A. M.
El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para aprobar ley de residuos. El plan se encuadra en la Estrategia de Economía Circular 2030 a la que ha dado el visto bueno con el objetivo de promover el reaprovechamiento de materiales. Según la estrategia, en los próximos diez años debe rebajarse un 50% el desperdicio de alimentos, mejorar un 10% la eficiencia en la gestión del uso del agua y llevar las emisiones de CO2 por debajo de los 10 millones de toneladas.
El anteproyecto prevé introducir un impuesto para los envases de un solo uso, los “no retornables que se fabriquen o introduzcan en el mercado español”, según ha explicado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El impuesto será indirecto y abonado por los fabricantes o importadores con una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico. El Ministerio de Transición Ecológica calcula que con él se recaudarán 724 millones de euros al año. Ribera ha insistido en que «no es la primera vez que aparece la necesidad de un impuesto específico para el plástico. Incluso en la Unión Europea se ha propuesto para el presupuesto comunitario.”
El objetivo es reducir la generación de residuos, sobre todo de plástico. Para conseguirlo, la ley obligará a los bares y restaurantes a ofrecer agua del grifo de forma gratuita, y así reducir el consumo de botellas de plástico. También se prohibirá la venta de utensilios de un solo uso como pajitas, cubiertos, tapas o platos a partir del 3 de julio de 2021. Los locales de comida rápida cobrarán por separado el material de plástico que ofrezcan a sus clientes, como ya ocurre con las bolsas en los comercios. Por último, se impedirá que los cosméticos tengan microplásticos añadidos, cuentan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
La normativa pretende que se recorte un 15% la cantidad de desechos en los próximos diez años, respecto a los niveles de 2010. Esto se traduce en eliminar 20 millones de toneladas sobre los 137 millones del año base. Se establecerá una jerarquía de preferencias que consiste en la prevención de generar desechos, su reutilización, reciclaje, valorización y, el vertedero como último recurso. La norma debe pasar aún por tramitación parlamentaria. El Ejecutivo espera que entre en vigor a finales de este año o principios del 2021.
