Carles Campuzano
La XIV legislatura no va ser sencilla ni apacible. De hecho, desde ya hace muchos años las legislaturas españolas no son fáciles ni previsibles. Seguramente nunca lo han sido. Pero en estos ultimas años, el sistema político, más o menos estable, que conocimos durante tres décadas, se desvaneció. Al menos desde el ciclo que se inició en el 2009 con la Gran Recesión y siguió con la irrupción del Procés en Catalunya en 2010, el agotamiento del sistema de partidos nacido y consolidado durante los años 80 y 90 del siglo pasado y el deterioro de las instituciones nacidas con la Transición, España vive inmensa en una profunda crisis política y social. Y no parece, ni muchos menos, que hoy hayamos superado esta situación.
La prisión y el exilio, que escandalizan a la mayoría de esa sociedad, no sólo han degradado la democracia española, sino que son también un campo minado que debe de recorrerse con iniciativas audaces si se quiere encontrar esa salida acordada, que estoy seguro de que la mayoría desea
Y es que, a pesar de la recuperación económica de estos últimos años, con la creación de empleo y la mejora de algunos indicadores económicos fundamentales, la etapa que vivimos continúa cargada de dificultades políticas enormes, un deterioro de condiciones sociales profundo y desafíos estructurales de hondo calado. Ahora bien, lo que también es cierto es que superar esta crisis política y social exige, al menos desde quienes defendemos una concepción moderna, abierta y progresista de la sociedad, que el actual Gobierno dure y que dure más de una legislatura. Sólo si se consolida la mayoría que hizo posible la investidura de este mes de enero estaremos en condiciones de resolver algunos de estos retos políticos, económicos, sociales y ambientales a los que nos enfrentemos. Ciertamente, esta afirmación en este tiempo liquido y de política ‘fast food’, puede sonar extravagante. Pero lo que es cierto es que la magnitud de los retos que hoy afrontamos no van a poder afrontarse en un ciclo político corto.
En el terreno político, Catalunya es la principal cuestión que debe afrontar el Gobierno y la mayoría que lo sustenta. La vía del diálogo, la búsqueda del acuerdo, la construcción de la salida democrática que el conflicto exige va a continuar sometida a prueba diaria. La dinámica abierta con el traspaso a la Judicatura de la responsabilidad de afrontar las demandas democráticas que planteaba la sociedad catalana no se va a detener con facilidad. La prisión y el exilio, que escandalizan a la mayoría de esa sociedad, no sólo han degradado la democracia española, sino que son también un campo minado que debe de recorrerse con iniciativas audaces si se quiere encontrar esa salida acordada, que estoy seguro de que la mayoría desea. Pero si además se aspira a construir una solución que tenga la ambición de resolver por un periodo relativamente largo de tiempo las demandas catalanas de reconocimiento nacional y poder político que son ampliamente compartidas en Catalunya, en algún momento una parte significativa y mayoritaria del centroderecha español deberá decidir abandonar sus trincheras y participar en la búsqueda de soluciones acordadas y refrendadas por la sociedad catalana. Por más extravagante que suene eso hoy, pero es que cualquier reforma sostenible en el tiempo exige asumir este enfoque. Y la derecha, seguramente, deberá pasar un largo tiempo en la oposición hasta que asuma que no puede aspirar a gobernar España menospreciando Catalunya.
En el terreno económico y social, la mayoría gubernamental debe ser capaz de demostrar que las fuerzas progresistas son capaces de abordar las reformas necesarias para mejorar la productividad y la competitividad del tejido empresarial en equilibrio con aquellas políticas imprescindibles para reducir las desigualdades sociales y reparar la movilidad social ascendente . Entender que los desafíos enormes derivados de la competencia global, de nuestra pertinencia a la zona euro, del envejecimiento de nuestra sociedad, del desafío del cambio climático, reclaman un nuevo pacto social, ambicioso, que también deberá ser de dimensión europea, va a ser fundamental.
Ojalá la suerte y el acierto en todos estos frentes acompañen al Gobierno.
Licenciado en Derecho, trabajó entre 1986 y 1992 en el Departament de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. Ha sido secretario general (1989-1994) y presidente (1994-1996) de la Joventut Nacionalista de Catalunya, concejal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (1987-1991), diputado en el Parlament de Catalunya (1992-1995) y diputado en el Congreso desde 1996 hasta 2019, además de miembro del Consell Nacional de Convergència Democrática de Catalunya hasta que se refundó en el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat), del que ha sido portavoz en el Congreso hasta las elecciones del 28-A de 2019.
