Javier Quintana
Mucho hemos oído hablar estos días de esos seis magistrados conservadores del Tribunal Constitucional que han votado a favor de aplicar las medidas cautelares que solicitaba el PP en su recurso de amparo, paralizando así la votación en el Senado de las enmiendas propuestas por el Gobierno. Pero, ¿quiénes son exactamente esos todopoderosos jueces?
En primer lugar encontramos a Pedro González-Trevijano, actual presidente del TC. Fue nombrado en 2013 a propuesta del por aquel entonces gobierno popular. Era rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando se produjeron los escándalos sobre los títulos de máster protagonizados por Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. El `caso Máster´ retrasó su postulación al cargo, pero tras el archivo de buena parte de la causa prosiguió su camino hacia la presidencia. Su campus acogió a familiares de diversos políticos del PP, como Alberto Ruiz Gallardón o Jaime Mayor Oreja. Asimismo, organizó actos junto a José María Aznar o el cardenal Antonio Cañizares. A su llegada a la presidencia, en noviembre de 2021, se mostró dispuesto a calmar las aguas y buscar el consenso, pero la realidad es que solo un año después el órgano constitucional se encuentra ante la mayor crisis de su historia. Antes de ser nombrado, ya eran muchos los que se referían a él como el principal representante de las ideas conservadoras del tribunal. Su mandato caducó en junio, pero el bloqueo del Partido Popular a la renovación del poder judicial ha propiciado su estancia en el cargo. Su convocatoria de un pleno de urgencia para atender el recurso del PP y su posterior voto favorable a interrumpir la tramitación de las enmiendas, pese a que las mismas le afectaban personalmente, ya son historia de la democracia. Se define como liberal. Fue el ponente de la sentencia que declaró inconstitucional el estado de alarma.
En este grupo encontramos también a Antonio Narváez, catedrático de la Universidad Complutense y teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Es magistrado del TC desde junio de 2014, a propuesta del PP. En este caso, destaca su colaboración con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), liderada por José María Aznar. Fue propuesta personal del mismo Mariano Rajoy para el cargo en 2014. Es el otro magistrado que la Fiscalía pidió que fuera apartado del TC por tener el mandato caducado.
Otro asiduo colaborador de esta fundación es el magistrado Santiago Martínez Vares, conocido sobre todo por su fervor religioso. Y es que, en 2009, avaló la enseñanza de religión católica en segundo ciclo de Educación Infantil. Fue, además, uno de los jueces del TS que sentenciaron en 2010 que el castellano debía ser considerado lengua vehicular en las aulas catalanas. Sonó como posible candidato del PP a la presidencia del CGPJ en 2008, pero finalmente fue Carlos Dívar quien se hizo con el puesto.
Ricardo Enríquez, nombrado a propuesta del grupo popular en el Senado, también ha sido protagonista de la aceptación del recurso popular. Es conocido por desclasificar los papeles del CESID.
Los dos últimos de este sector conservador en llegar al tribunal de garantías fueron Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Se trata de dos candidatos propuestos por el PP el pasado año y que fueron aceptados por el PSOE en pos de un futuro pacto por la renovación del CGPJ que, a la vista está, no ha llegado. Pedro Sánchez no disimuló su disgusto entonces por estos nombramientos, pero cedió ante los populares para seguir dando pasos hacia un futuro acuerdo por el desbloqueo del Poder Judicial. El nombramiento generó la protesta de los socios de gobierno y de algunos sectores socialistas, que hacían hincapié, sobre todo, en la connivencia de Arnaldo con FAES y el PP.
En el caso de Espejel, fue en su día recusada y apartada del caso Gürtel junto a Enrique López por su “afinidad al Partido Popular”. De sobra es conocida su cercanía a María Dolores de Cospedal, a quien llamaba públicamente ‘querida Concha’ la exsecretaria general del PP. De hecho, siendo presidenta de Castilla-La Mancha le impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que concede el ministerio de Justicia, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Durante su etapa en el CGPJ defendió en varias ocasiones asuntos recurridos por el PP ante el TC, como es el caso de la ley del aborto. Por otro lado, juzgó el caso de los jóvenes de Alsasua procesados por terrorismo a raíz de una pelea con guardias civiles en un bar. Los acusados pidieron la recusación de la juez, al considerar que su matrimonio con un coronel del cuerpo ponía en entredicho su imparcialidad en el caso, pero les fue denegada.
En cuanto a Arnaldo, mantiene una gran amistad con Pablo Casado. Tal es su cercanía que fue el mismo Arnaldo quien acompañó al exlíder popular al despacho del director del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, donde Casado aprobó de golpe las doce asignaturas que tenía pendientes de su carrera de Derecho. Arnaldo era por aquel entonces profesor en la institución y, según Alberto Pérez de Vargas, exdirector del centro, entró a la sala diciendo que «el chico venía a terminar la carrera». Desde 2012, cuando abandonó el CGPJ, ha defendido a varios cargos del PP imputados por corrupción como el ex presidente balear Jaume Matas. Asimismo, su nombre estaba presente en las escuchas telefónicas del caso Lezo, y se le vinculó a las maniobras para que Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, saliera indemne de la causa por su ático en Málaga. Ha sido el ponente de la sentencia que ha paralizado la reforma del gobierno.
