Destacado Económico / N. L.
Por primera vez se sienta en la poltrona de mando del Banco de España un independiente de verdad. Pablo Hernández de Cos fue nombrado, como sus antecesores, por el Gobierno, pero Pedro Sánchez tuvo el valor de colocar al frente del palacio de Cibeles a un técnico salido de dentro de la institución absteniéndose de presionarle.
Los antecesores en el cargo, hasta Luis María Linde incluido, eran personas de la máxima confianza del presidente del Gobierno que los nombró. Linde, colocado por Mariano Rajoy, y sus antecesores: Jaime Caruana, designado por José María Aznar; y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, correligionario de José Luis Rodríguez Zapatero, intentaron ejercer con plena libertad su trabajo pero sólo lograron cobrarse algún margen de autonomía.
Consideraron el Banco de España como una simple Dirección General
No fue la culpa de los gobernadores, todos ellos personas competentes que actuaron con buena fe. Simplemente no les dejaron. Y es que tradicionalmente el Banco de España era considerado como una Dirección General más del Ministerio, del de Hacienda o del de Economía, según las distintas estructuras de la Administración General del Estado. De nada sirvió la ley de autonomía del Banco de España que fue burlada siempre por los ministros del ramo; de forma especialmente arrogante por parte de Luis de Guindos, que suplantó sin cortarse un pelo a Luis María Linde en importantes cuestiones como el tratamiento del Banco Popular.
Afortunadamente en estos momentos pandémicos, Pablo Hernández de Cos ha podido permitirse prorrumpir en advertencias que Sánchez tragó sin parpadear. Ahora, en su comparecencia del pasado lunes ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, se ha permitido mojarse al reclamar una vez se haya superado la pandemia, sin dilación alguna un «acuerdo político» para «varias legislaturas» con el fin de impulsar un programa de «reformas estructurales» que permitan el saneamiento de las cuentas públicas, con una revisión del gasto y la mejora de los ingresos fiscales.
Un acuerdo para la emergencia social y económica
Mientras llega el deseado fin de la pandemia se hace preciso un amplio acuerdo político para abordar la caída en picado de la economía y del empleo, que esperamos pueda definirse en la comisión ‘ad hoc’ del Parlamento que, por presión de Pablo Casado, sustituye a la idea de Pedro Sánchez de recrear algo parecido a los Pactos de la Moncloa.
Asimismo, ha pedido evitar «una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos».
Los antecesores en el cargo, hasta Luis María Linde incluido, eran personas de la máxima confianza del presidente del Gobierno que los nombró. Linde, colocado por Mariano Rajoy, y sus antecesores: Jaime Caruana, designado por José María Aznar; y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, correligionario de José Luis Rodríguez Zapatero, intentaron ejercer con plena libertad su trabajo, pero sólo lograron cobrarse algún margen de autonomía. / EP
La información del gobernador sobre la situación económica ha sido más dura de lo que viene manejando el Gobierno, como severo ha sido su dictamen de que la recesión en que estamos inmersos será más larga que las propias estimaciones del Banco de España de hace unas semanas, que ahora considera “poco realistas”.
Estima el gobernador que el confinamiento provocará una contracción «muy severa» del PIB de entre el 9,5% y el 12,4% este año, sin que se puedan descartar escenarios más desfavorables que los considerados actualmente. Avisa que el ‘shock’ será de mayor intensidad cuanto más dilatado sea el período en el que se necesiten mantener las restricciones de actividad y con más riesgos de que los problemas de liquidez de «muchos» agentes económicos den paso a situaciones de insolvencia.
Sin embargo, aunque entiende que la recuperación prevista para 2021 será insuficiente para alcanzar el nivel previo, mantiene las favorables expectativas de cara al comportamiento del PIB que crecería entre el 6,1% y el 8,5%, algo más de lo previsto en abril. Hambre para hoy y pan para mañana, aunque él no utilice estos términos de nuestra exclusiva pertenencia.
En su opinión, los escenarios macroeconómicos permiten estimar que el coste presupuestario de la crisis será «muy alto» por el doble efecto de las medidas paliativas adoptadas y, sobre todo, de la acción de los estabilizadores automáticos, que conducirán a un déficit público «muy elevado» este año, con su consiguiente traslación al endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas.
El gobernador ha calificado de «insuficiente» la respuesta dada a nivel europeo y sostiene que la «severidad, la temporalidad y la globalidad» de la perturbación demandan en una primera fase que las acciones sean «contundentes, acotadas en el tiempo y coordinadas».
En su opinión, lo razonable sería “repartir entre el conjunto de la sociedad los costes que una parte de la ciudadanía ya está soportando de una forma muy directa», por lo que pide reformas «ambiciosas» y el diseño «temprano» de una estrategia de consolidación fiscal a implementar cuando finalice la pandemia.
