La salida del Gobierno de Manuel Castells, que ha pasado de puntillas por el Ministerio de Universidades, pone el foco en cómo la mayoría de ministros morados no han conseguido ganar presencia pública ni acumular capital político, más bien al contrario. De forma inversamente proporcional a Yolanda Díaz, Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón están pasando desapercibidos y no fortalecen su papel de cara al ciclo político que se abre en 2022. No les ayuda ocupar carteras con escasas competencias, pero su gestión no ha estado ausente de patinazos, demoras y expectativas no cumplidas.
Después del Ministerio de Trabajo, el de Igualdad es el que ha desarrollado un trabajo legislativo de mayor calado entre los que ocupa Unidas Podemos. Pero eso no ha reforzado, de momento, la posición de una Irene Montero que ha visto como la tramitación de sus proyectos de ley se eterniza. Y eso que en verano se anotó una victoria política de calado en la Ley Trans. Carmen Calvo abandonó el Ejecutivo justo después de que Montero, que la sucedió como ministra de Igualdad, impusiera su criterio en el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Concretamente, sobre el extremo que más división generaba entre los socios de Gobierno, la llamada autodeterminación de género, con la que basta la voluntad para declararse hombre o mujer sin necesidad de un informe psicológico ni hormonación.
El anteproyecto de Ley Trans se aprobó en junio y todavía está en manos del CGPJ, que debe pronunciarse
Sin embargo, el anteproyecto fue aprobado en junio y todavía se encuentra en manos del Consejo General del Poder Judicial, que debe pronunciarse al respecto. La previsión del equipo de Montero es que el texto vuelva al Consejo de Ministros en primavera, para continuar su tramitación en las Cortes. Habrá que ver cuál es la opinión del CGPJ sobre el texto. A principios de año, su dictamen no vinculante sobre la Ley Orgánica de Libertad Sexual -conocida como ley de ‘sólo sí es sí’ y que está todavía en tramitación parlamentaria- fue muy crítico con los dos ejes de la norma: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.
No hay que perder de vista que el Ministerio de Igualdad fue una de las principales demandas de Pablo Iglesias a la hora de forjar el Ejecutivo de coalición y que Pedro Sánchez se resistió a concedérselo, precisamente porque las políticas de Igualdad son también una de las banderas del PSOE. Ocupar tan codiciada cartera no ha evitado que Montero sea la ministra peor valorada en el CIS, con una nota del 3,9 en octubre. Al mismo tiempo, es la ministra más conocida, por el 88% de los encuestados. Un porcentaje que se explica en buena medida por el protagonismo, para mal, que le conceden los medios de la derecha. Con Iglesias fuera del Gobierno, Montero le ha relevado en las preferencias de la caverna, a la que le sirve cualquier cosa para cargar contra ella. Por ejemplo, que se haga una cuenta en Tik Tok para difundir la labor de su Ministerio.
Belarra, ‘diluida’ en la Ley de Vivienda
Si Irene Montero es la ministra peor valorada en el CIS, la segunda es Ione Belarra, la responsable de Derechos Sociales tras la salida de Pablo Iglesias en mayo. Hasta su llegada al Gobierno, Belarra se había forjado una sólida reputación como ‘fontanera’, tanto a la hora de engrasar el funcionamiento del grupo parlamentario de Unidas Podemos como de afrontar negociaciones como la del diseño del Gobierno -con Félix Bolaños al otro lado de la mesa- o la del Ingreso Mínimo Vital -durante su etapa como secretaria de Estado de Agenda 2030-. Su tenacidad como negociadora ha quedado patente en la Ley de Vivienda, de la que Derechos Sociales es coproponente junto a la cartera que tiene estas competencias, la de Transportes y Agenda Urbana.
Está por ver que el desenlace de la negociación de la Ley de Vivienda no desgaste más a Belarra, que aspira a mejorar el texto con el apoyo de ERC, EH Bildu y Más País
Eso sí, está por ver que el desenlace de la negociación de la Ley de Vivienda no desgaste más su peso político. Unidas Podemos ha hecho grandes esfuerzos por llegar a un entendimiento con la parte socialista del Gobierno en esta cuestión -como también lo han hecho, en la otra dirección, en Transportes y en Moncloa- pero las posiciones iniciales de UP han quedado diluidas y quizá se queden cortas para su principal nicho de votantes, las personas entre 18 y 39 años, los más afectados por los precios inasumibles de la vivienda. Entre otras cosas, el texto abre la puerta a subir el alquiler de los nuevos contratos que se firmen en zonas tensionadas. No obliga a bajar la renta, como defendía desde el principio Unidas Podemos, pero sí fija un límite a las subidas -el secretario general de Vivienda, David Lucas, se oponía, apostando por los incentivos fiscales a los propietarios-.
Una muestra de las contradicciones a las que está haciendo frente UP -y el PSOE- en esta cuestión es la proposición de ley que se votó y quedó rechazada hace algunos días en el Congreso. El texto, impulsado por ERC, EH Bildu y Más País y elaborado por organizaciones como la PAH o el Sindicato de Inquilinos, con el apoyo de CCOO y UGT, proponía, por ejemplo, una regulación del precio de los alquileres mucho más ambiciosa que la recogida en el proyecto de ley del Gobierno -muy parecida a la que los morados defendían inicialmente-. Unidas Podemos votó a favor. El PSOE, en contra, junto a PP, Ciudadanos y Vox. Desde el Ministerio de Derechos Sociales aspiran a que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno mejore en el trámite parlamentario, y se puedan vencer las resistencias socialistas con el apoyo del resto de socios de investidura.
La Ley de Vivienda ha sido la gran aportación legislativa de Belarra -y prácticamente la única, junto a otros cuatro reales decretos de menor relevancia política y la Ley de Protección Animal, heredado de la etapa de Iglesias-. No hay que olvidar que Belarra ha tenido que compaginar su labor en el ministerio con su llegada a la secretaría general de Podemos, en un momento muy complicado para la organización, con los retos de feminizarla y frenar la centrifugación que sufre en multitud territorios. Belarra debe, además, blindar el espacio morado en el frente amplio que Yolanda Díaz quiere liderar. La ministra de Derechos Sociales subraya, siempre que tiene ocasión, que la vicepresidenta es su candidata y que en Podemos no se plantean más opciones. Pero no es menos cierto que hay inquietud en la formación morada ante la posibilidad de perder el papel de referente que hoy tienen en Unidas Podemos. Y más, en favor de un proyecto que termine siendo excesivamente personalista y arrincone a las organizaciones que lo sostienen.
Garzón, de puntillas por Consumo
El tercer ministro peor valorado en el CIS -con permiso de Castells, ya fuera del Ejecutivo- es un Alberto Garzón que cuando asumía el mando de un ministerio muy poco ‘sexy’, desde Unidas Podemos advertían de que, a pesar de sus escasas competencias, podía convertirse en una cartera con impacto en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, en ese momento advertían desde Unidas Podemos que podía regular la actividad de las casas de apuestas -una de las banderas de Unidas Podemos en los últimos tiempos por los problemas de ludopatía que están empezando a generar entre los jóvenes- y sobre el uso de plásticos y otros asuntos de consumo sostenible, como el de los desperdicios alimentarios. También puede mejorar la regulación sobre el etiquetado de los alimentos. Pero el gran reto del ministerio sería proteger los abusos y fraudes que sufren habitualmente los clientes de operadoras de telecomunicaciones, eléctricas, bancos o aseguradoras.
Iglesias ofreció a Garzón la posibilidad de ser el candidato de UP en la Comunidad de Madrid, tras el adelanto electoral de mayo, un ofrecimiento que Garzón rechazó
Sin embargo, después de casi dos años al frente de Consumo, el legado de Garzón es escaso. Le costó mucho regular la publicidad de las casas de apuestas, hasta el punto de que primero aprobó una normativa tan laxa que recibió fuertes críticas a la interna. Tuvo que recular y, en octubre de año pasado, aprobaba un Real Decreto que relegaba esa publicidad a la madrugada. El otro gran proyecto del ministerio hasta ahora, la Ley de Servicios de Atención al Cliente, recibía el mes pasado el visto bueno del Consejo de Ministros.
Quizá Garzón no acumule mucho capital político de puertas para afuera, pero en IU no tiene rival. Ha sido reelegido coordinador general con sobrada mayoría sobre su rival, José Antonio García Rubio, que estaba apoyado por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el predecesor de Garzón en el cargo, Cayo Lara. Garzón ha obtenido el 74% de los votos por el 20% de García Rubio, cuya candidatura contaba con un eje fundamental: recuperar la soberanía de IU y revertir la fusión electoral, que no orgánica -todavía-, con Podemos. La candidatura de Garzón incluía en los primeros puestos al secretario general del PCE y secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, a la eurodiputada Sira Rego o a la actual directora de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Amanda Meyer.
Iglesias le ofreció la posibilidad de ser el candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, cuando se conoció el adelanto electoral de mayo, un ofrecimiento que Garzón rechazó. Como también ha rechazado públicamente la posibilidad de liderar la lista de UP en Andalucía. “No me veo”, ha llegado a afirmar. Eso sí, Garzón es uno de los principales apoyos con los que cuenta Yolanda Díaz en la articulación del frente amplio.
