Cristina Narbona
Con motivo de la aprobación del anteproyecto de Ley sobre Memoria Democrática –definida por la vicepresidenta Carmen Calvo como una norma “urgente”–, he escuchado comentarios críticos a propósito de ese carácter “urgente”: como si la elaboración de dicho anteproyecto impidiera atender la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia.
Nada más lejos de la realidad, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que este anteproyecto es el resultado de un trabajo iniciado hace ya tres años, a partir de un compromiso prioritario anunciado por Pedro Sánchez al asumir la Secretaría General del PSOE.
Cada vez quedan menos españoles que conocieron –y muchos sufrieron– la dictadura franquista; y hay cada vez más jóvenes, a los que no se les ha explicado suficientemente la diferencia entre la democracia que ahora disfrutan y lo que vivieron sus abuelos
En la redacción de este texto se han implicado numerosas asociaciones de memoria histórica, así como expertos de diferentes disciplinas, que han evaluado el resultado de la aplicación de la vigente legislación, aprobada en 2007 durante el gobierno de Zapatero –y “congelada” desde la llegada de Mariano Rajoy al gobierno–, y han formulado propuestas que confío conciten un amplio acuerdo parlamentario y ciudadano.
Se han tenido en cuenta también los informes publicados durante los últimos años por parte de Naciones Unidas y de varias organizaciones internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos; y se ha considerado la necesidad de hacer visible el papel de las mujeres represaliadas, que en muchos casos tuvieron un importante desempeño intelectual o político, absolutamente desapercibido…
¿Por qué esta ley es urgente? Porque cada vez quedan menos españoles que conocieron –y muchos sufrieron– la dictadura franquista; y hay cada vez más jóvenes, a los que no se les ha explicado suficientemente la diferencia entre la democracia que ahora disfrutan y lo que vivieron sus abuelos.
Sólo así cabe entender que el líder de Vox pueda decir, sin descomponerse, que Pedro Sanchez “es el peor presidente de Gobierno de los últimos ochenta años”… como si estuviera hablando de un periodo políticamente homogéneo. Una afirmación que incide en la peligrosa y simplista idea de que “todos los políticos” (los que gobiernan, claro) son iguales… aumentando de esta forma la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas, en un contexto de emergencia inédita, especialmente proclive al éxito de los movimientos populistas en todo el mundo.
Más allá del necesario esfuerzo para desterrar toda forma de corrupción –imprescindible para recuperar la confianza en la acción pública–, demostrando que desde el poder político se puede construir una sociedad más justa, más segura y más próspera, considero urgente reescribir nuestro pasado reciente atendiendo a la verdad, la justicia y la reparación.
Y es que España ha tardado mucho más tiempo en reencontrarse con su propia historia que otros países que sufrieron periodos de dictadura. La Ley de Memoria Histórica vigente fue un primer paso muy importante, pero con resultados insuficientes, ya que no establecía obligaciones para las administraciones ni las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento. Si la nueva ley resulta aprobada en las Cortes en sus términos actuales, se eliminará toda forma de enaltecimiento del franquismo y se anularán sentencias y privilegios cuya vigencia es contraria a la defensa de los derechos humanos, compartida por una amplia mayoría del pueblo español.
Urgente, imprescindible, necesario… La consolidación de la democracia en nuestro país requiere dar toda la visibilidad que merecen centenares de miles de víctimas que lucharon por la democracia, para que su sufrimiento no haya sido en vano. Y también requiere que los partidos políticos se comprometan de forma explícita para que nunca más se cercene la libertad y la vida en nombre de ideologías totalitarias. El anteproyecto de ley prevé que desde la escuela se garantice el conocimiento riguroso de nuestra historia, y que se fomente la investigación histórica y la correspondiente divulgación.
Sí, luchar contra los efectos de la pandemia es muy urgente; pero sólo podemos hacerlo de manera eficiente si los ciudadanos se sienten adecuadamente representados por las instituciones democráticas, y respetan las reglas y recomendaciones que de ellas emanan.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
