Cristina Narbona
Hace unos días asistimos –con más indignación que sorpresa– a la enésima provocación del presidente de una de las compañías eléctricas más poderosas de España (y de Europa), que calificó como “tontos” a más de diez millones de ciudadanos que pagan su recibo de la luz según la “tarifa regulada”, con el argumento de que pagarían menos si se acogieran al “mercado libre”.
Obviamente, este señor considera la “tarifa regulada” como una herramienta del perverso Gobierno, que engaña a los consumidores con un precio decidido por el propio Gobierno, mientras el “mercado libre” garantiza mejores condiciones, ya que las compañías compiten para ofrecer las mejores condiciones posibles a sus clientes. Ya saben, el conocido paradigma propio de la peor versión del capitalismo, que denigra de la acción pública, protagonizada por incompetentes a los que pagamos todos con nuestros impuestos. Por cierto, ¿quién paga los 14 millones de euros anuales que cobra ese presidente –o sea, un sueldo que multiplica por más de cien veces el del presidente del gobierno–? Pues lo pagan todos los clientes de dicha compañía, al margen de su opción entre “tarifa regulada” y “tarifa libre”. Y su sueldo, así como los notables resultados de su empresa, no son sólo el resultado del mecanismo de formación de precios establecido para la “tarifa regulada” (que en ningún caso es una decisión arbitraria del Gobierno y que genera, a causa del diseño del mercado eléctrico, los denominados “beneficios caídos del cielo”), sino también de argucias varias, por las que incluso la compañía ha sido sancionada en algunas ocasiones.
Hay argucias varias que engrosan los resultados de algunas empresas. Por ejemplo, el uso gratuito de un bien público, el agua, para la producción de energía hidráulica que se vende en el mercado mayorista al precio del gas
Por ejemplo, gracias al uso gratuito de un bien público, el agua, para la producción de energía hidráulica, que se vende en el mercado mayorista al precio del gas. No en vano, durante la etapa de gobierno de Aznar, Benigno Blanco fue secretario de Estado de Aguas. Blanco procedía precisamente de esa compañía de la que hablamos, donde había sido responsable de sus servicios jurídicos; y durante su mandato casualmente se prorrogaron concesiones para el uso hidroeléctrico de numerosos embalses. Afortunadamente, el actual Gobierno ha comenzado a revisar las concesiones vigentes, en la perspectiva de recuperarlas en algún caso para la gestión pública de las mismas, y, en todo caso, para garantizar en el futuro condiciones más acordes con el interés general.
¿Cuan “listo“ es el citado actor del oligopolio eléctrico? Sin duda, muchísimo. Pero, como en toda actuación humana, aprovechar la supuesta inteligencia para beneficio propio, requiere de un determinado contexto que lo permite. Por eso hay que modificar ese contexto para defender el interés general, teniendo en cuenta que la energía es un bien básico, cuyo uso asequible y seguro debe ser garantizado por los poderes públicos. Y eso es precisamente lo que el actual Gobierno ha comenzado a hacer, planteando ante la Comisión Europea la necesidad de modificar las reglas de juego del “mercado eléctrico” –que tiene poco de mercado y mucho de oligopolio, es decir de concentración del poder en detrimento de los derechos de los ciudadanos–; hasta hace muy poco tiempo, la Comisión Europea se negaba a definir como “beneficios caídos del cielo” las ganancias extraordinarias de las compañías del sector, resultantes del diseño del mercado mayorista, pero esta evidencia aparece por fin en los informes comunitarios.
Además, el decidido impulso público a las energías renovables, que pueden ser producidas por los propios consumidores, comporta un decreciente poder del oligopolio.
Y no olvidemos tampoco que ahora resulta cada vez más difícil engañar a la opinión pública: cualquier persona puede hoy comprobar que, en realidad, el “mercado libre” está ofreciendo –a sus futuros nuevos clientes– precios a un año significativamente superiores al precio medio del último año de la tarifa regulada…
¿Será todo lo anterior la causa del exabrupto del citado presidente?
¿Le molesta quizás que se inicie, por fin, una transición hacia un modelo energético que permita a todos los ciudadanos considerarse al menos tan “listos” como él?
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
