Cristina Narbona
Mientras escribo estas líneas, asistimos al inicio de un proceso de extraordinaria importancia para el futuro de nuestra convivencia. La mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña arranca gracias, sobre todo, al empeño de Pedro Sánchez de ensayar una vía, hasta ahora no explorada, frente a los planteamientos secesionistas (y, en el otro extremo, los de la derecha más radical) que fracturan la sociedad catalana y generan tensiones con el resto de España. Esa determinación a favor del diálogo conecta con el sentir de muchos ciudadanos de Cataluña que, al margen de su ideología, desean superar una situación con graves efectos económicos y sociales cada vez más evidentes.
Por largo y difícil que sea el camino que hoy se emprende, sólo el PSOE está en condiciones de liderar la búsqueda de consensos aceptables para todas las partes, compatibles con el respeto al marco constitucional
Recomiendo la lectura del documento “La agenda del reencuentro”, para que comprueben que ninguna de las 44 propuestas que lo conforman vulneran el marco constitucional; y recordemos, además, que los vigentes Estatutos de Autonomía constituyen el desarrollo del Título VIII de la Carta Magna, ya que buena parte de las propuestas contenidas en dicho documento se corresponden con previsiones del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña que, por razones varias, no han llegado a materializarse.
Por supuesto, desde la Generalitat se ha seguido insistiendo en su voluntad de centrar los debates de la Mesa de Diálogo en determinadas cuestiones –derecho a la autodeterminación, libertad para los presos condenados por la convocatoria de un referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia…–; pero el Gobierno de España ha reiterado que tales cuestiones no serán objeto de negociación, y por lo tanto resultan completamente injustificadas las acusaciones de los partidos de la derecha por la supuesta ilegalidad de esta Mesa de Diálogo, calificada ayer por el portavoz del PP en el Senado como la “mesa de la vergüenza”.
Ya sabemos que desde la derecha no se ofrece ninguna solución efectiva, más allá de la eventual aplicación por tiempo indefinido del artículo 155 de la Constitución, aplicación que el propio Tribunal Constitucional ha rechazado.
Todo camino, por largo que sea, comienza con un pequeño paso. Así reza un antiguo proverbio africano. Y somos conscientes de que hay partidos políticos, que se autodenominan constitucionalistas –o todo lo contrario–, que están evidentemente interesados en mantener, de forma muy irresponsable, la confrontación. Pero considero que, por largo y difícil que sea el camino que hoy se emprende, sólo el PSOE está en condiciones de liderar la búsqueda de consensos aceptables para todas las partes, compatibles con el respeto al marco constitucional. Y así lo creo porque el PSOE es el único partido político que, con 141 años de historia, ha gobernado en democracia en todas y cada una de las Comunidades Autónomas, y que mantiene una importante representación institucional en todos los territorios –a diferencia de la irrelevancia del PP, el otro principal partido de gobierno, que prácticamente ha desaparecido en Cataluña y ha retrocedido significativamente en Euskadi–.
La experiencia del PSOE comporta un profundo conocimiento de nuestra sociedad en todos los territorios, y una estrecha conexión con dicha sociedad.
A mi juicio, esa experiencia del PSOE resulta imprescindible para abordar el diálogo con la Generalitat con la capacidad de tener siempre en cuenta la diversidad que debe respetarse, de acuerdo con nuestra Constitución, manteniendo al mismo tiempo la garantía de la igualdad de todos los españoles en el disfrute de los derechos establecidos en la Carta Magna. El PSOE dispone actualmente de un proyecto para el conjunto de España, con capacidad de enfrentar con éxito los desafíos globales y locales de nuestro tiempo. Una propuesta que ha permitido al PSOE ser el partido político más votado en cinco citas electorales durante 2019: y que, previsiblemente, favorecerá también resultados satisfactorios en las próximas elecciones en Galicia y en Euskadi, ya que los ciudadanos de esas Comunidades están comprobando cómo el Gobierno de coalición está cumpliendo, de forma inmediata, algunos de los compromisos más importantes, entre otras cosas, para reducir las desigualdades sociales y la precariedad laboral que afectan a los catalanes igual que al conjunto de los españoles.
Sí, somos bien conscientes de que el camino será largo y difícil. Pero, sin duda, vale la pena: y no se trata de instalarse en un optimismo ingenuo ni en un pesimismo estéril, dada la envergadura del desafío. Se trata, por el contrario, de practicar un activismo responsable, de promover ese necesario reencuentro desde la atención prioritaria a problemas que en Cataluña se han agravado por la parálisis en la relación entre las instituciones. La inacción, en política, suele comportar a medio plazo muchos más costes que la toma de decisiones, aunque no se consigan resultados inmediatos. Creo que todos, cada uno desde nuestra responsabilidad, debemos contribuir a crear el mejor clima posible en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española, para que el reencuentro deje de ser una utopía. Y recordemos que la política no es el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible aquello que resulta necesario.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
