Mar de Fondo / Raimundo Castro
El 1 de enero de 2022 empezarán a aplicarse los nuevos Presupuestos aunque haya que aprobarlos el 31 de diciembre. No les quepa duda. Aunque tampoco habrá que esperar a tanto porque las enmiendas del Senado pueden volver al Congreso unos días antes de que termine el año.
En los últimos días he mantenido conversaciones con dirigentes tanto del PSOE como del PNV y de ERC y la filosofía es la misma. Como todos quieren que la legislatura continúe y la recuperación económica eche a andar desde ya con los dineros de la Unión Europea –y a los socios no les conviene desestabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez–, el duelo se transforma en una partida de mus que tiene mucho de farruquismo castizo, pero sin llegar al todo o nada. “No os podéis permitir el órdago”, dice Félix Bolaños, el representante del Ejecutivo central. Y Oriol Junqueras y Andoni Ortuzar, por ejemplo, le responden: “¡Vosotros tampoco!”. De modo que, una vez aceptado por todos ese planteamiento, se ponen a sacarse los puntos a la grande, la chica, los pares o el juego. Y de ahí no pasa.
Habrá Presupuestos a partir del 1 de enero porque ni el Gobierno ni sus socios pueden permitirse el lujo de echarse órdagos y acabarán negociando en el Senado
No hay problema estratégico. Como mucho, enfados por las tácticas empleadas. Por ejemplo, la que denuncian de Bolaños, que llaman “china” porque es la que emplean los herederos de Mao, averiguando previamente la hora de los aviones en los que regresan los adversarios a sus cuarteles de Occidente, para hacer la propuesta final. “El Gobierno tiene la mala costumbre de esperar al último minuto”, remachan los negociadores catalanes y vascos. Y en ésas estamos.
Porque Sánchez lo tiene todo –o “casi” todo, porque la no renovación del Consejo General del Poder Judicial es una viga en la rueda– programado para llegar a enero de 2024. Y empezar otra partida de mus con sus socios. Decisiva.
Aparte de volver a poner en marcha de inmediato la complicada Mesa de Negociación con la Generalitat catalana, debe abordar la financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el mes de enero en La Palma. Lleva desde 2018 en la faena y tenía previsto empezar la negociación en septiembre, pero la dejó apartada para no mezclarla con los Presupuestos. Ahora no hay excusa. Y tejer la tela de araña con los hilos que cuenta (las líneas aprobadas en Santiago de Compostela por la cumbre de Alberto Núñez Feijóo con cinco presidentes autonómicos ‘populares’ y socialistas, el proyecto del valenciano Ximo Puig y el plan contestatario de la díscola Isabel Díaz Ayuso) va a ser una tarea complicada para todo 2022. Sobre todo, si se adelantan las elecciones andaluzas.
Pero hay más complicaciones que abordar. La Reforma Laboral, la Ley de Memoria Democrática y, sobre todo, la reforma de la fiscalidad –que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ya ha avisado que formará parte del debate sobre los Presupuestos de 2023–, salpimentadas con la Ley Mordaza y alguna otra que forma parte de los compromisos electorales del PSOE y del Pacto de Gobierno con UP, van a dar mucho de qué hablar y escribir, polémicas mediante.
No hay que descartar, por otro lado, que la reforma fiscal se convierta en la excusa, fundamentada, de la ruptura pactada internamente del Gobierno. Sánchez y Yolanda Díaz –si consigue montarlo y opta finalmente a liderar el frente amplio– saben que a la vista de elecciones, un año o seis meses antes, como mínimo, los partidos coaligados se desmarcan el uno del otro para fijar sus aspiraciones propias y no ser fagocitados. Es de Catón, como se ha demostrado con las palabras del vicepresidente del Cs andaluz, Juan Marín, sobre el Gobierno de coalición andaluz. Y PSOE y UP harán lo mismo.
Súmesele a todo ello la ejecución y el control del gasto de los 140.000 millones europeos y no es difícil imaginar que Sánchez va a sudar la gota gorda. Eso sí, sin dejar de sonreír.
Periodista y escritor
