Cristina Antoñanzas
El Salario Mínimo Interprofesional contribuye, entre otras muchas cosas, a reequilibrar el reparto de la riqueza, impulsar la economía, el empleo, el bienestar social y corregir las desigualdades pero también, y esto es muy importante, es un buen antídoto contra la brecha salarial. El 60% de las perceptoras del nuevo SMI son mujeres.
Es imprescindible incluir cláusulas en los convenios y en los planes de igualdad que introduzcan el concepto de igual salario para trabajos de igual valor y poner en marcha una Ley de Igualdad Salarial, negociada con los interlocutores sociales
Esta subida del salario mínimo, sin duda, nos adentra en el camino para alcanzar, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, para contribuir así a distribuir de forma más justa la riqueza que genera el país. Según los últimos datos de la encuesta de Estructura Salarial de 2017, publicada por el INE a mediados del pasado año, el crecimiento económico que se inició en 2014 sirvió para que, a la par que aumentaban los beneficios, aumentaran los trabajadores con rentas bajas.
El acuerdo que alcanzamos agentes sociales y Gobierno ha permitido elevar el SMI un 5,56% hasta situarlo en 950 euros por catorce pagas. Y de ello se han beneficiado 2,1 millones de personas trabajadoras –1,6 millones a tiempo completo, de las que 910.000 son mujeres (el 57%), y en torno a medio millón a tiempo parcial, tres de cada cuatro son mujeres–. A este respecto, hay que tener en cuenta que la mayoría querría trabajar a tiempo completo y, también por abrumadora mayoría son las que cogen las excedencias y reducciones de jornada por cuidados de hijos u otros familiares. Y eso tiene un coste en la vejez porque, cuando finaliza nuestra vida laboral, la brecha se amplía.
Se ha dado un paso importante, pero ahora hay que seguir presionando. Los empresarios tienen que cumplir el compromiso pactado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y lograr que ningún salario se sitúe por debajo de los 1.000 euros a finales de 2020. Esto será muy positivo, sin duda, para sostener el consumo de las familias y para aumentar los ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones, pero también para que las personas trabajadoras sean, al menos, menos pobres. No olvidemos que dos de cada diez mujeres asalariadas lo son.
Junto a ello hay que revertir las reformas laborales porque son una de las principales causas de la devaluación salarial que han sufrido trabajadoras y trabajadores de este país, porque han contribuido a aumentar la precariedad laboral y a desequilibrar las relaciones laborales.
Todo ello contribuirá a acabar con las discriminaciones salariales de todo tipo, y en particular con la brecha salarial de la mujer, cuyo trabajo se concentra en los sectores peor retribuidos y en las categorías salariales peor remuneradas. Por eso es imprescindible incluir cláusulas en los convenios y en los planes de igualdad que introduzcan el concepto de igual salario para trabajos de igual valor y poner en marcha una Ley de Igualdad Salarial, negociada con los interlocutores sociales.
Tenemos que seguir avanzando para cerrar la brecha; esos 6.000 euros de media que cada una de las mujeres dejamos de percibir año porque los empresarios optan por ahorrarse 42.155 millones de euros anuales por pagar menos a las mujeres.
Desde UGT insistiremos para que las personas trabajadoras abandonen el círculo de la pobreza y se extinga esa clase social de trabajadores y trabajadoras pobres que se consolidó tras la crisis con la aprobación de las reformas laborales y el recorte de derechos.
Vicesecretaria general de UGT y responsable de políticas en los ámbitos de Comunicación, Mujer Trabajadora, Migraciones, Juventud y la Unión de Técnicos y Cuadros. Licenciada en Biología, fue secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT La Rioja de 2007 a 2009, año en el que fue elegida secretaria de Salud Laboral y Empleo. En 2013 fue nombrada Secretaria General de UGT La Rioja.
