El Tribunal Supremo ha anunciado esta semana la esperada sentencia del juicio del procés, lo que ha supuesto un nuevo escenario en la política de nuestro país a tan sólo un mes de las elecciones. El fallo judicial condena a los 12 acusados por sedición y malversación; pero no por rebelión como reclamaba la Fiscalía General del Estado.
A los líderes independentistas se les ha impuesto una condena de entre 9 y 13 años de prisión. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, es quien afronta la pena más alta. Los tres exconsejeros, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, han sido condenados a 12 años de cárcel, a los otros dos exconsejeros, Josep Rull y Joaquim Forn, les han impuesto 10 años y seis meses sólo por sedición y no por malversación; al igual que a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha sido sentenciada a 11 años y medio. Para los Jordis, líderes de ANC y Òmnium Cultural, la condena es de 9 años. Los otros tres exconsejeros, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, han sido condenados por desobediencia a 1 año y ocho meses de inhabilitación especial y a diez meses de multa de 200€ diarios.
El Alto Tribunal ha declarado que aunque en octubre de 2017 se registraron “indiscutibles episodios de violencia” en Cataluña no son suficientes para una condena por rebelión ya que para ello la violencia tiene que ser “instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”.
El ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestado su indignación calificando de “injusto y antidemocrático” el fallo judicial, ha insistido en la necesidad de la “amnistía” y ha pedido por carta reunirse con el Rey y con Pedro Sánchez.
Por otro lado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha declarado que “el acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento”, reitera, “su íntegro cumplimiento”, por lo que no contempla el indulto.
