
Las pensiones, sin niveles dignos
Aquel pacto contemplaba, entre otras cosas, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas de acuerdo con el IPC, una medida conservadora frente a la demanda de pensiones dignas que los jubilados vienen reclamando desde el comienzo de sus movilizaciones.
Exigiendo una pensión mínima de 1.080 euros y que por ley se revaloricen con el IPC real, el lunes 9 de diciembre celebraban su concentración número 100 los cientos de hombres y mujeres que cada lunes corean sus consignas frente al Ayuntamiento de Bilbao, una iniciativa que se extendió a otras ciudades españolas y que ha llegado a las puertas del Congreso.
Sánchez sacó a Rajoy de La Moncloa, pero aún no ha logrado librarse de su herencia presupuestaria
De momento y a la espera de que se forme Gobierno y se convoque el Pacto de Toledo –por cierto que UP rechazó un preacuerdo de la comisión y se levantó de la mesa antes del 28-A–, los jubilados y jubiladas han de conformarse con el compromiso de “asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida” contemplado en el preacuerdo firmado por Sánchez e Iglesias el 12 de noviembre.
Los derechos europeos, sin ratificar
Alguna pista más tienen las personas que trabajan en precario; PSOE y Unidas Podemos ha negociado las últimas semanas una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 1.000 euros en 2020 para llegar a los 1.200 euros en 2023, acercándose a lo establecido en la Carta Social Europea para que el SIM sea el 60% del salario medio.
Por cierto que la ratificación de la versión revisada de un texto que incorpora derechos como el de la vivienda, la conciliación o la protección contra el despido no ha sido efectiva; el Consejo de Ministros la remitió a las Cortes el 1 de febrero de 2019 y aún no se ha procedido a su confirmación. España la firmó en 2000 pero ningún Gobierno se ha comprometido a dar el último y definitivo paso. Sánchez, en el Programa Común Progresista con el que intentó sin éxito granjearse el favor de Unidas Podemos en la fallida investidura del pasado verano, se comprometió a hacerlo.
La casa, sin hacer
Las reformas de la ley de educación, de la ley de seguridad ciudadana conocida como ‘ley mordaza’, las de la legislación laboral que la izquierda promete abordar desde la reforma de Rajoy de 2013 –su derogación total o en parte es motivo de discusión entre el PSOE y UP–, las que permitan resolver tareas pendientes como la exhumación de las víctimas en fosas comunes o la nulidad de las sentencias franquistas… Y por supuesto, todas aquellas medidas con las que el Gobierno sea capaz de superar los obstáculos que plantee el independentismo a lo largo de la legislatura.
A Pedro Sánchez se le acumulan las tareas. Haber dejado desatendidas las prioridades del Gobierno bien por falta de apoyos parlamentarios, bien por casi un año de bloqueo político, las ha convertido en auténticas urgencias esperando ya a un reelegido presidente a la vuelta de la investidura.
