Destacado Económico / N. L.
Lo verde avanza superando previsiones, al tiempo que lo negro retrocede más allá de lo programado. El carbón tiene los días contados por sus malos humos, porque su rentabilidad económica se resiente y porque las compañías compiten con la enseña verde. Endesa, que nació carbonera, es la que mantiene abiertas más centrales térmicas y el propósito de cerrarlas cuanto antes para no perder la carrera que mantiene con Iberdrola, su principal competidora, respecto al uso de energías limpias y renovables.
Todas las compañías energéticas explotan centrales térmicas en fase de cierre o de ser adaptadas con fuertes inversiones a las exigencias de Bruselas reduciendo drásticamente emisiones nocivas; pero Endesa se lleva la palma. Las 15 centrales de carbón instaladas en España suman unos 10.000 MW de potencia de las que Endesa posee más de la mitad; la siguen Naturgy, EDP, Viesgo, y, finalmente, Iberdrola.
Lo verde se ha convertido en un objetivo aplaudido popularmente ante la reivindicación de aire puro y exigido por la Comisión Europea. Lo verde manda en lo financiero como muestra que los llamados ‘bonos verdes’, que cantan ‘lo sostenible’, sean los más demandados por los inversores y los de mayor revalorización. Se agotan nada más ser emitidos.
El carbón desaparecerá incluso como complemento de las verdes, sustituido en esta función por el gas y de forma creciente por el hidrógeno. Suecia ha puesto en marcha un proyecto para la producción de acero sin combustibles fósiles. Sustituirá al carbón por hidrógeno para producir acero limpio. Y la presidenta e la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la creación de «valles europeos de hidrógeno» para modernizar nuestras industrias, propulsar nuestros vehículos y aportar una nueva vida a las zonas rurales.
El año de la energía más limpia
En España, según informa Red Eléctrica de España (REE), la producción libre de emisiones de CO2 equivalente significó el 66,9% del total y convierte a 2020 en el año con la energía más limpia desde que REE cuenta con registros (2007).
El carbón ha recortado un 60% su producción con respecto a 2019, hasta alcanzar los 5.064 GWh y marca su mínimo histórico anual de producción y de participación en el mix de generación español (2% sobre el total).
Todas las compañías energéticas explotan centrales térmicas en fase de cierre o de ser adaptadas con fuertes inversiones a las exigencias de Bruselas reduciendo drásticamente emisiones nocivas; pero Endesa se lleva la palma. Las 15 centrales de carbón instaladas en España suman unos 10.000 MW de potencia de las que Endesa posee más de la mitad; la siguen Naturgy, EDP, Viesgo, y, finalmente, Iberdrola. EP
Según las previsiones de cierre de año publicadas por Red Eléctrica de España, el 66,9% de todos los GWh de electricidad generados en 2020 proceden de tecnologías que no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. Así, las emisiones derivadas de la generación de electricidad se han reducido un 27,3% respecto a las de 2019.
El máximo de la cuota de producción de energía verde y limpia de este 2020 se debe, principalmente, a las condiciones climáticas favorables, a un mayor empleo de viento y sol como combustibles naturales y al incremento de la potencia renovable instalada en el parque de generación español, que en 2020 suma 2.706 nuevos MW de eólica y solar fotovoltaica, a la vez que reduce en 3.486 MW la presencia de tecnologías contaminantes, centrales térmicas de carbón en su mayoría. Con todo, la potencia instalada española cuenta a día de hoy con 109.674 MW de los que el 53% pertenecen a tecnologías renovables.
De aquí al cierre definitivo del año se espera una variación de este dato, entre otros motivos, por la incorporación de nueva potencia renovable y la baja de los grupos 1 y 2 de la central térmica de Guardo (en Palencia), que representan una reducción de 486 MW de potencia contaminante en el parque de generación español.
En 2020, la demanda de energía eléctrica del sistema eléctrico español se estima en 249.716 GWh, un 5,6% menos que la de 2019. Si se tienen en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, el descenso de la demanda de electricidad nacional se mantiene en un 5,6% promovido, principalmente, por la presencia de la pandemia del Covid-19, que ha ralentizado la actividad económica hasta alcanzar, en algunas situaciones, disminuciones de hasta un 20% en relación con periodos equivalentes del año anterior.
Por sistemas, ha sido el balear el que ha acusado el mayor descenso (19,6% respecto a su demanda de 2019), seguido por el canario (10,3%), el peninsular (5,1%), el ceutí (3,7%) y el melillense (0,9%).
Continuando con la tendencia experimentada en los últimos cinco años en los intercambios internacionales de energía física, el sistema eléctrico peninsular cierra 2020 con un saldo importador de 3.857 GWh, un 43,8% inferior al obtenido en el ejercicio anterior. El saldo de intercambio es el resultado de la importación de 18.687 GWh y la exportación de 14.830 GWh realizadas durante este año.
Ursula von der Leyen fuerza el proceso
Y es que lo que ocurre en España, donde el carbón jugó históricamente un papel importante, está pasando en el territorio de la Unión Europea, en cuyos programas está inmerso el gobierno de España dentro del su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya meta es que el 74% de toda la generación eléctrica española de 2030 sea de origen renovable.
Un objetivo económicamente alcanzable pues, mientras que las emisiones europeas han caído un 25% desde 1990, la economía de la Unión ha crecido más del 60%. Y es que ahora Europa dispone de más tecnología, más conocimientos especializados y más inversiones. Somos líderes mundiales en financiación ecológica y el mayor emisor de bonos verdes del mundo, lo que permite alcanzar una economía circular con una producción neutra en carbono. / EP
La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, ha adelantado el objetivo de reducción de emisiones para 2030 desde el 40% inicialmente planteado hasta al menos un 55% que situaría a la UE en la senda de la neutralidad climática para 2050, y en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo de París.
Un objetivo económicamente alcanzable pues, mientras que las emisiones europeas han caído un 25% desde 1990, la economía de la Unión ha crecido más del 60%. Y es que ahora Europa dispone de más tecnología, más conocimientos especializados y más inversiones. Somos líderes mundiales en financiación ecológica y el mayor emisor de bonos verdes del mundo, lo que permite alcanzar una economía circular con una producción neutra en carbono.
En opinión de la presidenta de la Comisión, “si otros siguen nuestro ejemplo, el mundo podrá mantener el calentamiento por debajo de los 1,5 grados centígrados”. Llama la atención sobre la necesidad de acabar con los despilfarros producidos en los edificios en los que vivimos y trabajamos, que generan el 40% de las emisiones haciéndolos menos costosos y más sostenibles. Sostiene que el sector de la construcción puede incluso pasar de emitir carbono a reducirlo, si se utilizan materiales orgánicos de construcción como la madera y se aplican tecnologías inteligentes.
Con derecho a réplica
Luces y sombras de la política de vivienda en España
Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE y miembro de Economistas frente a la Crisis. Fue presidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada
Los precios de la vivienda y los alquileres de mercado resultan muy elevados en España respecto de los niveles salariales. La recesión provocada en 2020 por la pandemia de Covid-19 ha acentuado el problema de acceso a la vivienda en España. Resulta necesaria la puesta en marcha de una política de vivienda de alcance nacional, donde la ejecución correspondería a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
La recuperación de la economía española registrada entre 2014 y 2019 se apoyó en unos bajos niveles salariales. En dicho periodo aumentaron los contratos a tiempo parcial y continuó siendo elevada la presencia de los contratos temporales. En tales condiciones laborales, la mayoría de los nuevos asalariados no son solventes para acceder a la vivienda por medio de un préstamo hipotecario, a pesar de los bajos tipos de interés. De ahí que resulte necesario apelar al alquiler privado, de una vivienda o de una habitación, para poder acceder a un alojamiento.
El parque social de viviendas de alquiler en España es muy exiguo, sólo incluye 452.040 viviendas (el parque total de vivienda ascendía a 25,8 millones de viviendas a fines de 2019) según una publicación reciente del ministerio competente en materia de política de vivienda, el Mitma. El total citado equivale al 2,5% del parque de viviendas principales de España, frente al 9,5% de la Unión Europea. La mayoría de las viviendas protegidas se han destinado a la venta, con lo que apenas existen viviendas sociales de alquiler[1].
En el tercer trimestre de 2020 el salario medio percibido en España, antes de impuestos, ascendió a 1.859 euros/mes, antes de impuestos, según el INE. En dicho periodo el alquiler medio de una vivienda ascendió a 11,42 euros por m2 y mes, según el portal Idealista.com. Ello implica un esfuerzo de acceso en el caso de una vivienda de 70 m2 del 42,2% de los ingresos para un hogar monosalarial. Dicho esfuerzo resulta más elevado si la comparación se realiza con el salario neto de impuestos y también es mayor en las principales capitales, donde los precios del alquiler superan ampliamente la media de España.
Entre 2013 y 2020 ha destacado el crecimiento de los precios de alquiler, el 56,9%, superior al de los precios de las viviendas, el 33,8%. En dicho periodo los niveles salariales se han mantenido estables, sobre todo tras el descenso de 2020. Lo anterior implica que la pandemia ha acentuado el problema de acceso a la vivienda en España (Ver gráfico).
La Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía atribuyeron la competencia exclusiva en materia de vivienda y de ordenación del territorio a las comunidades autónomas. Ello no fue obstáculo para que durante bastantes años, tras la creación de las Comunidades Autónomas, hubiese en España Planes Plurianuales de Vivienda que fomentaban la construcción de viviendas protegidas destinadas sobre todo a la venta. El diseño de tal política correspondía al Ministerio competente en materia de política de vivienda. El consenso con las autonomías iba lubricado con importantes subvenciones de tipos de interés. La mayor parte de la financiación descansaba en préstamos a promotor concedidos por las entidades de crédito, con subrogación posterior de los compradores de tales viviendas protegidas en los préstamos a promotor.
Ante la situación presente, de exceso de demanda en el mercado de viviendas de alquiler, las fórmulas para corregir tal desequilibrio consisten en aumentar la oferta de viviendas de alquiler o establecer controles de precios a los niveles de los alquileres, como ya se está haciendo en Cataluña tras la aprobación de la ley 11/2020 del Parlamento de Cataluña. Dicha norma contradice la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994), donde se establece que el alquiler será el resultante de la negociación entre el arrendador y arrendatario.
El gasto público directo destinado a la Vivienda asciende a 2.253 millones de euros en los PGE 2021 (474 millones en 2018). Dentro de dicha partida hay 354 millones destinados a subvencionar el vigente Plan de Vivienda 2018-21. En dicho plan se incluyen sobre todo ayudas a los inquilinos para pagar el alquiler y subvenciones a la construcción de viviendas sociales. Se ha incluido también el denominado Plan 20.000 viviendas, para el que se destinan en 2021 100,4 millones de euros, del que no se ha especificado el calendario de actuaciones, aunque la cifra presupuestada permitiría construir unas 1.300 viviendas. Destaca la partida de “Rehabilitación para la recuperación económica y social a través de las CC Autónomas” de 1.550,6 millones de euros, para la que se prevé su financiación desde la Unión Europea, dentro del instrumento Next Generation EU.
Un plan de viviendas destinado a cubrir, aunque sólo sea parcialmente, el exceso de demanda existente en el mercado del alquiler y, sobre todo, en el mercado del alquiler social, no debería bajar de la edificación de un contingente de 25.000 nuevas viviendas de alquiler social al año, un 45% aproximado de la nueva demanda, estimada por medio de la creación neta de hogares.
En los dos últimos planes cuatrienales han desaparecido las viviendas de protección oficial (VPO). Las autonomías han seguido calificando proyectos para la construcción de viviendas equivalentes a las de protección oficial, pero en un nivel reducido. En algunas autonomías se han acortado los plazos para la descalificación de tales viviendas, lo que excluye a dichas VPO de la condición de vivienda social.
La nueva política de vivienda debe de impulsar el volumen de viviendas de alquiler social accesibles. La creación de parques públicos de viviendas de alquiler, que se formarían a partir de viviendas de nueva construcción y de viviendas existentes procedentes del sector privado, aparece como el instrumento más destacado. La construcción de nuevas viviendas sociales, que deberían tener la condición de viviendas protegidas destinadas al alquiler, se realizaría sobre suelo cedido por los municipios, procedente de las cesiones de edificabilidad derivadas de los nuevos desarrollos privados, de acuerdo con la normativa urbanística vigente, estatal y autonómica. Además, dichas viviendas mantendrían la condición de viviendas protegidas de forma indefinida, para así acabar con la práctica frecuente antes citada de la descalificación y venta rápida de dichas viviendas.
Ante la situación presente, de exceso de demanda en el mercado de viviendas de alquiler, las fórmulas para corregir tal desequilibrio consisten en aumentar la oferta de viviendas de alquiler o establecer controles de precios a los niveles de los alquileres, como ya se está haciendo en Cataluña
El control de alquileres, extendido en numerosos países de Europa Occidental, de implantarse, debería hacerlo de forma que no frenase la oferta de nuevas viviendas de alquiler. Formas de control como la portuguesa (desgravar fiscalmente los alquileres situados por debajo del nivel correspondiente a la localización de la vivienda) y catalana (se aplica sólo a los nuevos contratos y a la novación de los contratos existentes) podrían implantarse si se reanuda el proceso de elevación de los precios del alquiler.
La política de vivienda desarrollada por el actual gobierno tuvo un buen inicio con el Real Decreto-ley 7/2019 (BOE 5.3.2019) que, entre otras medidas, volvió a elevar de tres a cinco años el plazo mínimo del alquiler, restableció al índice de precios de consumo como instrumento de actualización de los alquileres y permitió que pueda denegarse la creación de pisos turísticos en las comunidades de propietarios con el voto del 60% de los titulares delas viviendas. También avanzó en la creación de una estadística estatal de precios de alquiler
El importante aumento de las partidas de gasto público destinado a vivienda en los PGE 2020 es también un paso positivo, junto a las medidas de protección para hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual. Estas últimas medidas se han implantado ante las abundantes situaciones críticas derivadas de la prolongada pandemia sufrida en 2020.
Pero si se pretende reforzar la oferta de viviendas de alquiler, en especial la destinada a crear un parque de viviendas sociales de alquiler de dimensión significativa, la política de vivienda debería apoyar un refuerzo más sustancial de la oferta que lo que ahora se contempla en el proyecto de presupuestos de 2021. La rehabilitación es conveniente, pero tanto o más es la construcción de nuevas viviendas de alquiler social. Esto se puede conseguir mediante subvenciones estatales y autonómicas o mediante créditos procedentes del sistema bancario, reforzados por subvenciones a las nuevas viviendas de alquiler y también mediante avales del ICO a dicha financiación crediticia. Se echan en falta cifras de ejecución del Plan Estatal de vivienda. Sin datos específicos no hay forma de conocer la realidad de la política de vivienda.
[1] Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “Observatorio de vivienda y Suelo. Boletín Especial Vivienda Social 2020”, Madrid, septiembre 2020.
