CCOO ha publicado el informe ‘Análisis de la inflación’, en el que el sindicato subraya que, al contrario del discurso político y mediático predominante, no son los salarios los responsables del aumento de la inflación, sino los beneficios empresariales. Según el documento, los beneficios “fueron responsables del 106,3% del aumento de los precios en el cuarto trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año son responsables del 83,4% de la subida de precios”. Se trata de un fenómeno común en todos los países occidentales, pero que en España se está registrando con mayor intensidad. ‘El Siglo’ reproduce a continuación el documento.
Los precios crecen al 10,2%, según el IPC adelantado del mes de junio y la inflación estructural al 5,5% revelando un fuerte efecto de segunda ronda con origen en los beneficios empresariales, mientras que los salarios prácticamente no crecen, un 1,33% (media del 2,42% para 5,8 millones de trabajadores y trabajadoras que ya tienen firmado un convenio, y del 0% para los 4,8 millones que aún no lo han suscrito).
El efecto de segunda ronda de los beneficios se detecta también en la descomposición del deflactor del PIB (índice de precios de bienes de consumo e inversión) por fuentes de renta. Los beneficios empresariales son casi los únicos responsables del alza de los precios a finales del año pasado y principios del presente. Los beneficios fueron responsables del 106,3% del aumento de los precios en el cuarto trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año son responsables del 83,4% de la subida de precios. Este es un fenómeno que se está dando en todos los países occidentales por el elevado poder alcanzado por las grandes corporaciones, pero que en España es más intenso que en Europa.
Pero la prueba definitiva de los beneficios como originadores de este efecto de segunda ronda que impulsa la espiral de precios la proporciona el fuerte aumento de los márgenes de beneficio empresarial por unidad producida, en particular en algunas ramas de actividad. El margen de beneficios es lo que gana la empresa una vez descontados todos sus costes (energéticos, salariales, resto de materias primas, etc.) por unidad producida (ej. por litro de gasolina, por KWh, por m3 de gas, por coche producido, etc.).
Como se observa en el gráfico nº2, los márgenes de beneficio empresarial por unidad producida en España han estado históricamente por encima de los europeos. Esto es resultado de muchos factores, entre los que destaca el desequilibrio en el poder de negociación individual y colectivo en favor de las empresas que, desde mediados de los ochenta, han producido las sucesivas reformas laborales.
En particular, las reformas de 2010 y 2012 desnivelaron aún más la regulación en favor del poder empresarial, lo que se tradujo en una dura devaluación salarial. Prueba de esto es que el salario que se ganó en 2020 por realizar el mismo trabajo que en 2008 (es decir, 12 años antes) está un 6,4% por debajo en términos reales, según la última estimación proporcionada por el Índice de Precios del Trabajo del INE.
El excesivo margen de beneficio de las empresas españolas ha permitido que estas acumularan importantes reservas desde 2016, año en que su nivel de endeudamiento se sitúa por debajo de las europeas. Desde entonces, y hasta 2021, las empresas no financieras han acumulado 211.000 millones en reservas que han aparcado en la economía financiera restando posibilidades de crecimiento a la economía real.
Las entidades de crédito también han atesorado importantes reservas que han empleado para comprar autocartera y concentrar el beneficio en un menor número de accionistas, concentrando el poder y restando dinamismo a su transformación tecnológica y a la mejora de sus servicios que, por el contrario, han empeorado y se han encarecido por el aumento de las comisiones bancarias. En el último año, los 11 principales bancos elevaron en media un 24% las comisiones de mantenimiento de cuentas. Como se observa en el gráfico nº2, los márgenes empresariales flexionaron a la baja durante la pandemia, pero una vez superada iniciaron una senda alcista habiendo recuperado en la actualidad su nivel prepandemia y por encima de los márgenes europeos.
No todas las ramas de actividad se han aprovechado del río revuelto y de la alta incertidumbre para extraer más renta del bolsillo de los consumidores elevando sus márgenes. Pero entre las actividades donde los márgenes se sitúan por encima de su nivel previo a la pandemia y donde más se han incrementado en el último año destacan el sector energético (60,4% frente al 46,5% en la eurozona), financiero (25,7% frente al -0,6% de la eurozona) y manufacturero (7,4% frente al 1,3% de la Eurozona).
Los márgenes de beneficio de las empresas energéticas por unidad producida (KWh, litro de gasolina, bombona de butano, etc.) se han incrementado un 60,4% en el último año, frente a una subida del 46,5% en la eurozona. Los márgenes de las empresas financieras se sitúan por encima de las de la eurozona desde finales de 2016, gracias al cierre en el sector de entidades de crédito de sucursales, el recorte de plantillas y subida de comisiones bancarias que ha permitido el regulador público y que ha sido mucho menos intensa en Europa.
Este proceso de ajuste del empleo ha devenido en un peor servicio en particular para las personas mayores y la España que se vacía, y un aumento en paralelo de los beneficios de las entidades de crédito que han registrado cifras récord en el último año. El margen de beneficios por servicio financiero prestado ha subido un 25,7% en el último año, mientras que en la eurozona se ha recortado un 0,6%.
Aquí hay que considerar, además, que los bancos operan gracias a la potente concesión pública de poder crear dinero/crédito de la nada, lo que hace más difícil de entender que eleven sus márgenes y no sean ni siquiera capaces de proporcionar a las personas usuarias a cambio una plataforma de pagos gratuita. El sector manufacturero también ha aprovechado las situaciones de incertidumbre para elevar márgenes y recuperarse de la rebaja de beneficios durante la pandemia y el confinamiento. En el último año sus márgenes han subido un 7,4%, frente al 1,3% en la eurozona, ampliando el diferencial con Europa.
La agricultura, aunque haya recortado su margen de beneficio en el último año, mantiene una importante diferencia con Europa. Esta se explica por las malas condiciones de trabajo y precariedad laboral tradicional en este sector. Un botón de prueba de esto es que todos los años 14.500 españoles/as participan en la vendimia francesa pero no en la recogida de la fresa en los invernaderos en Andalucía. Mantener estos márgenes exige mantener un flujo constante de inmigrantes sin derechos para los que periódicamente las autoridades habilitan procesos de normalización a cambio de aceptar durante un tiempo más malas condiciones de trabajo.
Por último, las ramas de comercio, transportes y hostelería ya han recuperado sus márgenes de beneficio tras el recorte sufrido durante la pandemia. En particular, los hosteleros están en un rally de subida de precios para recuperar los beneficios no obtenidos durante el confinamiento y a pesar del importante apoyo público recibido recientemente desde el presupuesto público (cerca de 30.000 millones) y de los hogares (en torno a 9.000 millones en salarios no percibidos) para combatir los efectos de la pandemia e históricamente con los sucesivos planes de modernización del sector turístico financiados por las personas contribuyentes. En este sentido, los precios de la rúbrica de hoteles en el IPC se han incrementado un 45,4% en el último año.
Medidas para suprimir el alza de los márgenes empresariales
Hasta ahora se había propuesto por la Comisión Europea (plan RePowerEU) el aumento de la fiscalidad a las empresas energéticas para recuperar los beneficios extraordinarios generados por los márgenes excesivos. Y algunos Gobiernos, como el italiano o fuera de la UE el británico, habían tomado medidas en este sentido.
No obstante, aunque el incremento de la imposición a estas empresas sigue siendo recomendable, el fenómeno afecta a empresas fuera del sector de la energía -como se apuntó en el apartado anterior-, exige un rodeo y carga administrativa para mantener la demanda (pues se sube la fiscalidad para recuperar los beneficios extraordinarios que luego hay que transferir a los hogares para que mantengan su consumo) y la inflación ya es de dos dígitos, por lo que la agudización del problema exige de medidas más efectivas, incisivas e inmediatas.
En este sentido, habría que establecer precios máximos sobre bienes y servicios básicos con el fin de corregir el que algunas empresas estén aprovechando la coyuntura de incertidumbre para elevar sur márgenes de beneficios por unidad producida. Estos márgenes deberían incluso recortarse por debajo del nivel previo a la pandemia, ante la elevada diferencia que mantienen en algunos sectores en comparación con la eurozona para amortiguar la inflación.
Con este fin, se podría establecer un precio máximo revisable cuatrimestralmente para estos productos constituido por un precio de referencia para los costes variables y un margen de beneficio fijo por unidad física producida o servicio unitario prestado. El precio de referencia se revisaría al alza o a la baja en cada revisión cuatrimestral para compensar las desviaciones.
La fijación de precios es una potestad y competencia del Estado reconocida en el artículo 149.13 de la Constitución, donde se recoge su competencia exclusiva sobre bases y coordinación general de la actividad económica; que se emplea, entre otros fines, para corregir el funcionamiento no competitivo de algunos mercados y proteger así a los consumidores/consumidoras del poder de los monopolios y oligopolios. El aumento de los márgenes empresariales por unidad producida que se observa en algunas ramas de actividad -y que se detalló en el apartado anterior- junto a los beneficios récord de algunas empresas, son pruebas del mal funcionamiento competitivo de esos mercados y exigen la intervención estatal para evitar una espiral de precios mayor.
La fijación de precios máximos se ha ejercido históricamente en el pasado por el Estado en la energía, transporte y telefonía, hasta que estos sectores se liberalizaron y, al menos en teoría, empezaron a operar en competencia, aunque la elevada concentración de empresas siempre ha planteado dudas sobre lo competitivo que son en realidad los precios que fijan estas empresas privadas. Pero hoy en día sigue siendo habitual que la Administración central o territorial fijen precios mínimos (SMI y precios mínimos garantizados en la agricultura RDL 5/2020) o máximos: medicamentos y productos sanitarios, vivienda de protección oficial, energías renovables, precios de los alquileres en Cataluña, agua desalada, etc.
Recientemente el Gobierno ha hecho un uso intenso de esta potestad fijando precios máximos en las mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y test de antígenos, en el gas, la bombona de butano y el precio del alquiler de vivienda y locales comerciales, que se ha limitado al 4%.
Estos precios máximos deben garantizar la sostenibilidad económica en el medio plazo de las empresas que los apliquen y un margen de beneficio razonable. Asimismo, la regulación que los introduzca debe incluir sanciones suficientes para quienes incumplan la regulación y la advertencia de riesgo de expropiación si se produce desabastecimiento, dada la naturaleza básica de los productos y servicios a los que concierne y el régimen de concesión pública en el que se prestan o producen algunos de ellos.
