Julio Rodríguez López
El contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (PGE 2021) correspondiente a Vivienda implica un moderado crecimiento en el conjunto de las ayudas al gasto y en el importe de las desgravaciones fiscales incluidas respecto del Proyecto de Presupuestos para 2018. Una parte de los gastos previstos se va a financiar con recursos procedentes del instrumento Next Generation EU. Se está lejos de los niveles relativos de ayudas a la vivienda de hace más de diez años. Sin embargo, por primera vez en bastante tiempo hay un repunte de cierto alcance en la dimensión de las ayudas previstas para el acceso a la vivienda.
El gasto público directo destinado a la Vivienda asciende a 2.253 millones de euros en los PGE 2021 (474 millones en 2018). Dentro de dicha partida hay 72,0 millones de euros destinados a pagar subvenciones de intereses de planes precedentes. Esta partida tiene un lógico carácter decreciente. Dentro del apartado de gasto, 354 millones se destinarán a subvencionar el vigente Plan de Vivienda 2018-21. En dicho plan se incluyen sobre todo ayudas a los inquilinos para pagar el alquiler y subvenciones a la construcción de viviendas sociales.
Se echa en falta un empujón mayor en las partidas destinadas a favorecer un aumento significativo en el parque total de viviendas sociales de España, uno de los más reducidos de Europa
En cuanto a las ayudas al alquiler, podrán desde 2021 subsidiar alquileres de hasta 900 euros mensuales, mientras que hasta ahora el tope era de alquileres de hasta 600 euros al mes. Se conoce poco acerca de las viviendas sociales construidas por medio de las ayudas previstas en el vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-21. La escasa transparencia acerca del detalle del destino de las partidas de gasto realizado a través de las autonomías impide valorar el alcance de las ayudas para la construcción de dicho tipo de viviendas. Airef señaló en su día que las partidas de gasto público peor conocidas en su destino final dentro de los presupuestos anuales estatales eran las ayudas a la vivienda concedidas a las autonomías.
Los PGE 2021 incluyen 100,4 millones de euros para el denominado Plan 20.000, que prevé la construcción del mismo número de viviendas sociales destinadas al alquiler. Dichas viviendas se construirían en solares pertenecientes hasta ahora al organismo SEPES, donde se incluyen los situados en la zona de los antiguos cuarteles del Ejército en Madrid. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Medio Ambiente no específica qué carácter tendrían dichas viviendas, si serían viviendas protegidas o viviendas libres con posibilidades o no de reventa rápida.
La novedad del plan es la partida de gasto correspondiente a “Rehabilitación para la recuperación económica y social a través de las comunidades autónomas”. Dicha partida asciende a 1.550,6 millones de euros y cubre actuaciones de rehabilitación que desarrollarían las comunidades autónomas y que el Gobierno estatal subvencionaría con recursos procedentes de la Unión Europea. La rehabilitación de viviendas tiene buena prensa en España, está bien vista por todas las fuerzas políticas, pero sólo aumenta el escaso parque de viviendas sociales existente si se rehabilitan viviendas vacías.
En las viviendas ocupadas, con la rehabilitación se mejora la calidad de vida de los ocupantes, pero no aumenta, pues, con ello la oferta de viviendas de alquiler. El Gobierno hace una seria apuesta por la rehabilitación financiada mediante transferencias a las autonomías. Sin embargo, en los Presupuestos no se introducen partidas de gastos significativas como para inducir un aumento importante del exiguo parque disponible de viviendas sociales de alquiler.
Las ayudas fiscales al acceso a la vivienda se aproximan a 2.700 millones de euros (2.172 en los PGE de 2018). Dentro de dicha partida destaca el alcance de las partidas destinadas a desgravar fiscalmente el acceso a la vivienda. El primer componente de la partida total antes citada es el relativo a la deducción en la cuota del IRPF a los compradores de vivienda habitual, cuya cuantía se eleva a unos 940 millones de euros y que está suprimida para nuevos adquirentes desde 2013. De momento disfrutan dicha deducción en la cuota del IRPF unos tres millones de contribuyentes. La deducción en la cuota a los inquilinos por alquiler de la vivienda habitual asciende a 41,5 millones de euros, también en régimen transitorio tras la supresión de dicha figura por parte del Gobierno ‘popular’. La deducción citada la disfrutan un total de 213.709 contribuyentes.
La segunda deducción fiscal más relevante es la que obtienen los particulares que destinan viviendas al alquiler. El importe total de las deducciones se eleva a 671,2 millones de euros en 2021, correspondientes a reducciones en la base imponible del IRPF. Dicha reducción la disfruta un total de casi dos millones de contribuyentes. Están exentas del IRPF las ganancias patrimoniales obtenidas en la venta de una vivienda si se destinan a la compra de otra vivienda habitual. El alcance de las exenciones asciende a 340 millones de euros y la obtuvieron en 2019 un total de 61.850 contribuyentes. Las ganancias patrimoniales obtenidas por los mayores de 65 años por la venta de la vivienda habitual también están exentas en el IRPF, previéndose una exención en 2021 de 65 millones de euros por este concepto, disfrutada por un total de 7.841 contribuyentes.
Las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas obtienen una bonificación en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades prevista para 2021 de 48 millones de euros, disfrutada por 1.250 contribuyentes. Por último, la aplicación de un tipo impositivo del 10% en el IVA aplicado a la venta de viviendas de nueva construcción implica un tipo reducido de dicho tributo, ascendiendo el beneficio fiscal a 585,9 millones de euros.
El conjunto de las ayudas a la vivienda en forma de gasto (2.253 millones de euros) y de ayudas fiscales (2.697 millones de euros), 4.950 millones de euros, equivalen al 0,45% del PIB de la economía española previsto para el próximo año en los PGE 2021. Dicha proporción está entre las más reducidas en los países de la Unión Europea (0,6% del PIB).
Los PGE 2021 introducen, pues, algunas modificaciones sensibles en materia de política de vivienda, en especial dentro del componente del gasto destinado a la ayuda al acceso a la vivienda. Se echa en falta, sin embargo, un empujón mayor en las partidas destinadas a favorecer un aumento significativo en el parque total de viviendas sociales de España, uno de los más reducidos de Europa.
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE. Doctor en CC. Económicas por la UCM (1977). Es Estadístico Superior del Estado, en situación de excedencia, y Economista Titulado del Banco de España, en situación de jubilación. Ha sido consejero de Economía de la Junta de Andalucía, presidente del Banco Hipotecario de España, presidente de Caja de Ahorros de Granada, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es miembro de Economistas frente a la Crisis y de la Plataforma por una Banca Pública.
