Àlex Sáez
Estamos en año electoral y los partidos políticos se apresuran a marcar perfil propio. Debe valorarse como positiva la gestión del Gobierno de coalición. No ha sido fácil, por la diferente cultura de los partidos que la conforman y por los enormes retos y dificultades planteados durante estos años. La habilidad y el liderazgo del presidente del Gobierno ha tenido mucho que ver en que la novedosa experiencia se esté saldando con éxito.
Resulta poco responsable y preocupante para una formación política en el Gobierno como es Podemos no ver al sector empresarial como un cooperador necesario y un activo para lograr objetivos comunes de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos
A pesar de ello, en los últimos meses afloran las diferencias entre los partidos que conforman el Gobierno en algunas declaraciones públicas. Sin duda, mucho tiene que ver con los efectos no deseados de la reforma del Código Penal y las rebajas de pena en las agresiones sexuales en la reforma impulsada por Podemos. Su resistencia a la modificación y asunción de los efectos no deseados se acompaña con otras marcadas diferencias con sus socios de Gobierno.
Podemos está muy interesado en marcar distancias con los socialistas. Lo razonable es que ambas formaciones políticas coordinadamente pusieran en valor el resultado de la acción de Gobierno. Los logros en la gestión económica frente a la crisis económica y energética, que además ha permitido avances sociales y redistributivos como la subida del salario mínimo interprofesional y las pensiones públicas, son un pleno aval. Por contra, Podemos persiste en erosionar internamente la coalición y elegir algunos temas que puedan centrar su campaña electoral, aunque resulten dañinos.
El más reciente ha sido cuestionar las declaraciones del ministro Planas en relación a la moderación de precios de consumo. Su afirmación de que se está produciendo un cambio de tendencia en la escalada de precios de la cesta de la compra ha provocado su reacción inmediata. Podemos ha anunciado que se plantea intervenir en el mercado y acusa a los empresarios del sector de la alimentación de “especuladores” y de representar el “capitalismo salvaje”.
La crítica al sector empresarial y a los empresarios pasa a ser un objetivo y argumento estratégico para generar apoyo social y electoral ante los próximos envites. No es nuevo. En los últimos meses incluso se han atrevido a poner empresas concretas en sus dianas. Hay múltiples ejemplos, vamos a algunos de ellos. Si hoy se criticaba en genérico al sector de la alimentación, hace escasas fechas se hacía directamente contra Mercadona.
Dirigentes de Podemos señalaban presuntas prácticas contra los derechos de los trabajadores, y acusaban a su propietario Juan Roig de “capitalista despiadado”. También la ministra Belarra – muy reincidente– arremetía contra el Banco Santander como exponente del “capitalismo despiadado” tras conocerse el beneficio empresarial del pasado año. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha encontrado en la empresa Glovo una de sus principales inspiraciones para hacer campaña electoral, a raíz del cuestionamiento de su modelo laboral.
Resulta poco responsable y preocupante para una formación política en el Gobierno no ver al sector empresarial como un cooperador necesario y un activo para lograr objetivos comunes de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin empresas con beneficios y generadoras de empleo no hay recursos para el sostenimiento del Estado del Bienestar y para hacer políticas públicas redistributivas. Resulta demasiado sencillo plantear una vieja lucha de clases entre empresarios (de derechas) y clases populares (de izquierdas).
Se precisa la máxima concertación y el máximo compromiso empresarial para afrontar políticas públicas de reindustrialización, y de creación de empleo. Los empresarios ni son enemigos, ni desalmados sin compromiso social. Discursos simples, binarios, que trasladan mucho desconocimiento y que en ocasiones son fruto de un tránsito sin experiencia de las aulas universitarias a las responsabilidades públicas.
Es legítimo revisar la política fiscal y exigir una mayor contribución a las grandes empresas y a las que mayores beneficios obtienen. Es legítimo revisar las políticas de empleo y mejorar las condiciones laborales. Pero también el Gobierno debe defender a las empresas españolas, con vocación internacional, que generan empleo y riqueza y a los empresarios y a los que emprenden. Son uno de nuestros mayores activos.
Juan Roig (Mercadona) ha ejemplificado la responsabilidad social corporativa, la necesidad de contribución social vía impuestos y la mejora de condiciones laborales y retributivas a sus empleados. Ana Botín (Santander) ha imprimido un nuevo liderazgo a una de las empresas referentes para nuestro país, acentuando su compromiso social. Oscar Pierre y Sacha Michaud (Glovo) son emprendedores que han convertido a la empresa de reparto de comida a domicilio en uno de los unicornios españoles y con mayor innovación tecnológica. Merecen respeto.
Podemos se equivoca de enemigo y pone en riesgo todos los avances conseguidos con el diálogo y la concertación social con empresarios y sindicatos. Y además sigue poniendo en dificultades a la coalición de gobierno, y la valoración que puedan hacer los ciudadanos. Un grave error, ya que el mejor argumento para revalidar mayorías serán los avances y la cohesión que se desprenda de la propia acción de gobierno. El ruido, la disensión y el extremismo dan ventaja a los adversarios. Harían bien en revisar de inmediato su estrategia. Están a tiempo.
Àlex Sáez es abogado especialista en Responsabilidad Civil y Derecho del Seguro. Consejero de Presidencia de Foment del Treball. Fue diputado a Cortes en la VIII, IX y X legislatura.
