Destacado Económico / N. L. ■
Salvo honrosas excepciones, los ‘lobbies’ españoles combinan una resistencia callada a la regulación pública con virtuosas proclamas sobre la necesidad de dicha regulación. Por fin, el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda y Función Pública, del pasado 8 de noviembre ha aprobado un anteproyecto de Ley que se ocupa de ello bajo el título de “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés”, cuya principal novedad es pasar del ámbito de la voluntariedad de los registros a la obligatoriedad del registro público nacional. Hasta ahora este registro sólo era obligatorio en las comunidades de Cataluña y Madrid.
Se ha conseguido este paso importante tras muchos años de intentonas públicas parciales y de las presiones de los últimos presidentes de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), de José María Marín, y de la actual presidenta, Cani Fernández, así como de organizaciones no gubernamentales que luchan por una mayor transparencia.
Además de regular por primera vez la actividad de los ‘lobbies’ en sus relaciones con el Estado, se dificultarán las puertas giratorias regulando de forma más restrictiva la recalada de altos cargos, cuando cesan, en el sector privado.
La futura legislación clarificará las normas bajo las que se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados de la Administración General del Estado implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración y aplicación de disposiciones normativas.
El articulado establece que los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales no tendrán consideración de Grupo de Interés al ejercer actividades reconocidas en la Constitución. Las que sí podrían tener esa calificación son las entidades o fundaciones creadas o financiadas por estas mismas organizaciones, dado que no están al amparo de las atribuciones constitucionales de quienes las auspician.
Tampoco se considerará ‘lobby’ a las Administraciones Públicas y su sector público, a los organismos y organizaciones públicas internacionales, ni a las entidades que defiendan y promocionen intereses económicos y sociales que les son propios, como es el caso de los colegios profesionales. Lo mismo ocurrirá con las personas físicas que actúen de manera autónoma sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen intereses económicos o sociales individuales que sean significativos.
Creación del Registro de Grupos de Interés
Para establecer quién puede ejercer esa actividad de manera legítima, el anteproyecto recoge la creación de un Registro de Grupos de Interés, el cual será gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que dirige María López Laguna, dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública.
El Registro, que será íntegramente electrónico y público, garantizará la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollen estos grupos con aquellos a los que pretendan influir. Los datos que contenga estarán disponibles en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y en la página web de la OCI a través de accesos directos identificados y visibles.
Todo aquel que quiera celebrar reuniones con aquellos miembros de la Administración del Estado contemplados en el anteproyecto deberá estar registrado para ello. La única excepción para poder mantener un encuentro con quienes participan en la toma de decisiones normativas es el compromiso de presentar la solicitud de inscripción en los tres días siguientes a la cita. También será una obligación de los altos cargos y trabajadores inmersos en la producción de leyes comprobar que aquellos con los que se reúnen forman parte de dicho registro.
Para incidir en la transparencia de estas reuniones, la futura legislación introduce un sistema de huella normativa que consistirá en dejar constancia en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de los cambios introducidos en una disposición normativa por esa actividad de ‘lobby’ de personas físicas o jurídicas.
Otros datos que deberán reflejarse son las identidades del personal público y de los representantes de los Grupos de Interés que hayan protagonizado las reuniones que han afectado a la redacción normativa.
Limitación para los altos cargos salientes
Los altos cargos que hayan participado en esa toma de decisiones estarán obligados a no realizar durante dos años actividades profesionales de influencia sobre ninguna de las materias relacionadas con las competencias del departamento, organismo o entidad en el que se desempeñaban. Por lo que no podrán trabajar para ‘lobbies’ que formen parte del Registro de Grupos de Interés cuando finalicen su actividad pública. Algo que se concreta en una reforma del artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Incumplir esta futura normativa con intentos de influencia basados en engaños, con ofrecimiento de dádivas, incitaciones al personal público a incumplir la ley o con una inscripción en el Registro de la OCI con datos falsos, se sancionará con la cancelación de la inscripción como Grupo de Interés o la prohibición por un tiempo determinado de volver a inscribirse en función de si la sanción es grave o muy grave.
Como en otros países europeos
La apuesta por una norma de este tipo va a situar a España en términos de transparencia y confianza en las instituciones públicas al nivel de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, que ya cuentan con regulaciones para los Grupos de Interés.
Este anteproyecto, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte de los compromisos adquiridos por España para la regulación de la actividad de los ‘lobbies’ ante la Comisión Europea, que emplazó en su Informe Estado de Derecho a llevar a cabo esta regulación. También sirve para asumir las peticiones del Consejo de Europa, que a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) solicitó más transparencia en las relaciones de los miembros del Gobierno con los Grupos de Interés. A esto hay que sumar las recomendaciones de los Principios de la OCDE.
El chiringuito de Blanco, un ‘lobby’ transversal
Un ejemplo interesante es el de Acento Public Affairs, controlado por el exministro Pepe Blanco, con un pie en Moncloa y otro en los estados mayores de casi todos los partidos políticos, que se aprovecha de su influencia política para obtener contratos de empresas públicas o privadas que no van a tener problemas con las oposiciones que están dentro del ‘lobby’. Actuó para sortear la oposición de la Comisión Europea a la fusión con Air Europa. Consiguió contratos de la tecnológica china Huawei, y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España entre otros buenos clientes.
Acento, fue montada por José Blanco, Pepe, que acaba de ser nombrado consejero ‘independiente’ de la empresa pública Enagás. Fue miembro del núcleo duro de Zapatero, con quien fue ministro de Fomento, portavoz del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, en compañía del exportavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, y donde figuran importante gente del PP como Alfonso Alonso, que fue ministro de Sanidad y presidente del PP vasco; Esteban González Guitart, hijo de Esteban González Pons; David Álvaro, quien trabajó como director del Gabinete de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular; Jaime Forero Núñez, que trabajó en FAES, la fundación de Aznar; Raquel Herrera, que fue asistente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Participan también personalidades de otros partidos como Miquel Gamisans, exsecretario de Comunicación de la Generalitat de Cataluña, y de ERC; o Marco Candela, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Es un ‘lobby’ transversal donde Hernando, tras salir de Acento, ocupa el puesto de segundo de a bordo de Óscar López, director del Gabinete del presidente del Gobierno.
La mera composición de los socios de la consultora, así como el hecho de que la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la patronal de los ‘lobbies’ rechazara la admisión en su seno de Acento porque no cumplía su Código de Conducta, la hace sospechosa de tráfico de influencias.
Acento intenta que se acabe con la mala prensa de los ‘lobbies’
Hay que reconocer que el chiringuito de Blanco siempre ha reclamado la urgencia de la norma que acabe con la mala prensa de los ‘lobbies’. El presidente de Acento, Alfonso Alonso, ha asegurado que “contar con un marco normativo de referencia aumenta la transparencia que ya existe sobre la actividad de los grupos de interés, y especialmente, contribuye a la profesionalización del sector, entre otras cosas, procurando las mismas reglas del juego para todos, tanto para la Administración como para el sector privado”.
Alonso confía en que el Gobierno envíe pronto la norma a su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, destacando, “una oportunidad para garantizar la integridad en la comunicación entre los decisores públicos y todo tipo de actores del sector privado, que normaliza nuestra actividad y que nos sitúa a la vanguardia como sucede en otros países de Europa o fuera de Europa”.
Lo apoyan otros consultores
La directora senior de Asuntos Públicos en LLYC, Carmen Muñoz, declaró a ‘Dirconfidencial’ que “una buena regulación de la actividad del ‘lobbying’ y los grupos de interés puede ser buena, sobre todo, para una mejor comprensión de la necesaria relación/conversación entre lo público, quien regula, y lo privado, el regulado”.
El director de Public Affairs de Roman, Lucas Calvo, explica a este medio que “llevamos muchos años esperando esta regulación y esta iniciativa significa un avance muy importante en la profesionalización del sector y en la transparencia. Por fin avanzamos en una regulación asentada a nivel europeo y mundial. Habrá que ver si sufre cambios en el Congreso o en el Senado, pero de entrada es un gran paso”.
Los ‘lobbies’ españoles, un sector oscuro
Un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de Alfredo Arceo Vacas ofreció una buena radiografía sobre la situación del ejercicio de la actividad de ‘lobbying’ en España, entendida como los esfuerzos de colectivos por influir legítimamente en los poderes públicos, para defender los intereses de sus miembros.
Analiza los puntos fuertes y débiles con los que cuentan los tres grandes tipos de actores que llevan a cabo esta práctica: las organizaciones sectoriales que tratan de defender ante los poderes públicos los intereses de sus empresas o colectivos profesionales asociados; las organizaciones de la sociedad civil tales como ONGs, agrupaciones ecologistas, asociaciones de consumidores o de pacientes, y las consultoras que ofrecen servicios de Asuntos Públicos en España, ya sea de forma totalmente especializada o como una parte de su oferta completa de servicios de comunicación. Se trabajó sobre una muestra de 186 organizaciones sectoriales; 54 asociaciones del ámbito civil y de los movimientos sociales, además de 22 consultoras.
Llegó a la sorprende observación de que las organizaciones que representan a los sectores de la movilidad y el mundo digital demuestren más capacidad de influencia que actividades más asociadas tradicionalmente a la práctica del ‘lobbying’, como la energía, el turismo y la hostelería.
Es muy habitual entre las organizaciones españolas el recurso del ‘lobbying’ indirecto, una práctica mediante la que los grupos de interés tratan de influir primero en la opinión pública, de cara a alcanzar sus objetivos con las instituciones.
Déficit de transparencia
Sólo ocho de las 22 consultoras analizadas en el ‘Estudio de campo sobre el estado de la actividad de lobbying en España 2022’ realizado por la Universidad Complutense de Madrid han proporcionado los datos de facturación que se les ha solicitado. Entre las que se niegan a facilitar cuál es su cifra más reciente y en qué proporción procede de su división de Asuntos Públicos, se dan todo tipo de casos: desde la negativa a responder a cualquier pregunta formulada, hasta la remisión a su futura publicación en el Registro Mercantil. Muchas de estas limitaciones se resolverían si en España se contara con un registro unificado de carácter obligatorio.
Señala el estudio que durante los años 2021 y 2022, los principales grupos de interés han coincidido en concentrar parte de sus esfuerzos en una serie de asuntos que afectan a la actividad de numerosas organizaciones:
- El reparto de los fondos “Next Generation UE”, de acuerdo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Es una constante entre las organizaciones empresariales reivindicar la conveniencia para el conjunto de la sociedad de que su sector se beneficie de dichos fondos; en algunos casos, el asesoramiento a los asociados acerca de cómo preparar sus solicitudes llega a ser una de las actividades más importantes de la entidad. De hecho, una de las consultoras de Asuntos Públicos analizadas, Acento, se posiciona como la gran especialista en el ‘lobbying’ sobre estas ayudas.
- Los compromisos del mundo empresarial con el Pacto Verde Europeo; el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética; El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC); los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU; la descarbonización; o la economía circular. Todos ellos surgen asociados a las ayudas europeas, o bien a modo de muestra de Responsabilidad Social ante la opinión pública y las instituciones. Habitualmente, se incide en lo que puede aportar el sector representado para alcanzar los objetivos en todas estas áreas medioambientales.
- La actividad de las organizaciones sectoriales acerca de las sucesivas prórrogas de los ERTE del Ministerio de Trabajo también ha marcado este año en el mundo de los Asuntos Públicos. Pero, si hay un sector que se ha volcado en reclamar todas las prórrogas, ha sido el del turismo y la hostelería. La participación en asuntos de índole laboral se asocia a la aportación de cada grupo para mejorar la situación económica española.
- En el sector agroalimentario, la nueva Política Agraria Común (PAC) es objeto de todo tipo de críticas, a las que se suman las grandes organizaciones ecologistas analizadas. Desde el descontento por la definición de la figura de “agricultor activo”, hasta el arrinconamiento de los criterios medioambientales a la hora de repartir las subvenciones. Representantes de ASAJA, ASOPROVAC, ANPROGAPOR y, en general, el mundo de la agricultura y la ganadería, se esfuerzan por realizar sus propias aportaciones en Europa.
- En el mundo de la energía, se discute con fuerza acerca de la financiación de la transición a las energías renovables. Como muestra, las posiciones en torno al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE): mientras que a AELEC, como representante de las grandes eléctricas, le parece muy positivo, Gas Industrial se decantaría por otras formas de reparto de estos costes.
- Las asociaciones que se esfuerzan por ejercer una influencia favorable a la transformación digital de la sociedad, incluyen en su agenda las regulaciones sobre datos personales. Este tema se encuentra igualmente entre las prioridades del mundo de la comunicación y la publicidad, en tanto que las decisiones al respecto condicionan mucho su actividad ‘on line’; y supone todo un campo de discusión pública entre las organizaciones sectoriales y aquellos grupos de interés compuestos por internautas.
Lo digital, en cabeza
La movilidad y la transición digital son los sectores con especial capacidad para influir. Siete de los 24 grupos de interés analizados del sector de la movilidad obtienen la mejor calificación. Sus organizaciones participan cada vez en más foros, figuran en más registros, y se unen a más confederaciones para aumentar su capacidad de ejercer influencia.
Es más, las principales asociaciones del mundo de la movilidad demuestran su fortaleza incluso por antigüedad y número de empleados. Este resultado coincide con el protagonismo del transporte en los procesos de descarbonización, y en el uso de energías renovables. También coincide con el encaje social y legal de las nuevas formas de movilidad asociadas a apps y plataformas digitales.
Los hallazgos son si cabe más significativos cuando se aprecian las medias discretas de sectores que, a priori, se podían percibir como más capaces de influir y con más recursos: la energía, el turismo y la hostelería, y el mundo financiero. Sin embargo, las organizaciones que operan en dichas áreas han acabado cerrando la tabla de puntuaciones, por ese mismo orden y por debajo de los 90 puntos de media. En buena medida, estas cifras se han visto impactadas por la contribución de cada sector en la práctica al Valor Añadido Bruto español: según los datos de EUROSTAT: un 2,47% en el caso de la producción y distribución de energía (2020); un 3,55% para alojamientos y hostelería (2020), y un 3,23% para los servicios bancarios (2019). Compárense estas estadísticas con la combinación de sectores de producción, distribución, programación… que llevan a los asociados de una organización del mundo digital como AMETIC a representar el 10,81% del VAB del país.
Propuestas y recomendaciones finales
- Urge estandarizar los esfuerzos de transparencia: todos los participantes en actividades de ‘lobbying’ deberían estar obligados legalmente a facilitar una cifra exacta de inversión en Asuntos Públicos. En estos momentos, aunque en los registros se reflejan algunas cantidades, no hay una descripción clara de los gastos que se deben incluir en concepto de ‘lobbying’. Mientras tanto, emplazamos a consultoras y asociaciones que publiquen esta información proactivamente en todos los canales posibles.
- En la misma línea, abogamos por la creación de un registro español unificado para lobistas. De lo contrario, resulta mucho más complejo obtener una imagen fidedigna de las acciones de los grupos de interés en nuestro país, al tener que combinar diversas fuentes. Quien se inscribiera en este nuevo registro, debería tener derecho a la interlocución con los representantes públicos de cualquier administración.
- Todas estas obligaciones que se sugieren para que los grupos de interés faciliten información públicamente, deberían quedar recogidas en una “Ley Integral Reguladora del Ejercicio de las Actividades de Lobbying”. Esta norma iría más allá de la reforma del Reglamento de las Cortes que se está tramitando lentamente, y podría basarse en la Propuesta no de Ley (PNL) aprobada en el Congreso en el año 2017, en la que se pedía que se siguieran las recomendaciones del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) para España, en materia de transparencia.
- En paralelo a estas medidas, la creación de un organismo de autorregulación en el sector de los Asuntos Públicos (que operara de forma similar al existente en el mundo de la publicidad) contribuiría a gestionar los diversos escenarios y posibles problemas que surjan en él. Debería tratarse de un organismo independiente, integrado por representantes de las asociaciones sectoriales, administraciones públicas, consultoras y sus clientes. A través de este mecanismo, todos estos actores trabajarían por el ejercicio de un ‘lobby’ responsable y honesto.
- Con la estructura actual de la actividad de Asuntos Públicos, en general es aconsejable que las organizaciones focalicen una parte de sus esfuerzos en la Unión Europea, para influir en normativas que afectan a España. Aquellas asociaciones más involucradas en espacios de interlocución en Bruselas, han obtenido una mejor valoración global en nuestros rankings.
- Las asociaciones deben tratar de ampliar su número de miembros para ganar capacidad de influencia; sugerimos que dediquen recursos a campañas de extensión.
- Del mismo modo, necesitan estructuras internas sólidas. No basta con una Asamblea General y una Junta Directiva: tienen que crear grupos de trabajo operativos en los que puedan participar sus socios, que se correspondan con los grupos de trabajo institucionales en los que participen.
- Influir sobre la opinión pública no es menos importante que la relación directa con el decisor. El ‘lobbying’ indirecto es práctica habitual porque funciona, y la mayoría de los expertos consultados lo recomendaron igualmente durante el estudio exploratorio.
- Para una óptima valoración de la capacidad de influencia de cada grupo de interés, convendría que los organismos oficiales de estadística (INE, EUROSTAT) desglosaran en mucho más detalle la aportación al PIB o al VAB de las diferentes actividades económicas. Las cifras de Eurostat todavía podrían discriminar mejor entre subsectores de la energía, el turismo o el comercio minorista.
