‘London calling’ al emérito

Ni los 100 millones saudíes, ni las tarjetas black, ni las fundaciones y cuentas opacas en paraísos fiscales. Lo que podría acabar sentando en el banquillo al rey emérito es la demanda por acoso de una examante.

El origen del presunto ilícito también estaría en el dinero. En esos 100 millones procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí transferidos a una cuenta secreta del exmonarca quien, a su vez, habría donado esa misma cantidad a Corinna Larsen y pretendió recuperarla cuando su relación, que dio comienzo en 2004, acabó en 2012 tras la polémica cacería en Botsuana que destapó su affaire.

Ella no quiso devolver lo que consideraba un regalo y, a partir de entonces, fue sometida a un hostigamiento de quien fuera jefe del Estado español.

La causa británica dificulta el regreso a España y también explica que el emérito haya fijado su residencia en Abu Dabi

Este fue parte de su razonamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres cuando, a finales de 2020, presentó una demanda contra Juan Carlos de Borbón por acoso, seguimiento ilegal y difamación conocida el pasado mes de julio. Demanda, no querella, de modo que no pide cárcel sino dinero. Otra vez el dinero.

A finales de 2021, el abogado del padre de Felipe VI defendió su inocencia pero, sobre todo, trató de convencer al juez de que no tenía competencia para procesar a Juan Carlos de Borbón por ser un miembro de la Familia Real española –“soberano”, le llamó– y, por tanto, gozaba de “inmunidad”. Por su parte, el letrado que defendía los intereses de Larsen subrayó que “nadie entiende que Juan Carlos I mantenga el rango de jefe del Estado después de su abdicación. Se trata de un título honorífico, como el que retienen los expresidentes de Estados Unidos”.

Ahora, Matthew Nicklin ha dado por buena esta última interpretación. Si por el contrario hubiera aceptado la primera de ellas, “mañana el acusado podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Y no debería hacer frente a ningún proceso penal o civil en esta jurisdicción a no ser que el Estado español levantara esa inmunidad”, razona de forma sencilla y gráfica el juez.

Así, en la resolución que acaba de hacer pública concluye que “no se ha demostrado” la existencia de inmunidad de Estado y, por tanto, “la demanda debe seguir adelante”.

Sanz Roldán, al servicio de Su Majestad

Una demanda que salpica también a los servicios secretos españoles. Según Corinna Larsen, fue sometida a amenazas y chantaje por parte del CNI. Sobre su entonces director, Félix Sanz Roldán, asegura que la visitó en Londres para decirle que, si revelaba secretos de Estado, no podría garantizar su seguridad y la de su hijo. Sanz es uno de los amigos que visitan al emérito en Abu Dabi. En uno de sus viajes a la capital emiratí aprovechó para ponerse la vacuna, como hicieron las infantas, antes de que le llegara el turno establecido por las autoridades sanitarias españolas.

Los abogados de la empresaria alemana refieren también la participación de funcionarios del espionaje español y, de prosperar judicialmente esta línea de investigación, el Estado podría tener que responder de forma subsidiaria.

Ahora, en la audiencia prevista este martes, 29 de marzo, Matthew Nicklin analizará los hechos que detalla la demanda sobre la relación de los examantes. Una relación que se prolongó entre 2004 y 2009, que desde entonces y hasta 2012 se convirtió en lo que Larsen llama amistad, que durante este periodo él quiso avivar la relación y que cuando ella “manifestó claramente su negativa” él adoptó “comportamientos de acoso”.

Cuatro trances y un funeral

El caso se le puede complicar al Estado porque la acusación incluye la participación de funcionarios de los servicios secretos

Esta historia tan bizarra compartirá protagonismo en la prensa británica con el funeral en memoria del duque de Edimburgo, que también se celebra este próximo martes en la Abadía de Westminster y que contará con la asistencia de don Felipe y doña Letizia.

Esto significa que los reyes de España estarán a escasos kilómetros de los abogados del emérito y de su examante mientras entran en detalles escabrosos sobre su relación, ante la atenta mirada de los londinenses, en presencia del resto de casas reales europeas y diseccionados por los inmisericordes tabloides.

Y aunque para ellos resulte una sucesión de trances indeseables, no deja de ser transitorio y escapa del ámbito doméstico, donde reside el verdadero problema del jefe del Estado.

El cierre de las causas de la Fiscalía contra el emérito y la posterior carta consensuada con Zarzuela, donde Juan Carlos I fijaba su residencia permanente en Abu Dabi y limitaba su presencia en España a viajes esporádicos, parecía haber aliviado la presión sobre la Casa Real.

Ahora, la posibilidad de que el exmonarca se siente en el banquillo de un tribunal inglés para responder a las acusaciones de acoso de una examante abre nuevos frentes en Palacio. También en el de La Moncloa, donde se enfrentan a las consecuencias de las posibles trabas que, ante una eventual orden judicial para llamar a declarar al emérito, pudiera poner su anfitrión, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero y hombre fuerte de un país sin garantías judiciales y democráticas como es Emiratos Árabes Unidos.

Hasta una apelación directa de Matthew Nicklin ha tenido el Gobierno. “Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la Familia Real”, dice el juez en su resolución.

Pero sin duda es Zarzuela la zona cero de un proceso judicial explosivo, impredecible, provocador, subversivo incluso si se compara con el reciente precedente de la Fiscalía española. Como una canción de los Sex Pistols o de The Clash. Habrá a quien no le guste, pero a nadie va a dejar indiferente.