No ha tocado poder y Vox ya ha logrado que el presidente en funciones de Castilla y León le conceda sus principales demandas ideológicas: las políticas de género y de memoria democrática se verán arrolladas por la tramitación exprés de una ley de violencia intrafamiliar y la que denominan ley “de la concordia”. Sólo así, Alfonso Fernández Mañueco ha podido asegurar su investidura este lunes, 11 de abril. El barón popular ha conservado la presidencia de la comisión de secretarios generales y la dirección de comunicación, con las que Juan García-Gallardo presionaba para asegurarse su principal objetivo, pero arrancará la legislatura maniatado por una ultraderecha que también tiene atado corto a Alberto Núñez Feijóo.
Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo no tardaron en llegar a un preacuerdo de Gobierno. En menos de un mes y tras la negativa inicial de la anterior dirección nacional a ceder poder a Vox en la Junta de Castilla y León, el barón popular transigía con las condiciones de la ultraderecha y aceptaba su entrada en el Ejecutivo autonómico con una vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de las Cortes.
Desde entonces, la formación de Santiago Abascal ha hecho una demostración de fuerza a costa de la debilidad de un PP que, tras la renovación emprendida por Alberto Núñez Feijóo en el congreso extraordinario del primer fin de semana de abril, nace marcado por su inevitable dependencia de un partido ultra capaz de torcerle el gesto ideológico al más moderado.
Feijóo marcó distancias en Sevilla con Vox y Mañueco las ha acortado en Valladolid
Lo hizo en la primera rueda de prensa de Mañueco tras anunciarse el pacto, cuando el popular no supo explicar por qué un plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar se convertiría en ley de violencia intrafamiliar, el concepto empleado por la extrema derecha para negar la violencia machista –“Lo importante no es cómo se llama, sino en qué va a consistir”, dijo el entonces presidente en funciones–.
Esa dependencia volvía a hacerse visible en una de las primeras declaraciones de Feijóo tras confirmar su candidatura a la presidencia del PP, cuando puso de ejemplo a una víctima de violencia vicaria, la más cruel de las violencias machistas, para hablar de violencia intrafamiliar.
Lo decía antes de tener que matizar sus palabras y después de que el consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, asegurara que es “más demostrativo de la realidad de la sociedad” el término violencia intrafamiliar. En ambos casos, siendo complacientes con una formación que, con los 13 escaños obtenidos en las elecciones del 14 de febrero, ha conseguido que los conservadores cuestionen sus propia legislación y compromisos electorales: la ley gallega de prevención contra la violencia de género contempla las víctimas de la violencia vicaria y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, defendía en una sesión de control al Gobierno que “lo que ocurra en una comunidad autónoma no va a marcar lo que ocurra en otra comunidad”.
Esa fue su reacción cuando se hizo público el acuerdo de su colega Mañueco con el desconocido García-Gallardo. Y aunque los populares esperan un efecto Feijóo en el resultado de las próximas elecciones andaluzas –vuelve a hablarse de un posible adelanto electoral para el mes de junio–, las encuestas vaticinan que no tardará en desdecirse. Hasta el Centro de Estudios Andaluces (Centra), el CIS andaluz, augura que los populares ganarán los comicios pero no podrán gobernar sin Vox.
Vox se sale con la suya
Alfonso Fernández Mañueco llega a su investidura del 11 de abril con estos y otros antecedentes. Él y Alberto Núñez Feijóo, que no ha podido evitar que Vox se colara en su fiesta de proclamación postergando la sesión de investidura castellanoleonesa para dejarle un regalo envenenado; el primer Gobierno de coalición con la ultraderecha se constituirá una vez que el nuevo líder del PP ha tomado posesión del cargo por un retraso que los populares consideran deliberado.
En vísperas del cónclave sevillano, el partido de ultraderecha anunciaba los nombres de los tres consejeros de Agricultura, Industria y Empleo y Cultura, las carteras que había reclamado al barón popular. No quiso Sanidad, que tuvo Ciudadanos hasta que Mañueco rompió su pacto con la formación naranja, y logró que la vicepresidencia no estuviera vinculada a ningún otro departamento del Gobierno autonómico, permitiendo al inexperto García-Gallardo centrarse en el discurso ideológico.
A pesar de ello, la negociación no había terminado y Vox arrancaba la pasada semana reclamando las joyas de la Corona del Ejecutivo; la presidencia de la comisión de secretarios generales, que se encarga de coordinar las distintas consejerías y preparar las reuniones del Consejo de Gobierno, entre otras funciones, y la dirección de comunicación, que fija mensaje y controla 17 millones de euros a repartir entre la prensa regional.
Mañueco ha logrado conservarlas pero, a cambio, ha tenido que garantizar que Vox marcará su impronta ideológica desde el arranque de la legislatura. Después de que Alberto Núñez Feijóo marcara distancias con la ultraderecha de forma explícita en su discurso como nuevo presidente del PP, los de Abascal han obligado a los populares a rectificar por la vía de los hechos.
García-Gallardo se estrena en la vicepresidencia marcando perfil ideológico
Para que el presidente de las Cortes de Castilla y León (Vox), Carlos Pollán, convocara el pleno de investidura para este lunes, transcurridos más de cien días de Gobierno en funciones, Mañueco se ha comprometido a que la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley de Concordia se tramiten antes del 31 de julio y del 30 de junio, respectivamente.
El comunicado conjunto donde los dos socios anuncian los términos del acuerdo no precisa si la primera de las normas reemplazará a la Ley Autonómica de Violencia de Género o, como aseguró el barón popular tras el primer pacto con la ultraderecha, serán compatibles. Tampoco hace alusión al Decreto de Memoria Histórica aunque, en este caso, la tramitación de una ley lo anula de facto.
Una ley que estará inspirada por el partido de Santiago Abascal, que ha reprochado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, su alusión a Guernika para hablar de los horrores de la guerra ante las Cortes españolas –“habría sido más acertado hablar de Paracuellos”, ha dicho en Twitter el líder de Vox– y ha comparado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, y al presidente, Pedro Sánchez, con “el führer”.
Lo hacía el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso el diputado ultra, José María Sánchez, que con palabras provocadoras y tono exaltado volvía a estallar las costuras institucionales de la Cámara –él fue quien llamó “bruja” a una diputada del PSOE– y recordaba al PP que, lo que ahora puede ser vergüenza ajena, pueden acabar sintiéndola como propia. Algo de eso habrá cuando Feijóo, al cierre de esta edición, seguía sin confirmar si su agenda le permitiría ir a la investidura de Mañueco.
