Javier Quintana
El año 2023 deparará grandes decisiones judiciales. Algunas de ellas, como el posible ingreso en prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, o el inminente juicio contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, a buen seguro tendrán un papel protagonista en las tertulias políticas de los próximos meses. La causa de Juan Carlos I, que podría llegar a juicio este año en caso de no alcanzarse un acuerdo, el veredicto sobre la ex presidenta del Parlament, Laura Borrás, o el inicio del enjuiciamiento del caso Lezo son otros procesos a tener en cuenta.
La vorágine de procesos judiciales proseguirá este año 2023. El fin de año estuvo marcado por el rocambolesco e histórico bloqueo del Tribunal Constitucional a las enmiendas (aprobadas en el Congreso) que habrían facilitado su renovación. Tras aceptar el recurso de amparo del PP y frenar la renovación del órgano impidiendo la votación de estas enmiendas en el Senado, finalmente el Consejo General del Poder Judicial desbloqueó la situación tras elegir por unanimidad a los dos candidatos propuestos por los conservadores. Una vez superada su renovación, el TC deberá pronunciarse sobre los recursos del PP acerca de la ley del aborto, de la que aún no ha dicho palabra desde su publicación en el BOE hace doce años; la ‘ley Celaá’, que según Vox y PP vulnera la Carta Magna, concretamente en el punto del castellano como lengua vehicular en Cataluña o en la libre elección de los padres a matricular a sus hijos en centros concertados; la ley de eutanasia, texto que atenta contra el derecho a la vida según, una vez más, PP y Vox; o sobre el recurso presentado por el PP acerca de la votación de la reforma laboral, donde su diputado Casero se equivocó en su voto y facilitó la aprobación de la nueva legislación.
Tras estos inéditos acontecimientos, donde la separación de poderes se puso en jaque, el poder judicial seguirá dando que hablar este nuevo año.
La corrupción volverá a ser protagonista en los tribunales en un año que comienza con incertidumbre respecto a la posible entrada de José Antonio Griñán en prisión. El ex presidente de Andalucía fue condenado a seis años y dos días de cárcel por el caso de los ERE. El socialista, como el resto de condenados, tenía de plazo hasta el pasado uno de enero para ingresar voluntariamente en prisión. Sin embargo, su estado de salud ha pospuesto, por el momento, su entrada en la cárcel.
La Audiencia de Sevilla estudia si el delicado estado de salud de Griñán es compatible con su ingreso en prisión
Griñán asistió este martes al Instituto de Medicina Legal para someterse a un examen a través del cual la institución ha remitido un informe a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. El tribunal solicitó este informe después de que el propio Griñán pidiera suspender su entrada en prisión a través de varios documentos médicos que atestiguan que en la actualidad padece un cáncer de próstata por el que está siendo tratado. El órgano judicial decidirá si el ingreso en un centro penitenciario podría afectar al desarrollo de la enfermedad o si podría influir en el tratamiento médico al que se está sometiendo el ex presidente. Si la Audiencia Provincial considera que Griñán puede proseguir con su recuperación en prisión con las máximas garantías, se efectuará su ingreso inmediato.
Sobre la solicitud de indulto del exlíder socialista, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha pedido esta semana “respetar todos los derechos” del ex presidente. Es probable que en caso de que Griñán eluda la prisión, ya sea a través del informe médico o del indulto, la oposición lo adopte como un nuevo `argumento´ para atacar al Ejecutivo en su afán por transfigurar un gobierno democrático en un régimen dictatorial.
Camps se sentará en el banquillo… y arranca la causa `Lezo´
No será, una vez más, un año fácil para el PP en los juzgados. El partido liderado por Feijóo volverá a ser testigo del desfile de antiguos altos cargos por los tribunales españoles.
Ni la ONU ni el Tribunal de Justicia de la UE impedirán que el expresidente popular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se siente en el banquillo de los acusados este mismo mes de enero. El que fuera barón del PP ha tratado sin éxito por todos los medios evitar ser juzgado. Se espera que el 23 de enero dé comienzo su enjuiciamiento por un presunto caso de prevaricación y fraude, delitos por los que la Fiscalía pide dos años y medio de prisión. Camps habría participado activamente en el entramado de Francisco Correa adjudicando en el año 2009 un contrato a Orange Market, empresa involucrada en la Gürtel. Le acompañarán en el banquillo otros veintisiete imputados. Es el último juicio que Camps tiene pendiente, después de ser absuelto del `caso de los trajes´.
Otra gran novedad del recién iniciado año será el comienzo del juicio del caso Lezo. Sin embargo, en este caso no veremos aún sentarse en el banquillo al principal imputado de la trama, el ex presidente madrileño Ignacio González. La pieza que se investigará será la adquisición del Canal de Isabel II por parte de la empresa Inassa. La operación, según el Ministerio Público, habría tenido un sobreprecio de más de 35 millones de euros. Serán juzgados dos ex consejeros del gobierno autonómico, para los que la Fiscalía pide siete años de cárcel.
Un nuevo juicio contra el ex vicepresidente económico de Mariano Rajoy, Rodrigo Rato, también podría tener lugar en los próximos meses, aunque la Audiencia de Madrid aún no ha apuntado una fecha concreta. La Fiscalía pide para él 70 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, corrupción y blanqueo de capitales, entre otros.
Los focos vuelven a apuntar a Villarejo y Borràs se juega su futuro
El ex comisario volverá a tener un año judicial movido. Villarejo espera sentencia sobre su presunta grabación de una reunión del CNI sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, `el pequeño Nicolás´. La vista finalizó en diciembre y la Fiscalía exige cuatro años de prisión para el acusado.
Por otro lado, Laura Borrás, presidenta de Junts per Catalunya, se enfrenta a un juicio por corrupción que arrancará en febrero (solo tres meses antes de las elecciones municipales). El Ministerio Público pide para ella seis años de cárcel y veintiuno de inhabilitación por un presunto fraccionamiento de un contrato público en favor de una amistad. El hecho se habría producido cuando Borrás dirigía la Institució de les Letras Catalanes.
No será la única novedad que llegará de Cataluña. La reforma del delito de malversación, tal y como ha advertido la Fiscalía, derivará en determinadas revisiones de condenas entre las que, presumiblemente, se encontrará la de Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo también tendrá que revisar el procesamiento y las órdenes de detención que recaen sobre el ex president catalán, Carles Puigdemont, y sobre el resto de políticos catalanes en el extranjero. La posibilidad de revisar estas condenas suscitó el recelo de la oposición desde que se conocieron los planes del gobierno respecto a la revisión de los delitos de sedición y malversación. Su materialización en los tribunales probablemente recrudezca este debate.
Además el procés tendrá una nueva cita con la justicia en el proceso que juzgará a mediados de este mes de enero a los cuatro miembros de la mesa del Parlament, acusados de desobediencia.
Juan Carlos y Corinna preparan su vista
El emérito, después de ser exonerado por la justicia británica de cualquier responsabilidad jurídica anterior a su abdicación, y su ex amante Corinna Larsen preparan su estrategia para un juicio que, según la defensa de Larsen, podría darse este mismo año. «La demanda de Corinna ahora puede avanzar hacia el juicio en el Tribunal Superior de Londres (…) La sentencia afecta a muy poco, solo al período en el que Juan Carlos era rey de España. La mayor parte de la demanda, desde 2014, no está afectada por esta sentencia y debería ir a juicio porque plantea serias alegaciones de acoso que se prolongaron durante mucho tiempo y serán examinadas con detalle cuando se celebre el juicio», han indicado los abogados de la demandante respecto al futuro de la causa.
Asimismo, en las últimas semanas se ha especulado con la opción de que Selina Scott, presentadora de televisión y autora de un famoso libro-entrevista al emérito hace décadas, declare en favor de Juan Carlos I.
