Máximo secreto en Hacienda de los detalles de la reforma fiscal comprometida con Bruselas y que definirá la legislatura. María Jesús Montero tendrá en marzo el informe de la comisión de expertos, mientras Podemos eleva la presión en unas negociaciones que amenazan con alargarse durante meses. Los morados piden gravar a las grandes eléctricas y elevar el tipo mínimo de Sociedades hasta un límite que Montero y Moncloa no contemplan. Y, de fondo, la espinosa armonización fiscal de Patrimonio y Sucesiones entre las comunidades autónomas, un frente que Isabel Díaz Ayuso ya se dispone a explotar.
Será la semana próxima cuando el comité de expertos nombrado por Hacienda entregue sus conclusiones a María Jesús Montero, tras casi un año de trabajo. El compromiso con Bruselas es que la reforma entre en vigor en el primer trimestre de 2023. Con esa fecha tope en el horizonte, la única duda es el momento adecuado para pisar el acelerador de la reforma, en un momento en el que la subida de la inflación y de la energía están frenando la recuperación económica. Y más cuando las negociaciones entre los socios de la coalición amenazan con alargarse como ya sucediera, también, con la Ley de Vivienda.
Podemos plantea un recargo de 10 puntos extra, durante cinco años, a las eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros, es decir, Iberdrola, Naturgy y Endesa
Hacienda todavía no ha desvelado detalles de por dónde quiere que camine la reforma, más allá de las directrices generales con las que encomendó su trabajo a los expertos, en torno a la fiscalidad verde y digital. Y ante este silencio, Podemos se arma para la negociación que se avecina. Hace algunas semanas, las ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de Igualdad, Irene Montero, acompañadas del exlíder laborista británico, Jeremy Corbin, presentaron una propuesta de reforma fiscal que supone un incremento de los impuestos de 30.000 millones y conlleva la implantación de una tasa a las grandes fortunas. Además, contempla elevar el impuesto sobre sociedades para las grandes empresas, incluir más tramos en el IRPF a partir de rentas superiores a los 120.000 euros. Por otro lado, también plantea rebajar el IVA a las pymes y aplicar un tipo súperreducido a los productos de higiene femenina, peluquerías y productos veterinarios.
Y la semana pasada, en el Congreso, Unidas Podemos impulsaba una proposición de ley, rechazada por el PSOE, en la que se dibujaban los que van a ser principales puntos de fricción. Aparte de lo relacionado con las rentas altas en el IRPF y el IVA, la propuesta de los morados apunta al Impuesto de Sociedades. Por ejemplo, contempla un recargo de 10 puntos extra, durante cinco años, a las eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros, es decir, Iberdrola, Naturgy y Endesa. La otra pata del nuevo Impuesto de Sociedades que propone Unidas Podemos está en aplicar el tipo mínimo del 15%, como fijan los Presupuestos Generales del Estado para 2022, pero sobre el beneficio neto y no sobre la base imponible. Además, prevén sustituir el impuesto de Patrimonio por uno que grave a las grandes fortunas.
Una espinosa negociación por delante
Yolanda Díaz, preguntada por la propuesta presentada por Belarra, afirmaba que: “soy vicepresidenta del Gobierno de España y quedo a expensas del informe de expertos que lidera la ministra Montero”
En los últimos días el tono se ha calmado entre los dos socios de gobierno, pero tras conocerse la propuesta presentada por Belarra e Irene Montero, la ministra de Hacienda calificaba de “inoportuna” la propuesta fiscal de Podemos y ha insistido en esperar a las conclusiones del grupo de expertos designado por el Ejecutivo. María Jesús Montero “respeta” la propuesta de sus compañeros de gobierno, pero ha indicado que hubiera preferido tener una posición única. “A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas”, subrayaba la ministra y secretaria general de Podemos.
Yolanda Díaz, preguntada por la propuesta presentada por Belarra, Montero y Corbin, afirmaba que: “soy vicepresidenta del Gobierno de España y quedo a expensas del informe de expertos que lidera la ministra Montero. Desconozco exactamente qué se está presentando y lógicamente las organizaciones políticas tenemos posición. Pero no confundamos el Gobierno con la legítima actuación de las formaciones políticas”.
A diferencia de lo sucedido con la ley de Vivienda, en la que el acuerdo de gobierno acotaba con algo más de detalle hasta donde debía llegar, con la reforma fiscal hay mucho más margen para que los socios discrepen. Entre otras cosas, el texto alude a las nuevas medidas contra el fraude fiscal y el régimen de las Sicav -cuya ley ya ha entrado en vigor-; el tipo mínimo del 15% en Sociedades -recogido en los Presupuestos-; la tasa Tobin y la tasa Google -también aprobadas por el Gobierno- o la fiscalidad verde. Sobre la progresividad del IRPF, sólo habla de la subida de dos puntos impositivos para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las que estén por encima de los 300.000 euros. Sí recoge algunas de las ideas lanzadas por Unidas Podemos estos días, como la reducción del IVA para los productos de higiene femenina o la fiscalidad de las grandes fortunas.
Eso sí, las negociaciones con Montero y su equipo serán más fáciles que con otros ministerios en manos socialistas. Desde Unidas Podemos explican que hay ministros y ministras que albergan “prejuicios” hacía ellos, lo cual hace muy difícil una comunicación fluida. No es el caso de Montero, que por su trayectoria política -la ministra es una afiliada tardía al PSOE y, en su juventud, estuvo próxima a las juventudes comunistas- y por su carácter, amable y conciliador, es de las ministras que mejor se entiende con el sector morado del Gobierno. Imágenes de la ‘mediación’ ejercida por Montero hay varias. Por ejemplo, cuando surgieron las primeras tensiones en el Gobierno por la subida del SMI, a finales del 2020, las cámaras grabaron la conversación entre Montero y Pablo Iglesias en el Congreso, con la ministra dirigiéndose al exvicepresidente con familiaridad y pidiéndole que no fuera “cabezón”. Y tras la accidentada votación de la reforma laboral, quien reúne a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño en la celebración es Montero, que se levanta de su escaño y se acerca a ellas, que no se habían dirigido ningún gesto.
La armonización fiscal autonómica, el gran reto
En UP prevén que las negociaciones con Hacienda sean más fáciles que con otros ministerios, en los que se albergan “prejuicios” hacia ellos. No es el caso de María Jesús Montero
El objetivo de Hacienda es aumentar la recaudación, que hoy por hoy está unos siete puntos por debajo de la media europea en relación al PIB, según los propios datos del ministerio. Una viga maestra para lograr ese objetivo es armonizar los impuestos autonómicos y evitar situaciones como el dumping fiscal que la Comunidad de Madrid está realizando con sus políticas de bajas de impuestos. En el punto de mira de Hacienda, el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Los dos están bonificadas en Madrid prácticamente al 100%. El plan, por tanto, pasaría por fijar un tramo estatal, sobre el que las autonomías podrían ajustar al alza, pero nunca por debajo.
Habrá que ver las conclusiones de los expertos en este sentido, porque el gran punto de fricción durante sus trabajos ha sido precisamente este. Desde diciembre, dos de los expertos han abandonado el grupo por diferencias profundas con la línea de trabajo y con las conclusiones que se empiezan a dibujar. Se trata de los catedráticos de Hacienda Pública Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, que también formó parte de la comisión para la reforma fiscal que organizó Cristóbal Montoro en 2017 y que también abandonó por decisión propia. Los trabajos académicos tanto de Zubiri como Monasterio tienen en común la defensa de la autonomía impositiva de las comunidades.
La comisión de expertos está presidida por Jesús Ruiz-Huerta, que forma parte de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. Junto a él, Alain Cuenca -al frente del Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda-, también está teniendo un peso decisivo en la dirección de los trabajos de la comisión.
Tratando de anticiparse a la batalla que se avecina, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una ley para tratar de blindar sus competencias. En Hacienda consideran que el pulso de Ayuso hará ruido pero tiene poco recorrido jurídico. Según su criterio, bastará con modificar la ley de cesión de tributos de 2009 para que a la Comunidad de Madrid no le quede más remedio que acatarlo, teniendo en cuenta que el Constitucional ya ha avalado anteriormente la competencia impositiva del Estado para crear, suprimir o regular impuestos. El resquicio por el que pretende ‘colarse’ Ayuso está en la sentencia del Constitucional que avala la cesión de tributos a Cataluña que se hizo en el Estatut. Una sentencia que acotaría, según este punto de vista, la posibilidad de revertir unas competencias fiscales que ya han sido ejercidas por una comunidad autónoma. Sea como fuere, la disputa jurídica amenaza con prolongarse lo suficiente para seguir viva en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de año próximo.
