Las autonomías están impacientes. La propuesta de reforma del modelo de financiación que Hacienda iba a presentar en noviembre llega con retraso con los barones apremiando desde varios frentes. Ximo Puig y Juan Manuel Moreno exigían en septiembre un “fondo de compensación transitorio” hasta que se acuerde un nuevo sistema que ya lleva siete años de retraso. Alberto Núñez Feijóo acaba de exigir con otros siete presidentes que se tengan en cuenta las particularidades de la España vaciada. E Isabel Díaz Ayuso se da por aludida respondiendo en contra de uno y otro bloque. Distintos, pero no diferentes. Los dos denuncian las desigualdades entre comunidades y de los dos participan dirigentes de distinto color político.
María Jesús Montero comparecía el pasado mes de septiembre en el Congreso anunciando que, antes de que acabara noviembre, presentaría una propuesta de reforma de la financiación autonómica, que tendría en cuenta las demandas de las comunidades sobre el reparto de los fondos del Estado y que daría el primer paso hacia un nuevo modelo, habiendo caducado el sistema vigente en 2014 sin que los Gobiernos de derecha y de izquierdas hayan sido capaces de atreverse aún a abordar un proceso que no concita unanimidad y sí muchas diferencias que trascienden la esfera de los propios partidos.
El reparto por población ajustada, las necesidades de la España vaciada y la aportación a la caja común son las cuestiones a debate
Entrado el mes de diciembre y pendientes de la comunicación del Ministerio de Hacienda y de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las baronías aguardan el inicio de la negociación habiendo tejido alianzas previas, una medida de presión evidente desde la víspera de la comparecencia de Montero; los presidentes de Andalucía y la Comunidad Valenciana, Juan Manuel Moreno y Ximo Puig, se reunían un día antes en el sevillano Palacio de San Telmo para acordar la exigencia de un “fondo de compensación transitorio” mientras se negocia un nuevo modelo de financiación autonómica que lleva años de retraso y que “en la actualidad sigue generando diferencias de recursos entre comunidades de más de 30 puntos porcentuales por habitante ajustado”, señalaban en un comunicado conjunto.
“Mantener esta situación no es sostenible”, lamentaba Puig en alusión a la prórroga sostenida por Pedro Sánchez. Todas las partes “deben ceder” y han de “aunar” posturas, advertía en rueda de prensa a principios de noviembre la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. “Ejercemos nuestro derecho a aportar a los grandes debates del país”, defendía hace unas semanas Alberto Núñez Feijóo durante la presentación de otro grupo de ocho autonomías que demandan soluciones para la España vaciada. No se puede mirar a Madrid con “agravio” ni atacar al “motor económico” español, sostenía poco antes Isabel Díaz Ayuso recordando que su Comunidad aporta más de lo que recibe.
Las espadas están en alto y los distintos frentes se preparan ya para defender los intereses de sus respectivos territorios, los que llamarán a votar entre una fecha aún indeterminada de 2022 –para las andaluzas, haya o no adelanto electoral– y mayo de 2023.
Población ajustada
A los barones valenciano y andaluz se les unía recientemente el murciano Fernando López Miras, aunque Puig y Moreno Bonilla siguen llevando la voz cantante en su equilibrada representación de los intereses de la ciudadanía por encima de los partidos y, este miércoles, el socialista y el popular volvían a apremiar a la ministra Montero con su entrevista conjunta en El Objetivo de La Sexta.
Este ‘frente mediterráneo’ es partidario de un reparto por población ajustada, un concepto que Hacienda ha manejado para preparar su rezagada propuesta sobre la reforma del modelo de financiación. Con él se espera determinar la cantidad de recursos que ha de recibir cada comunidad autónoma para poder financiar sus servicios públicos y ayudas a la recuperación y se compense la infrafinanciación. Pero no hay acuerdo sobre cómo hacer ese cálculo.
La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía reclaman que se tengan en cuenta particularidades como la población flotante –turistas y segundas residencias–. La España despoblada recuerda el encarecimiento que representa el envejecimiento y la dispersión de la ciudadanía en la atención pública. Baleares y las Islas Canarias subrayan las consecuencias de su insularidad. Y Madrid y Cataluña se quejan de que ya son las que más aportan al Estado y las que menos reciben –el concierto económico de País Vasco y Navarra las libra de participar de esta ‘batalla’ de los territorios–.
La despoblación ha sido la que más baronías ha movilizado, quizá por la amenaza electoral que representa una nueva plataforma que, según un primer sondeo, podría entrar en el Congreso con hasta 15 escaños. Alberto Núñez Feijóo ejercía así el pasado día 23 de anfitrión del Foro Santiago. Camino de Consenso, donde le acompañaron el popular Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), los socialistas Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Adrián Barbón (Asturias) y Concha Andreu (La Rioja) y el regionalista Miguel Ángel Revilla (Cantabria).
Los ocho presidentes acordaron una declaración conjunta con 35 puntos de consenso de cara la reforma del sistema de financiación autonómica –Ferraz llamó antes a los socialistas para asegurarse que mantendrían una postura común–, para que tenga en cuenta la dificultad de representar el 62 por ciento del territorio y poco más del 24 por ciento de la población. Su intención es hablar de “la necesaria ponderación de la sanidad, de la importancia de la demografía, del envejecimiento y de la dispersión como factores determinantes para el coste efectivo”. “El sistema de financiación tiene que ser ese dinero repartido de acuerdo con el coste efectivo de esos servicios”, subrayó el presidente de la Xunta.
Agravio comparativo
A los barones, también de su partido, no les gusta que Ayuso diga que está infrafinanciada pero baje impuestos
Dijo también Feijóo que aquél no era “un frente contra nadie”. Curiosamente, otro popular, desde una lectura diferente de la futura reforma, hacía la misma declaración meses atrás. Esta alianza “no es ningún frente” ni “va contra nadie”, aseguraba Juan Manuel Moreno tras sumar fuerzas con Ximo Puig, que acusa a la Comunidad de Madrid de “procés invisible” y “dumping fiscal”.
Isabel Díaz Ayuso no ha disimulado el nuevo desacuerdo que la separa de sus colegas de partido. Antes de la cita de Feijóo y Mañueco con Revilla y cinco presidentes del PSOE, en una entrevista en La hora de la 1, la madrileña pidió que no se mire a su comunidad con “agravio”, argumentando que no se puede atacar al “motor económico” del país.
De hecho, aseguró que la región está infrafinanciada porque aporta más a la caja común de lo que recibe. “Lo hacemos de manera solidaria”, pero “no me gusta que se trate a la Comunidad de Madrid como si fuéramos una región de ricos”. La acusación de “duming fiscal” la calificó de farsa y, dijo, “si yo subo los impuestos en Madrid, la empresa no se va a ir a Soria, se va a ir a otros países”.
La mera referencia a la mesa de negociación del Gobierno con Cataluña levanta ampollas a derecha e izquierda. Pero no se trata tan solo de su aspiración secesionista. También ocurre con Díaz Ayuso, que se queja de que el sistema de financiación no tiene en cuenta el incremento de la población en su comunidad y eso no le impide bajar impuestos. De hecho, contaba Cristina de la Hoz en El Independiente que el Foro Santiago. Camino de Consenso incluyó en un primer borrador plantear a Díaz Ayuso, sin citarla explícitamente, que asumiera las responsabilidades de sus anunciadas rebajas fiscales.
La referencia no apareció y Feijóo pudo decir sin riesgo a réplica que, si en la declaración de los barones representantes de la España vaciada alguien veía un frente, “es porque no quiere que hablemos”.
Los ánimos, sin duda, están caldeados. Y no parece que la propuesta del Ministerio de Hacienda vaya a hacer otra cosa que avivarlos aún más.
