Virginia Miranda
Baronías de todo signo están echando un pulso al Gobierno central y a sus propios partidos. Las peticiones a la carta para tratar de doblegar la tercera curva de la pandemia han puesto al Ministerio de Sanidad a la defensiva y han obligado al Partido Popular a decir una cosa y la contraria. Moncloa resiste a la última envestida, pero presidentes ajenos como Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso, o propios, como Adrián Barbón y Emiliano García-Page, siguen enseñando músculo mostrando las debilidades ajenas.
El Gobierno no quiere ponerle el cascabel al gato. Las agónicas prórrogas del estado de alarma, los reproches de presidentes y presidentas autonómicos a Pedro Sánchez en las reuniones dominicales y la carrera por la desescalada provocaron un desgaste en el Ejecutivo durante el mando único que no parece dispuesto a volver a repetir. Se hizo sentir en las elecciones vascas y gallegas de julio y resultaría inevitable que un nuevo confinamiento centrase la campaña de las catalanas, con un candidato del PSC como imagen de las restricciones más duras.
Tampoco es fácil mantener las condiciones de este segundo estado de alarma, éste pactado con las comunidades después de que once de ellas lo solicitasen en octubre. Un estado de alarma que pretendía dar cobertura jurídica a los territorios para aplicar los límites horarios, de aforos o de apertura que consideren oportunos, dando categoría legal a una cogobernanza mucho más difícil de gestionar.
Guerra sin cuarteles
Pero lo que se consideró suficiente para rebajar el número de contagios y los ingresos hospitalarios provocados por la segunda ola del Covid ahora, en una tercera embestida de la pandemia más crítica y mortal, se queda corto para una mayoría de gobiernos autonómicos, que han emprendido su propia guerra contra el virus ignorando las estrategias de sus respectivos cuarteles generales.
Los gobiernos autonómicos han emprendido su propia guerra contra el virus ignorando las estrategias de sus respectivos cuarteles generales
La desconexión de la mayoría de las baronías socialistas con Moncloa quedó patente en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado en Sevilla este pasado miércoles, cuando los consejeros llegaron a su cita con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, después de que Moncloa hubiera pasado los últimos días dando bandazos ante las exigencias de las comunidades para adelantar el toque de queda o decretar el confinamiento domiciliario, medidas que no contempla el estado de alarma.
Tras amagar con la posibilidad de llevar su reforma al Congreso, el Gobierno rebajó las expectativas. Primero fue su portavoz, María Jesús Montero, quien subrayó en rueda de prensa que las autonomías disponían de margen para ampliar las restricciones dentro de los límites legales que, demostró el Ejecutivo con su recurso al toque de queda de las ocho de la tarde en Castilla y León, no estaba dispuesto a dejar traspasar.
Después fue Salvador Illa, el mismo día en que el Covid alcanzaba un récord con 41. 576 nuevas infecciones, quien recomendaba “paciencia” para aplacar la curva y rechazaba una reforma del estado de alarma.
Reforma que requeriría del apoyo del PP, partido que no ha anunciado cuál sería el sentido de su voto porque, como el PSOE, se encuentra con unas baronías con una voz propia que son incapaces de controlar.
En su última rueda de prensa en Génova, Teodoro García-Egea evitaba dar pistas pero arrojaba la misma lectura que José Luis Ábalos. El secretario general del PP y el secretario de Organización del PSOE sostienen que se pueden modificar las medidas del estado de alarma sin pasar por el Congreso, eventualidad que los dos partidos quieren evitar como también quieren evitar problemas con sus barones.
Doble discurso
En la misma comparecencia, el número dos de Casado volvió a reclamar a Moncloa una estrategia única contra el virus y, sin embargo, defendió que eso no es incompatible con defender estrategias diametralmente opuestas como las de Alfonso Fernández Mañueco, Juanma Moreno y Fernando López Miras, que quieren adelantar el toque de queda a las ocho o confinar, y la de Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a pronunciar una de sus frases lapidarias asegurando que “para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten”.
Moncloa y PP no quieren dar un paso al frente con medidas que asumirán los sectores económicamente más castigados mientras son las comunidades, donde están transferidas las competencias sanitarias y las UCIs entran en fase crítica, las que también han de responder ante unos servicios saturados y una población asustada.
Los populares tienen complicado ser coherentes con su propio discurso, más parecido al de Díaz Ayuso que al de Mañueco
Son los populares los que tienen más complicado ser coherentes con el discurso que han venido pronunciando los últimos meses, más parecido al de Díaz Ayuso que, en el consejo interterritorial, defendió poder desplegar otras herramientas sin restricciones de movilidad como las planteadas por sus colegas.
La otra voz autorizada del partido, la del gallego Alberto Núñez Feijóo, no pretende por el momento confinar su territorio, pero defiende que si lo pide alguno de sus colegas “será porque lo necesita”. Por eso también ha defendido que el toque de queda pueda decretarse a las ocho o incluso a las seis de la tarde, cuatro horas antes de lo establecido como máximo.
‘Rebelión’ socialista
Para los socialistas, el problema es que casi todas sus autonomías se han ‘rebelado’. Tras la reunión del miércoles y a pesar de la elevada incidencia del Covid en Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha quedado conforme con la decisión de no volver a someter el estado de alarma a votación.
Pero Adrián Barbón, el más joven y el más felicitado por la evolución favorable registrada hasta el otoño y por la estrategia de vacunación, sigue considerando el confinamiento como medida más efectiva para frenar unas cifras descontroladas, y el crítico Emiliano García-Page defiende ampliar el toque de queda a las ocho de la tarde.
Tampoco los aliados internos de Pedro Sánchez, la presidenta balear, Francina Armengol, y el valenciano, Ximo Puig, han quedado conformes con el anuncio de Salvador Illa, después de que ambos pidieran el adelanto en dos horas del toque de queda coincidiendo con la petición de la mayoría de presidentes autonómicos.
Incluido Iñigo Urkullu. El lehendakari fue uno de los primeros en estrenar las fases de la desescalada después de reclamar con insistencia la recuperación de las competencias autonómicas la pasada primavera y hoy se suma al resto de comunidades para pedirle al Gobierno central el toque de queda a las ocho de la tarde. “Se está perdiendo una oportunidad para profundizar en el consenso que desde el viernes he venido proponiendo”, dijo el jefe del Ejecutivo vasco tras la reunión presidida por Illa.
A la práctica unanimidad se sumó la Generalitat de Cataluña, que ha calificado además de “inaudito y sorprendente” el recurso del Ejecutivo central al acuerdo de la Junta de Castilla y León que limita la movilidad en la comunidad autónoma desde las 20 horas con el objetivo de doblegar la tercera ola del Covid.
Mientras Illa defendía la negativa del Gobierno a la petición más extendida entre las comunidades argumentando que la limitación ahora planteada evita concentraciones en las mismas horas, se comprometía en todo caso a estudiar las propuestas planteadas. Sea cual sea su signo político, las baronías se han convertido en un contrapoder y a Moncloa no le interesa entrar en esa guerra.
Ajuste de cuentas pendientes
“De cara al próximo Congreso, la dirección socialista aboga por reforzar mucho la tarea del partido y, por extensión, reforzar y renovar en algunos casos los liderazgos autonómicos para hacer al PSOE competitivo en todos los territorios”.
En su comunicado para anunciar el Comité Federal que celebrará este sábado en Barcelona y que deberá servir para convocar los próximos congresos, el federal de mediados de octubre y los regionales antes de que finalice 2021, el PSOE señalaba de forma implícita a Andalucía, donde Susana Díaz llevaba tiempo esperando la señal de Ferraz postergada por otras urgencias orgánicas y políticas.
Se le habían adelantado sus críticos, que celebraron “la generosidad y la altura de miras” del primer secretario del PSC, Miguel Iceta, para echarse a un lado y dejar que sea Salvador Illa el candidato a las catalanas, dijo el diputado por Sevilla y vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Esta lectura, en la que han coincidido otros enemigos internos de la secretaria general del PSOE-A como el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, le ha resultado “desconcertante” a Susana Díaz que, en rueda de prensa y continuando con la comparación con los socialistas catalanes, recordó que “yo me he presentado dos veces a las elecciones y hemos ganado en ambas ocasiones y por mucha distancia con el resto de partidos”.
“Esto no va de que se quite nadie ni de que se impida que alguien se presente, sino al contrario”. Por eso, confirmando que se presentará a las primarias, “cuando llegue el congreso, los militantes, en libertad, elegirán”.
