José Luis Centella
A finales de febrero, en concreto el día 27, se conmemoró en el poblado de BirLehlú el 47 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) por parte del Consejo Nacional Saharaui. Este aniversario es una buena excusa para reflexionar sobre uno de los conflictos internacionales que más deberían afectar directamente a España por su responsabilidad directa e histórica en él. Es así no sólo porque fue el régimen franquista, en los últimos días del dictador, el que entregó ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos, sino sobre todo porque los sucesivos gobiernos del periodo constitucional han sido incapaces de reparar aquella ignominia.
Pese a la unilateraridad de Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados, afortunadamente, rechazó este pronunciamiento y dejó claro que España sigue defendiendo que la vía para solucionar este conflicto en el Sáhara Occidental pasa por cumplir los acuerdos de Naciones Unidas y el Derecho Internacional
El pronunciamiento que realizó hace ahora un año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desmarcándose de los acuerdos de Naciones Unidas que reconocen el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y, por tanto, a la celebración de un referéndum para decidir libremente su futuro, afortunadamente fue rechazado por el Congreso de los Diputados. Subrayo el ‘afortunadamente’ porque de esta manera la institución donde se plasma la voluntad popular puso las cosas en su sitio y dejó claro que España sigue defendiendo que la vía para solucionar este conflicto en el Sáhara Occidental pasa por cumplir los acuerdos de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
El régimen de Marruecos se niega de forma reiterada a cualquier mediación internacional que no tenga controlada con anterioridad. Las autoridades marroquíes encabezadas por su monarca son conscientes de que perderían esa consulta popular y muy conscientes también de que 48 años de ocupación militar, de represión y de que después de emplear miles de millones de dólares para comprar voluntades en todo el mundo no han conseguido acabar con la determinación de un pueblo que nunca cejará en su derecho a constituirse como una nación libre e independiente.
Desde esta perspectiva, cobra más sentido que otras veces que España, como potencia colonizadora, debería haber realizado el proceso de descolonización tal y como mandatan las Naciones Unidas e igual que hizo Portugal después de la Revolución de los Claveles.
En todos estos años algunos hemos defendido, y lo seguiremos haciendo sin descanso, ese proceso de descolonización para que finalmente se pueda solventar la situación de ilegítima ocupación que sufre el pueblo saharaui. Hasta entonces, continuaremos también condenando la propuesta de ‘marroquinización’ de los territorios ocupados que son parte de la República Árabe Saharaui Democrática.
Tampoco puede olvidarse que la RASD es reconocida por decenas de Estados, incluyendo la Unión Africana o el Parlamento Europeo, y que los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental indican que se viola la legislación internacional cuando se negocia con un tercer país sobre unos recursos que no le pertenecen.
En tiempos en los que algunos están empeñados en que la comunidad internacional vuelva a los tiempos de la Guerra Fría, cuando tratan de colocar los intereses geopolíticos por encima del Derecho Internacional, quienes seguimos defendiendo un mundo multipolar, construido sobre los principios recogidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, tenemos que esforzarnos especialmente en que no se entierre en el silencio mediático una causa que no sólo es justa, sino plenamente legal.
Pero en toda esta situación y todo este tiempo las personas son la prioridad, las víctimas directas del conflicto, es decir, el conjunto del pueblo saharaui. Alzamos la voz por la liberación de todos los prisioneros saharauis en las cárceles del régimen marroquí, además de seguir condenando la represión y la violación de los derechos humanos en los territorios controlados por las fuerzas de ocupación marroquíes.
Responsable federal de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida y presidente del Partido Comunista de España (PCE), partido del que ha sido secretario general entre 2009 y 2018. Maestro de profesión, fue concejal en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Benalmádena, provincia donde inició su actividad política y por la que fue elegido diputado al Congreso en 1993, 1996 y 2000. En la X Legislatura (2011-2015) volvió a la Cámara Baja como diputado por Sevilla, ocupando la portavocía del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA-La Izquierda Plural.
