E. S.
La cultura en nuestro país está infrafinanciada, la producción presenta desequilibrios, la digitalización es insuficiente y la desigualdad se extiende desde el acceso a los contenidos hasta el empleo. Estas son algunas de las conclusiones del ‘Informe sobre El estado de la cultura en España 2020’ de la Fundación Alternativas, titulado ‘La acción cultural exterior de España. Análisis y propuestas para un nuevo enfoque’. En su epígrafe ‘Entre dos crisis (2011-2020). Naufragios y esperanzas culturales para el futuro próximo’ plantea soluciones como el acceso equitativo tanto social como territorial, el desarrollo de un plan de impulso tecnológico de las industrias culturales o el abordaje de las políticas fiscales.
El Informe sobre el Estado de la Cultura 2020 de la Fundación Alternativas está dedicado este año a La acción cultural exterior de España. Análisis y propuestas para un nuevo enfoque. Dirigido por directora de su Observatorio de Cultura y Comunicación, Inmaculada Ballesteros y coordinado por el catedrático de Comunicación Audiovisual, Enrique Bustamante, analiza aspectos como las industrias culturales y creativas, la estrategia europea de cooperación cultural, los retos y oportunidades para el mundo rural, la producción y distribución de ficción audiovisual o el valor del patrimonio escénico en la globalización.
Uno de sus epígrafes, titulado Entre dos crisis (2011-2020). Naufragios y esperanzas culturales para el futuro próximo y escrito por Enrique Bustamante, ofrece una panorámica general del sector planteando soluciones a sus principales debilidades. A continuación, reproducimos las principales conclusiones planteadas.
Debilidades persistentes. Gasto privado insuficiente
En primer lugar, como cifra económica emblemática del peso de la cultura en la economía española está su facturación total, que ascendió en 2018 (últimas cifras del Ministerio de Cultura) a 12.714,3 millones de euros, con un ligero retroceso respecto a los 14.099 millones de 2017 (16.963 en 2008). Lo que significó un 2,4% del PIB en 2018, un 3,2% incluyendo la propiedad intelectual (2,8 y 3,5% respectivamente en 2008 con datos del Análisis estadístico cultural, 2019, de Ministerio de Cultura).
En la debilidad general mantenida por esta economía influye en buena medida el escaso gasto de los españoles en bienes y servicios culturales, hundido por la crisis. Así, en 2018 el gasto por hogar fue de 682,5 euros de media al año (718,3 en 2017) –y ello a pesar de que esta contabilidad de Cultura incluye en tal capítulo los servicios móviles y de relación con Internet–, que suponen un 22,5% del gasto total.
En cuanto al gasto medio por individuo en ese rubro alcanzó los 274,6 euros al año, con ligeros retrocesos respecto a 2016 (307 euros) e incluso 2017 (288,6 euros) sin aproximarse siquiera al nivel máximo de 2008 (372 euros).
Gasto público desplomado
El otro factor que determina decisivamente la situación de la cultura española, y que condiciona de paso sus hipotecas de desigualdad de oferta por territorios, es el del gasto público cultural, es decir, el compromiso de las diversas autoridades y niveles estatales con ese segmento imprescindible del estado de bienestar que determina a su vez correlaciones elementales de cohesión y redistribución social.
De esta forma, el gasto público “liquidado” [obligaciones reconocidas por las distintas Administraciones públicas] en cultura ascendió en 2017 (última cifra conjunta disponible) a 5.092 millones de euros (7.090 en 2008). Pero su composición desagregada es más reveladora aún: el Estado central gastó en el citado ejercicio 678 millones de euros (1.135 en 2009), las Comunidades Autónomas 1.144 (2.046 en 2009) y la Administración Local 3.270 millones (3.837 en 2009).
En medio del agravamiento de la precariedad laboral y de la desigualdad socioeconómica, se ha agigantado la desigualdad de acceso a la cultura de pago
Por lo que concluíamos en nuestro anterior informe dedicado precisamente a las políticas culturales locales, el nivel administrativo próximo a los ciudadanos (diputaciones y cabildos incluidos) había sido la última barrera de resistencia frente al desplome de las políticas públicas culturales durante casi una década. Y en cierta forma, continúa jugando ese papel (un 0,28% del PIB frente al 0,16% del gasto sumado del Estado central y las Comunidades Autónomas) pese al intento frustrado de incrementar ese presupuesto estatal central en 2019.
Desigualdades de acceso
Sobre estas inequidades de oferta disponible, es obligado referirse a las variables socioeconómicas que determinan graves desigualdades de consumo cultural entre la población española acrecentadas por la crisis: tamaño del hábitat, nivel de estudios, estado civil y tipo de hogar influyen ciertamente en ese nivel de gasto cultural, pero los parámetros más significativos siguen siendo la situación laboral y el consiguiente nivel de ingresos: a más de 3.000 euros al mes se dedican a la cultura 382,7 euros /año, a menos de 1.000 euros apenas 168,1 euros.
Lo que implica que, en medio de un serio agravamiento de la precariedad laboral y de la desigualdad socioeconómica, se ha agigantado asimismo la desigualdad de acceso a la cultura de pago, que redunda y agrava la fractura general. Los desequilibrios culturales frenan así todavía más el funcionamiento, ya francamente deteriorado, del ascensor social.
Debilidades intra e intersectoriales
Sin embargo, en muchos sectores culturales, como la música grabada y digital, el cine y el audiovisual o incluso el libro, no basta con contabilizar su cifra de negocios porque sólo una parte de esas cantidades irriga realmente a la economía cultural española.
Aunque ese análisis pormenorizado que pocas fuentes estadísticas y menos estudios periódicos resaltan hoy escapa a los fines y dimensiones de este texto, puede mencionarse como botón de muestra al cine en España, cuya facturación en 2019 ascendió a 624,1 millones de euros, recuperando casi los niveles de 2010 (662, 3 millones), después de años de caídas reiteradas y algunas parciales recuperaciones desde 2015.
Pero también hay que destacar que el cine español apenas alcanza al 15% de ese negocio total, muy lejos del 20% que se ha considerado como suelo máximo de resistencia, incluso en un año de producciones firmadas por las dos estrellas clásicas, Almodóvar y Amenábar, mientras el grueso de la taquilla se concentra en las majors de Hollywood y en el cine español en muy pocos filmes soportados por las cadenas televisivas. Ejemplarmente, tenemos aquí problemas de mercado que determinan desequilibrios en la identidad, la creatividad y la diversidad de una industria cultural emblemática.
Precariedad y desequilibrios en la producción y el empleo
En el plano mercantil, ese tejido económico cultural estuvo movido por 122.673 empresas culturales en los diversos sectores (112.643 en 2008) que supusieron un 3,7% del total de entidades empresariales españolas, generando en 2018 (último año contemplado) 690.300 puestos de trabajo, un 3,6% del total español (706.300 en 2008).
La prevalencia de las pyme y los autónomos es evidente cuando se constata que apenas el 7,2% de las entidades empresariales cuenta con más de seis asalariados y solo el 0,6% con más de cincuenta empleados (IDEM), pero ese dato que concluiría su atomización productiva en otra industria cualquiera es en la cultura un factor positivo de su diversidad creativa. Si no fuera porque en la última década el trabajo temporal por plazo u obra se ha convertido en una regla general, incrementando la precariedad masiva de los creadores y los trabajos auxiliares de la cultura, incluyendo muchos falsos autónomos, y desplomando los salarios y la posibilidad de vivir de su trabajo, pese a la proporción muy elevada de estudios superiores, un 69,3% frente al 42,9% general. Y porque el trabajo creativo está siendo generalmente peor remunerado todavía por las plataformas online, a costa de su fuerte ahorro de costes en distribución.
Peligrosa es también la endémica concentración empresarial en Madrid y Cataluña (42,1% del total) que se convierte en una mayoría del 64,9% si se agrega Andalucía y la Comunidad valenciana, dejando escaso margen para el resto de las comunidades. Porque encubre una desertificación de la economía y de la oferta –y de su capacidad de difusión– de buena parte de la/s cultura/s españolas.
Y la igualdad sigue siendo una grave asignatura pendiente de la cultura española en términos de género, ya que el 54,5% estaban ocupados por hombres (420.100) frente a los 270.200 de mujeres (45,5%). Un desequilibrio fuerte en el porcentaje sobre el empleo total (un 4% de los hombres frente al 3,1% de las mujeres) que apenas se ha alterado en una década (un 0,62% más de mujeres en la cultura) pese a las proclamaciones mantenidas a favor de la igualdad.
Digitalización insuficiente y desequilibrada
Otro campo significativo del estado de la cultura española es su transformación digital, vital para su supervivencia y potenciación en un mundo cada vez más regido por la oferta y el consumo en los dispositivos y redes digitales, un terreno que ya sólo cuenta con la medición de la entidad autónoma Red.es y de su ONTSI (Observatorio de Sociedad de la Información), vinculados al Ministerio de Industria. En sus últimos informes del sector TIC y de los contenidos digitales en España (concepto que abarca a las industrias culturales en sentido estricto, pero también a industrias creativas como la publicidad) se desarrolla un cierto optimismo sobre la progresiva digitalización de este ámbito, estimada ya en un 54% (2017), pero también se confiesa sus retrasos y su desigual evolución según los sectores.
Así, en 2018 y sobre 35.100 empresas de la sociedad de la información (SI), 10.035 se dedicaban a los “contenidos digitales”, con un crecimiento constante desde 2013 (9.471 en 2013). Aunque la cifra de negocios de este último apartado tenía menor peso relativo, con 23.250 millones de euros, respecto al total de SI (115.154 millones), su crecimiento era mayor (8.7% frente al general de 5%), pero esta evolución se invertía en el empleo, con 109.281 puestos (un aumento del 3,3%) frente al general de SI (7,3%).
El gran agujero negro en los avances de los últimos seis años es la desigualdad flagrante en términos de género en las empresas de contenidos digitales
En todo caso, la parte del león de este negocio digital se cifraba en las actividades de cine, radio y televisión digital, con un 34,6% del total, y actividades de programación y emisión con un 29,7%. Mientras que los restantes sectores culturales digitales aparecían con pesos menores: la publicidad online (11,4%), las ediciones y publicaciones de libros y prensa (11%), los videojuegos (6,2%) …
El gran agujero negro de estos avances en los seis últimos años es la desigualdad flagrante en términos de género, con un 64,7% de hombres y solo un 35,3% de mujeres empleadas, enormemente preocupante en su proyección futura y que se agudizaba en el “techo de cristal” en la carrera directiva: un 2,8% de mujeres frente al 11,4% de hombres.
Un pacto social basado en la sociedad civil
Atendiendo a los principales desequilibrios reseñados anteriormente, nos atrevemos a sistematizar algunas líneas esenciales de esta actuación para el inmediato futuro.
La primera amenaza a la diversidad cultural es la desigualdad simbólica profunda que se ha instalado y normalizado en la sociedad española, porque como analizábamos con datos precisos en nuestros informes, casi la mitad de la población española adulta no puede acceder a ninguna cultura (ni comunicación) de pago o tienen que dedicar cantidades irrisorias a ella, por razones de precariedad, de escasez de ingresos. Una conclusión reiterada en encuestas o informes territoriales recientes en Barcelona o Andalucía, y que constituye un grave peligro en términos democráticos, aumentando la “desafección” ciudadana que los informes de democracia de la Fundación Alternativas vienen detectando.
Este riesgo exige poner el foco futuro en el acceso equitativo a la cultura tanto social como territorial (incluyendo a la España vaciada… de oferta cultural). El gesto de muchos creadores y empresas de ofrecer creaciones gratuitas en tiempos de confinamiento es un símbolo valioso de esta situación, y debe corresponderse con campañas periódicas próximas de promoción del consumo y del gasto cultural para continuar “fabricando” públicos. Pero, a futuro, los balances de programas como Vale Cultura en Brasil o Argentina nos ofrecen experiencias importantes para llegar a la población excluida y coadyuvar a una economía sostenible de la cultura.
La otra gran falla de igualdad cultural es evidentemente la de género, cuya consecución progresiva iniciada en 2007 se frenó abruptamente a partir de 2012, y que exige ahora un plan firme, legislativo y económico, con especial atención a la cultura digital. Pero la observación sistemática debería extenderse especialmente al consumo cultural, para impedir situaciones discriminatorias de acceso a la cultura y de “desigualdad digital” (formación, habilidades, usos, valor añadido en la comunicación online).
Efectivamente, la crisis vírica ha venido a recalcar, por si hiciera falta, que el futuro de una buena parte de la cultura y la comunicación es insoslayablemente digital, lo que exige un auténtico plan de impulso a la digitalización de las industrias culturales. La espontánea y desigual transición digital de nuestros sectores culturales (fuerte en el audiovisual, débil en el libro, por ejemplo) no puede ser mantenida sin graves riesgos.
El faro de la diversidad implica también una regulación y una política de derechos de autor que asegure la concurrencia y trasparencia de las sociedades de autor en todos los sectores, y que al tiempo que proteja la remuneración de los creadores, deje de polarizar la remuneración de la autoría entre unas pocas estrellas multimillonarias y una masa de creadores mal pagados o “benévolos” que no pueden vivir de su trabajo artístico. La situación de los amateurs, cada vez más numerosos y vitales como cantera de la creatividad, debe ser contemplada en ese dibujo integral que debe declinar y aplicar íntegramente el estatuto del artista.
La lucha contra los oligopolios mediáticos y las gigantes digitales globales exige una regulación antitrust que proteja los derechos de los creadores (hoy esquilmados en muchas plataformas) y a los usuarios. En positivo, es preciso un tratamiento fiscal equitativo con la economía tradicional, que permita allegar recursos para sostener un plan de apoyo especial a las industrias culturales y a las plataformas nacionales o europeas, incluyendo el servicio público de comunicación.
Las políticas fiscales tienen un indudable protagonismo en este ámbito: en positivo, IVA culturales superreducidos que deberían irse homogeneizando a la baja entre actividades culturales y traspasando al entorno online; en negativo, obligaciones fiscales equitativas para las grandes plataformas online, con regulación de sus cuotas de inversión cultural e independiente, y de sostenimiento del servicio público. Porque las donaciones excepcionales son de agradecer, pero en un estado de derecho, las obligaciones y deberes deben tener una formulación legal, vigilada por autoridades independientes.
La primacía imprescindible del gasto público en las políticas culturales, alimentado por las fuentes anteriores y otras posibles como la lotería nacional, no excluye la oportunidad y urgencia de una legislación actualizada que potencie el mecenazgo específico de la cultura, con atención especial al micromecenazgo, siempre de forma fiscalmente equitativa y transparente y con orientaciones públicas sobre las actividades y territorios estratégicos o especialmente vulnerables.
Si hay un consenso actual en el mundo cultural es que la acción cultural española en el exterior, arruinada con la crisis, constituye un terreno urgente y fundamental para la proyección de la cultura española, para la cooperación internacional y para la diplomacia cultural y la imagen de nuestro país en el mundo. Una estrategia coordinada y coherente es esencial en este campo como concluyen numerosos expertos acreditados en este informe de la cultura en España 2020.
