
Àlex Sáez
Este jueves se ha celebrado la cumbre hispano-francesa en Barcelona con la presencia de los presidentes Macron y Sánchez y buena parte de miembros de sus Ejecutivos. Un nuevo gesto del Gobierno de España y del presidente del Gobierno para recuperar mayor normalidad institucional, y para subrayar la capitalidad europea de Barcelona. En 2006 la cumbre se celebró en mi ciudad, Girona, con la presencia de los presidentes Chirac y Zapatero. Fue un éxito organizativo y a la vez una gran oportunidad. Hoy sería impensable por la resistencia de las autoridades locales, herencia del paso por la alcaldía de Carles Puigdemont. Lo mismo sucedió con los Premios Príncipe –ahora Princesa de Girona– que dejaron de otorgarse en la ciudad y se trasladaron a Barcelona en una retirada equivocada por parte de la Casa Real.

Es innegable que el presidente Sánchez ha afrontado con audacia durante su mandato uno de los retos y dificultades máximas que afronta España y que no es otro que la cohesión territorial y el desafío independentista. Lo ha hecho con responsabilidad y con altura de miras, sin evaluar costes electorales
Es innegable que el presidente Sánchez ha afrontado con audacia durante su mandato uno de los retos y dificultades máximas que afronta España y que no es otro que la cohesión territorial y el desafío independentista. Lo ha hecho con responsabilidad y con altura de miras, sin evaluar costes electorales. Resulta evidente que el clima político y social en Catalunya ha cambiado radicalmente. Queda mucho por hacer y probablemente se precisa de alguna generación más para recuperar el contexto previo al referéndum de 2017 y todas sus consecuencias posteriores, pero el camino está bien trazado. Para ello Sánchez, en primer lugar, recuperó el diálogo institucional con el Govern de la Generalitat. Fruto de ello el Govern en Catalunya, liderado por ERC y el ‘president’ Aragonès se mantiene en la senda autonomista y ha renunciado a nuevas afrentas independentistas. Decisivo ha resultado para ello la concesión de los indultos a los políticos independentistas –que han cumplido penas de prisión, con toda la dureza que ello supone– y preventivamente la reforma del Código Penal del delito de malversación que probablemente impida el cumplimiento de nuevas penas de privación de libertad a políticos y funcionarios de ‘sottogoverno’ que con total seguridad tensionarían nuevamente al país.
Los catalanes –independentistas y no independentistas– debemos agradecer las iniciativas y el cambio de actitud de la Presidencia del Gobierno de España. Rajoy fue responsable de los incendios en Catalunya, que empezaron con los recursos al Constitucional del Estatut de Autonomía de Catalunya y las recogidas de firmas, que pasaron por la inacción y el desprecio de su Gobierno con lo que pudiera suceder y que finalizaron con unas directrices políticas equivocadas y de severa actuación policial con ocasión del referéndum. Un gobierno socialista hubiera gestionado de manera muy distinta la situación en 2017. Es probable que ni se hubiera convocado el referéndum y en cualquier caso se hubiera reaccionado de manera muy distinta –sin confrontación hacia la ciudadanía y poniendo de relieve su nulo valor legal–. Pero los escenarios no se escogen y a Pedro Sánchez y al gobierno socialista les ha tocado afrontar enormes retos (crisis económica, Covid-19, guerra en las puertas de Europa) y además la preocupante situación en Catalunya. Y lo han afrontado. Hoy el resultado es bien visible. El independentismo tiene componentes emocionales y por ello no resulta tan evidente que en pocos años pueda descender a las cuotas previas al referéndum y al denominado ‘procés’. Se precisa un esfuerzo continuado para combatir la desconfianza y la desafección. Pero sin duda se ha avanzado. Hoy, la cumbre hispano-francesa en Barcelona es un nuevo indicador en este sentido. Habrá algo de ruido, pero el resultado e interés de la convocatoria y la participación del Gobierno de la Generalitat en los actos institucionales son reflejo de todo ello.
Àlex Sáez es abogado especialista en Responsabilidad Civil y Derecho del Seguro. Consejero de Presidencia de Foment del Treball. Fue diputado a Cortes en la VIII, IX y X legislatura.