Irene Montero ha conseguido vencer las resistencias de Nadia Calviño sobre las bajas laborales por menstruación, incluidas en el proyecto de ley del aborto. La brecha entre Igualdad y la vicepresidencia primera se ensancha, con Calviño asumiendo el discurso feminista socialista, huérfano de liderazgo en el Gobierno tras la salida de Carmen Calvo. Con esta victoria política, Montero pisa el acelerador en su calendario de reformas legales y mantiene el objetivo de que la ley de derechos LGTBI -la conocida como ley trans- llegue el Congreso en este curso. Para más adelante queda el debate sobre la abolición o la regulación de la prostitución, un agrio debate que divide al feminismo y que enfrenta al PSOE con Unidas Podemos y el resto de la mayoría de la investidura.
La rueda de prensa de Irene Montero esta semana, tras el consejo de ministros, estuvo trufada de agradecimientos. A los equipos de los ministerios de Hacienda e Inclusión por su labor a la hora de pulir la nueva ley del aborto. También a Pedro Sánchez, por su “apuesta decidida y firme por que esta norma, de corte feminista”, salga adelante. Pero la ministra de Igualdad no dedicó ni una palabra a Nadia Calviño, la persona que ha cogido la bandera del feminismo socialista en el Gobierno, tras la salida de Carmen Calvo hace casi un año.
La intención de Igualdad con la ley trans -que incluye la autodeterminación de género a pesar de la oposición de buena parte del feminismo y de Carmen Calvo en el Gobierno- es que se apruebe antes del verano
La vicepresidenta ha ganado repercusión en esta materia con decisiones como negarse a participar y a posar para las cámaras en encuentros en los que fuera la única representante femenina. Y la semana pasada, en mitad del debate sobre la posibilidad de conceder bajas laborales a las mujeres con menstruaciones dolorosas, Calviño subrayaba que el Gobierno “está absolutamente comprometido con la igualdad de género”, pero al mismo tiempo también señalaba que “nunca va a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres”.
En el mismo sentido se manifestaba también la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, o el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. “Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo”, decía Escrivá. Unas palabras que no han evitado que Montero le haya agradecido el trabajo durante la elaboración de la ley, al contrario que con Calviño. Tras recibir el respaldo público de Yolanda Díaz, Montero afirmaba en la Ser que “lo que es estigmatizante es que tengamos que vivir nuestra regla en soledad, desde la vergüenza y la culpa […] trabajando con dolor porque no hay una ley que protege a las mujeres”.
El IVA reducido para la higiene femenina se queda fuera
Haber sacado adelante las bajas laborales por la regla, le ha costado a Irene Montero hacer concesiones en casi todas las demás cuestiones sensibles de la ley
Montero ha conseguido que las bajas laborales a causa de la menstruación hayan sido aprobadas por el Gobierno prácticamente tal cual estaban en el borrador original que manejaba Igualdad. Las “menstruaciones incapacitantes”, como se denominan en el texto de la ley, serán sufragadas por la Seguridad Social, en las mismas condiciones que ya existen para los permisos por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia. No tendrán límite de días, ni máximo ni mínimo, ni tampoco de veces que se puede solicitar a lo largo del año. Eso sí, para que esta incapacidad temporal sea reconocida, hará falta un diagnóstico de un ginecólogo del sistema público de salud. Una vez ese diagnóstico esté incluido en la historia clínica, la baja se concederá en el centro de atención primaria.
Este éxito político, le ha costado a Irene Montero hacer concesiones en casi todas las demás cuestiones sensibles de la ley. Por ejemplo, los permisos preparto se concederán sólo a partir de la última semana de embarazo -Igualdad pretendía que fuera desde la semana 36-. El Ministerio de Justicia ha conseguido dejar fueran la persecución penal de las parejas que utilicen la gestación subrogada. Y el de Hacienda, que no se aplique el IVA superreducido para compresas y tampones. Eso sí, la ley refuerza el derecho al aborto, amparando que las jóvenes mayores de 16 años puedan hacerlo sin el permiso paterno -como instauró el Ejecutivo de Mariano Rajoy- y garantizando que se pueda hacer en hospitales de la red pública.
La ley se tramitará por la vía de urgencia, reduciendo los plazos a la mitad y evitando posibles retrasos con el dictamen preceptivo del CGPJ. El malestar en Igualdad con el órgano de gobierno de los jueces, que no destaca por funcionar en plazo, es patente. El informe que el CGPJ aprobó en abril sobre la ley trans llegó con tres meses de retraso, una demora que ya había sucedido con la ley del sólo sí es sí. En Igualdad, además, son conscientes de que a la legislatura le queda, como mucho, año y medio. Y su intención es que el texto esté en vigor antes de ir a las urnas. El objetivo es evitar que se repita lo sucedido con la ley trans, cuyo anteproyecto fue aprobado en junio de 2021, pero la tramitación se ha alargado tanto que todavía no ha recibido el visto bueno definitivo del consejo de ministros. La intención de Igualdad con la ley trans -que incluye la autodeterminación de género a pesar de la oposición de buena parte del feminismo y de Carmen Calvo en el Gobierno- es que se apruebe antes del verano, para que arranque su tramitación en el Congreso y el Senado.
El nudo gordiano de la prostitución, aplazado
El Ministerio de Igualdad se lleva la palma en tramitaciones farragosas por las diferencias en este tipo de cuestiones entre PSOE y Unidas Podemos. La ley de libertad sexual, la conocida como ley de sólo sí es sí, se aprobó en consejo de ministros el pasado mes de junio, pero ha estado a punto de descarrilar y que ni siquiera llegara al pleno del Congreso. El miércoles, los socialistas retiraban una enmienda sobre la prostitución, de carácter abolicionista, que contaba con el apoyo del PP, pero que era rechazada por toda la mayoría de la investidura. La enmienda fue introducida por el PSOE en la recta final de la tramitación en comisión, sin haber sido negociada. Finalmente, la han retirado ante el riesgo real de ruptura.
El acuerdo en el seno de la coalición parecía concretarse en que la ley de libertad sexual girará exclusivamente sobre los derechos sexuales de las mujeres, y que la prostitución y la explotación sexual quedarán aparcadas para incluirse en la ley de trata sobre la que se está trabajando. El proyecto de Igualdad pasa por regular la prostitución, enfocando las penas sobre el proxenetismo -también el no violento- y sobre quien se lucre con el alquiler de locales destinados a la explotación para la prostitución -la “tercería locativa”, según su término jurídico-.
Sin embargo, el PSOE ha contraatacado con un proyecto de ley que reclama la prohibición de su ejercicio y la persecución penal del proxenetismo, junto con fuertes multas para los clientes. “Abordaremos, de forma definitiva, y sin más dilación, la abolición de la prostitución en nuestro país. Y ahora sí, aunque nos quedemos solas de nuevo”, subrayaba el jueves la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Entre otras cosas, el texto incluye una reforma del Código Penal para castigar, con penas de prisión de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses, a quien facilite la prostitución de otra persona, “sin exigir la relación de explotación”. Un nuevo pulso en el que habrá que ver si Unidas Podemos se lleva el gato al agua como con la ley del aborto.
