Virginia Miranda.
La conformación de un nuevo Gobierno ha provocado movimientos en el mundo de la Judicatura, dividida en trincheras políticas al calor de las anomalías provocadas por tanta interinidad. La del Ejecutivo y la del Consejo General del Poder Judicial; en funciones desde hace un año, renueva presidencias de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo con clara vocación conservadora. El contrapeso lo ponen las fuerzas de izquierda en las instituciones, donde jueces y juezas progresistas ganan terreno frente a una estructura derechizada que se resiste a perder su hegemonía.
Un sms fue el culpable de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permanezca en funciones desde hace un año. El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, interpretó el acuerdo de socialistas y populares para que Manuel Marchena sustituyera a Carlos Lesmes como “una jugada estupenda” para controlar “por detrás” la Sala Segunda del Tribunal Supremo –la que enjuicia los casos penales–, dando al traste con la posibilidad de renovar en tiempo y forma el Gobierno de los jueces; quien acabara siendo ponente de la sentencia del procés renunció al cargo tras la polémica.
La independencia judicial parece una quimera mientras persiste el debate sobre la elección de los vocales del CGPJ. Porque si bien unos defienden que los doce procedentes ámbito judicial han de ser elegidos por las asociaciones de magistrados y no por las Cortes como se hace ahora para evitar su politización, otros consideran que aquéllas representan mayoritariamente a profesionales de sensibilidad conservadora y se agudizarían los desequilibrios.
Mensajes al futuro Gobierno
Las asociaciones ejercen de hecho un activo papel político, sobre todo ahora que se negocia un nuevo Gobierno que habrá de traer consigo renovaciones y reformas pendientes. El 12 de noviembre, después de la firma del preacuerdo de Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) publicó un tuit apoyando “la conformación de un gobierno que sume las fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades”.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) replicaba este mensaje en la misma red social con el siguiente texto crítico: “En #AJFV cada juez individual querrá un gobierno. Ignoramos cuál y, además, no nos importa. Porque AJFV es una asociación apolítica cuya única ideología es la defensa de los valores constitucionales, la separación de poderes y la independencia judicial. #vitorinos”.
Días después era su recién elegido portavoz, Jorge Fernández Vaquero, quien hacía su particular petición al próximo ejecutivo en un artículo en Cinco Días, donde reclamaba que sean los jueces quienes elijan a todos los vocales del CGPJ porque el sistema actual “genera en la ciudadanía una percepción de falta de independencia”, exigiendo al Ejecutivo “no sacrificar el prestigio de las instituciones por intereses personales o de partido”.
Asociaciones frente al CGPJ
La sucesión de movimientos ‘políticos’ desde la Judicatura culminaba con la respuesta a Carlos Lesmes, presidente de un Poder Judicial interino que ha adoptado funciones ejecutivas criticadas desde Juezas y Jueces para la Democracia –progresista– y la Francisco de Vitoria –moderada– porque está en funciones desde hace un año y durante este tiempo ha aprovechado para abordar más de 40 nombramientos al frente de Tribunales Superiores de Justicia y las salas del Supremo.
Lesmes, en funciones desde hace un año, ha abordado más de 40 nombramientos en la cúpula judicial
Entendiendo que le corresponde adoptar estas decisiones al CGPJ que haya de nombrarse una vez se forme Gobierno, ambas asociaciones han recurrido la convocatoria de plazas judiciales pidiendo su suspensión cautelar, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha esgrimido que el “normal desarrollo de la administración judicial requiere la pronta cobertura de las vacantes” y “mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunción de legalidad”.
La jugada de Lesmes
La etapa de Lesmes, rodeado de ‘amigos’ de la misma filiación ideológica –en el mundo judicial se popularizó el acrónimo GAL para hablar del Grupo de Amigos de Lesmes–, se ha prolongado de forma artificiosa debido a la doble interinidad Ejecutiva y Judicial sin que ello haya supuesto un obstáculo para que jueces afines al presidente en funciones sigan encontrando en la Administración de Justicia el hueco dejado por las circunstancias.
Salvo el Supremo, donde las plazas se mantienen hasta la jubilación, el resto de altos cargos judiciales se renuevan cada cinco años. Por plazos, las renovaciones son pertinentes, pero desde JJpD y la AJFV entienden que existe una extralimitación de las competencias del Poder Judicial. O más concretamente de Lesmes, la mayoría conservadora del Consejo y parte de la minoritaria y dividida facción progresista.
La parálisis institucional ha regalado un año más al conservador presidente en funciones del CGPJ para incrementar el número de afines, a él y a sus vocales, en la cúpula judicial. Una cúpula sensible a la situación política hasta en el máximo órgano jurisdiccional.
Ecos de la división política
Por su parte, el Constitucional, que había mantenido la unanimidad en todo lo relativo al conflicto catalán, ha abandonado el consenso en torno a los recursos de amparo que presentó Oriol Junqueras contra la negativa del juez Pablo Llarena de permitirle acudir a la sesión constitutiva del Parlament en enero de 2018 –cuando el exvicepresidente de la Generalitat se encontraba en prisión preventiva– tras ser elegido diputado.
La unanimidad ha dejado de presidir las decisiones sobre Cataluña del Constitucional, que deja para enero el recurso de Junqueras contra una decisión de Llarena
Tanto es así que la falta de acuerdo entre los doce magistrados que conforman el pleno, particularmente porque el progresista Juan Antonio Xiol es partidario de estimar el recurso, ha retrasado la decisión hasta enero.
Juezas y jueces en el Ejecutivo
Con casi toda probabilidad, hasta enero se retrasa también la formación de Gobierno. Un Gobierno que, como ocurrió con el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, dará cabida a jueces y juezas progresistas que llegarán allí donde no llega la mano conservadora del Poder Judicial.
Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Dolores Delgado. Dos jueces y una fiscal se situaron al frente de tres ministerios en junio de 2018. La primera llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE en tiempos de Zapatero. El segundo levantó suspicacias a su llegada a Interior por el perfil conservador que le conferían sus fallos judiciales en la Audiencia Nacional pero ya se ha ganado la confianza del Partido Socialista. Y quien ocupa aún la cartera de Justicia en funciones llegó avalada por su pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales, su perfil reivindicativo y su hoja de servicios en un tribunal tan sensible políticamente como es la Audiencia Nacional.
Y en el Legislativo
En esta nueva etapa y a falta de que se concrete un eventual Gobierno de izquierdas, Sánchez ya ha hecho su primera apuesta por la judicatura progresista con el nombramiento de Pilar Llop, nueva presidenta del Senado y jueza de brillante expediente profesional que es toda una declaración de intenciones. Suyas y del PSOE.
Lo primero que la nombró el líder socialista fue delegada del Gobierno para la violencia de género, un asunto con el que estaba familiarizada tras su paso por el juzgado de violencia de género número 5 de Madrid. En 2015 fue elegida diputada autonómica en la Asamblea madrileña, donde entró tras concurrir en la lista de Ángel Gabilondo como número dos. De 2011 hasta aquél año estuvo en el Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde entre otras responsabilidades fue jefa de la Sección Observatorio Violencia Doméstica y de Género. Además, ha trabajado en países de la UE en situación de preadhesión y en reformas jurídicas vinculadas con la violencia de género en América Latina.
Para Podemos también cuentan
Los tres ministros en funciones pertenecientes del ámbito judicial no gozan del mismo peso en las quinielas del próximo Gobierno, pero entra con fuerza otra jueza en excedencia procedente de las filas de Podemos. Victoria Rosell es una de las ministrables de Pablo Iglesias. Renunció en 2016 a su escaño tras la denuncia del entonces ministro del PP, José Manuel Soria, a propósito de un caso que llevó como jueza. La causa acabó siendo archivada y su sustituto al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el juez Salvador Alba, fue condenado en pasado septiembre por maniobrar contra ella a favor del expolítico popular.
Rosell, que ganó una batalla judicial al exministro del PP José Manuel Soria, es la nueva jueza ministrable
En las elecciones de este año, Rosell regresó con fuerza a la primera línea política. La polémica felizmente resuelta a favor de quien también fuera portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia se ha convertido en una baza política de la formación morada contra las peores consecuencias de la politización de la magistratura.
Una politización que se inclina del lado de la derecha y que, con los nombramientos de un año en funciones, no hay Gobierno progresista que la enderece.
