Destacado Económico / N. L.
El Foro de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), presidida por Gerardo Sánchez Revenga, ha perdido en su edición 2021, la 14ª celebrada hasta ahora, la oportunidad de hacer examen de conciencia y propósito de enmienda del escándalo detectado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que hizo públicas sus informaciones sobre la colusión de las grandes empresas de construcción e infraestructuras para estafar al Estado, un escándalo del que ‘El Nuevo Lunes’ dio amplia y pertinente información.
Siempre es pertinente exigir a las administraciones públicas eficacia y sobre todo honradez, pero cuando se establece un dialogo entre la Administración y las empresas privadas, entre el contratante y el contratado es igualmente pertinente exigir a éste, además de rigor en el cumplimiento del contrato, honradez. En definitiva, se espera juego limpio por ambas partes. Decencia.
Nadie habló de la estafa al Estado
Sorprende por tanto que en la edición de 2021, de ese encuentro entre empresas contratantes y la Administración Pública organizado por la patronal de estas empresas, Aesmide, nadie haya hecho referencia al fraude aludido, cuando las grandes empresas se organizaron durante años para estafar al Estado.
Nadie dijo ni pío, ni los empresarios integrados en Aresmide ni las autoridades que participaron en el evento, entre otros, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que inauguró el Foro; la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, que lo clausuró, y Cristina Herrero Sánchez, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quienes se escaparon valiéndose del lenguaje de madera, propio de malos políticos. Participó también en el evento el diputado del PP Mario Garcés, que atacó al Gobierno señalando que estamos en la cola de la recuperación de riqueza.
En la mesa redonda que cerró el encuentro, Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destacó el esfuerzo inversor de más de 40.000 millones de euros, de los cuales 16.300 se van a gestionar desde el Ministerio. De éstos, 7.000 millones serán para infraestructuras ferroviarias (Cercanías y mercancías); 2.500 millones, en carreteras, principalmente en mantenimiento, y más de 3.000 millones en materia urbana.
Juan Antonio Martínez, interventor delegado en la Fiscalía Anticorrupción, que podía haberse referido a la corrupción orquestada por los contratistas, se limitó a perorar sobre la complejidad de la legislación de contratos y bla, bla, bla.
Gerardo Sánchez Revenga destacó entre los objetivos del Foro dar a conocer a la Administración las capacidades de las empresas para solucionar sus necesidades, que el ADN de la asociación es la colaboración entre la Administración y la empresa, pero se abstuvo de mencionar cómo entienden esta colaboración algunos de sus asociados más importantes. En efecto, tenía razón al señalar que “las empresas en España son muy flexibles”.
Comportamiento delictivo de tinte mafioso
La CNMC, presidida por Cani Fernández, concluyó el pasado agosto una investigación que llevó a la picota a una buena parte de las compañías de construcción e infraestructuras prestando un extraordinario servicio contra la corrupción y en favor de la decencia en los contratos públicos, denunciando el comportamiento delictivo de tinte mafioso de importantes empresarios, organizados en cártel para delinquir, cuyos integrantes han sido pillados en prácticas concertadas de reparto de mercado, de forma que, según expresa la CNMC, “alteraba el resultado de licitaciones de servicios de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado”.
Las empresas implicadas son las siguientes: Acciona Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales; Aceinsa Movilidad dirigida por Juan Agustín Sánchez Bernal; Alvac, pilotada por Paula Valdecantos ; API Movilidad y su matriz Actividades de Construcción y Servicios (ACS), mandada por Florentino Pérez; Asfaltos y Construcciones Elsan y su matriz Obrascón Huarte Laín (OHL), propiedad de Juan Miguel Villar Mir; Audeca y su matriz Elecnor gestionada por Rafael Martín de Bustamante Vega; Elsamex y su matriz Ferrovial propiedad de Rafael del Pino; Innovia Coptalia y su matriz Copcisa Corp, cuyo presidente es Eloi Carbonell Santacana; Mantenimiento de Infraestructuras y su matriz Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que preside Esther Alcocer Koplowitz; SA de Obras y Servicios Copasa gobernada por José Luis Suárez Gutiérrez; Señalizaciones Villar dirigida por Francisco Javier Medrano Villar; y Sacyr Conservación y su matriz Sacyr dirigida por Manuel Manrique.
Las empresas sancionadas participaban sistemáticamente según averiguó la CNMC en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar “alterando las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) desde 2014 a 2018”. La CNMC califica la actitud de estas compañías en su comunicado del pasado 20 de agosto de “una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
En torno a un cafelito
El funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
El cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.
Gerardo Sánchez Revenga destacó entre los objetivos del Foro, dar a conocer a la Administración las capacidades de las empresas para solucionar sus necesidades, que el ADN de la asociación es la colaboración entre la Administración y la empresa, pero se abstuvo de mencionar cómo entienden esta colaboración algunos de sus asociados más importantes. En efecto, tenía razón al señalar que “las empresas en España son muy flexibles”.
De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.
Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cártel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.
El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la Administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección.
Se quedaron con el 70% de las licitaciones de Fomento
La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado, lo que da idea del impacto y alcance de este cártel.
Gracias a un chivatazo
La CNMC recibió en octubre de 2017 una información anónima alertando de la posible existencia de un cártel que afectaba al mercado de prestación de servicios de conservación y explotación de carreteras. Tras las inspecciones realizadas en varias sedes de las empresas que formaron parte del cártel en 2018, en julio de 2019 se incoó un expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo expediente sancionador que finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por la conducta de su filial (Ferroser).
Sánchez Revenga, a caballo entre el Estado y los contratistas
La Aesmide está presidida desde 2009 por Gerardo Sánchez Revenga, que pertenece a altos cuerpos de elite del Estado lo que le ha llevado a presidir la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca).
Nacido en Toledo el 21 de mayo de 1947, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y pertenece al Cuerpo de Contadores del Estado; al de Gestión de Hacienda Pública y al Cuerpo Superior de Interventores del Estado. Es también Censor Jurado de Cuentas. Revenga ha ejercido el cargo de interventor en distintas Administraciones e Instituciones del Estado (INI, Consejo de Estado, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y ha ocupado el puesto de secretario general de la Intervención General y el de delegado especial del ministro de Hacienda en Renfe.
Adicionalmente, es el presidente del Comité de Segunda Instancia de Emisión de Licencias UEFA, en la Real Federación Española de Fútbol. En la empresa privada desempeñó durante siete años (2001-2008), el cargo de consejero independiente en la sociedad cotizada Funespaña, de servicios funerarios.
Sánchez Revenga, que fue tesorero del Real Madrid, equipo patrocinado por Codere, empresa dedicada al juego de azar, presencial y digital, cuando en 2016 alcanzó un acuerdo con el club como casa de apuestas oficial para las siguientes tres temporadas, fue elegido en el pasado febrero consejero de esta empresa, que proclama su propósito de “brindar emociones a quienes eligen una experiencia de entretenimiento basada en apostar en un entorno seguro. ¡Ser apuesta, emoción, diversión, ilusión, cercanía, seguridad, confianza y compromiso social!”.
Revenga ocupa el cargo en representación de Masampe SL, propiedad de los fundadores de Codere, José Antonio y Luis Javier Martínez-Sampedro, junto a los hermanos Franco, propietarios de Recreativos Franco, en 1980. Sustituyó al ministro del Gobierno de José María Aznar, Pio Cabanillas, que se incorporó a la compañía en el año 2002, recién salido de su cargo como ministro portavoz del Gobierno.
Revenga es, pues, la figura perfecta para el ‘lobby’ de los contratistas y de forma especial del de suministros para la Defensa donde se mueve como pez en el agua.
