El Acento/ Inmaculada Sánchez.
Estamos tan ineludiblemente pendientes, día a día, de la evolución de la pandemia del coronavirus en el mundo, en nuestro país y en nuestra ciudad, que hasta avergüenza un poco prestar atención a otros asuntos. Pero es de reconocido respeto y debida moralidad atender como corresponde a informaciones como la reciente declaración, este pasado jueves, del exministro Martín Villa ante la justicia argentina, pese a darse por video conferencia desde su embajada en Madrid.
El incombustible exministro franquista, ucedista y eterno aliado de la derecha realista, que se mimetizó con los deseos de cambio de la inmensa mayoría de los españoles en los años 70 y 80, se ha creído, al estilo del emérito, Juan Carlos I, que la historia le proteje y que las acusaciones que vienen persiguiéndole desde hace años como responsable de muertes y asesinatos durante la Transición nunca llegarían a tocarle porque él ya había logrado su lugar en el relato oficial.
Las investigaciones judiciales a Martín Villa o a Juan Carlos I no deben desenfocar el juicio histórico a la Transición, como tampoco nadie debe apropiarse personalmente de un logro colectivo para eludir responsabilidades personales
Lo sorprendente, a estas alturas, no es que la perseverante jueza María Servini, tildada de ‘viejuna’, fuera de la realidad e impenitente amiga del exjuez Garzón, como si ello fuera en demérito en su impoluta carrera, mantenga vivo un caso destinado a la papelera de las eternas investigaciones sin resolución. Lo llamativo es que, después de haber logrado su declaración como imputado, tras meses de resistencia del exministro, una insospechada corte de ‘amigos de la Transición’, categoría premium, como expresidentes de gobierno, exministros y exlíderes sindicales de aquel entonces, hayan salido de su arrinconado lugar público para poner en valor lo mucho que hizo Rodolfo Martín Villa por el pacífico tránsito de la dictadura franquista a la democrática España actual.
Habrá resultado muy gratificante para el exministro seguir contando con tan nobles amistades. Pero ante un proceso judicial no debería ser determinante presentarse ante el juez con cartas de amigos que certifican tus virtudes, por muy alto rango que sus nombres ostenten. Sobre todo, cuando no aportan nada a los hechos a dirimir, y solo abundan en la ‘bondad’ que acompañan al investigado otras derivadas de su responsabilidad política. Que les cuenten, si acaso, el método a otros ciudadanos, juzgados por desahucios o por delitos menores que acaban condenados sin hueco en titular de prensa alguno. Seguro que lo agradecen si las cartas de adhesión surten el mismo efecto.
Todo ello resulta demasiado cercano al otro gran caso judicial que amenaza la inviolable pátina de nuestra ‘sagrada Transición’: la investigación al rey emérito, Juan Carlos I, por blanqueo de dinero y delito fiscal tras haber cobrado presuntas comisiones por el contrato del AVE a la Meca que nunca podrán ser investigadas ni juzgadas, por su parte, debido a la inviolabilidad del monarca en aquellos precisos años en que ostentaba la Corona, según recoge la Constitución. También con Juan Carlos I se han movilizado en su defensa políticos que coincidieron con él tras la muerte del dictador, en especial Felipe González y Alfonso Guerra.
Flaco favor hacen estos gestos de apoyo a personajes como los citados para que las jóvenes generaciones que luchan por su futuro en tiempos tan aciagos como los actuales empaticen con los que lucharon por la España de las libertades o consideren que éstas necesitan seguir siendo defendidas. ¿Acaso Juan Carlos I o Rodolfo Martin Villa merecen ser exonerados de responsabilidades penales que la justicia considere probadas porque ocuparon un papel relevante e idóneo entre los que construyeron el tránsito pacífico del franquismo a la democracia?
El más insospechado de los apoyos a Martín Villa del comunicado de expresidentes del Gobierno dirigidos a la jueza argentina que le investiga, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho posteriormente en una entrevista a Eldiario.es que: «Sin haberlo vivido no es posible un juicio objetivo». Cuesta creer que el dirigente socialista que mejor conectó con la España progresista que quería liberase de una vez por todas de las hipotecas de la Transición continúe abonando semejantes argumentos. Si los actuales, que hoy están en el Gobierno, siguen siendo presos de ellas, corren el riesgo de perder el pulso de los tiempos.
La Transición no está siendo juzgada con Juan Carlos I ni con Martín Villa, como pretenden quienes los arropan para minimizar sus cargos. Más bien, se pudo hacer y construir por el empuje y sacrificio de otros muchos ciudadanos y dirigentes políticos, sindicales y sociales, bien lejanos a los honores que el emérito y el exministro se arrogan para defenderse en sus actuales frentes judiciales. Demasiado tarde llegan estas actuaciones judiciales. Como la del Pazo de Meirás, al que una jueza acaba de declarar propiedad del Estado, décadas después de que no solo Franco, sino sus herederos, Transición mediante, hayan usurpado para su uso y disfrute particular. Y luego dicen que hicimos una Transición ejemplar…
Periodista y directora de El Siglo desde 2011, revista que contribuye a fundar, en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas Cambio 16 y El Nuevo Lunes y en la Cadena Ser. Actualmente también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE y de Telemadrid.
