Poco ha tardado el Gobierno en reaccionar al fiasco de las elecciones andaluzas. Pedro Sánchez trata de recuperar la iniciativa política con el nuevo decreto anticrisis -con medidas como la rebaja del abono transportes-, la reunión con Pere Aragonès tras el ‘caso Pegasus’ y la reactivación de leyes como la de Memoria Democrática. De fondo, la posibilidad de una crisis de gobierno como la que sucedió al batacazo electoral en la Comunidad de Madrid. Por otro, el clima en el Madrid mediático y político, que ve otra oportunidad de remar en favor de un gobierno de concertación PSOE-PP para el ciclo que se abre en 2023, con la complicidad de los barones socialistas críticos con Sánchez. De momento, el presidente y una Yolanda Díaz también en apuros renueva su compromiso de agotar la legislatura.
Aunque ya lo anticipaban las encuestas en los últimos días, el batacazo electoral en Andalucía ha hecho cundir la inquietud en el Gobierno. Tanto, que tanto la parte socialista como la de Unidas Podemos han pisado el acelerador en las medidas económicas, contra la crisis, que más impacto pueden tener en la vida diaria de los españoles. A falta de conocer los detalles del real decreto que se aprobará en consejo de ministros extraordinario, Pedro Sánchez anunciaba esta semana en el Congreso la rebaja del IVA de la luz hasta el 5%, lo que coloca a España como el país de la UE que más bajo fija este tipo, junto a Malta. La cifra está muy por debajo de la media europea y no hace mucha gracia en el seno de UP, porque entienden que ya se ha recortado ampliamente -cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa estaba en el 21%- y porque comprar al PP el discurso de las rebajas fiscales lleva a la derrota política y electoral. Pero no van a levantar la voz porque el pulso está en otras dos grandes cuestiones.
Una de las primeras medidas del rearme ideológico es la recuperación de la Ley de Memoria Democrática
Por un lado, socialistas y morados avanzan en las negociaciones para rebajar el precio del abono transportes. Yolanda Díaz y Ione Belarra apostaban por dejarlo en una tarifa plana de 10 euros para toda España. Pero desde Hacienda, el equipo de María Jesús Montero entiende que los precios de esos abonos difieren mucho de una ciudad a otra, por lo que prefieren dejarlo en una rebaja del 50%. Por este camino sí hay acercamiento entre los dos sectores de la coalición.
En lo que no hay entendimiento, por lo menos a corto plazo, es en el impuesto extraordinario a las compañías energéticas. El área de economía de los morados, pilotada por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, había propuesto un recargo adicional del 10% en el impuesto de sociedades. Pero Hacienda está preocupada por los problemas jurídicos que puede presentar una medida de este calado y la batalla judicial que puedan plantear las compañías afectadas. La parte socialista del Gobierno apuesta por estudiarlo bien y que la medida entre en vigor en 2023, no de forma inmediata como pretende UP.
La coalición resiste
Sánchez lanzaba un aviso a navegantes en la ejecutiva socialista del pasado lunes. El presidente subrayaba que “el Gobierno está fuerte, sólido” y que, como viene insistiendo, “hay legislatura hasta el final”. Es decir, hasta finales de 2023. Sánchez no tiene intención de sacar a UP del Gobierno y ni mucho menos Unidas Podemos tiene intención de abandonarlo. Aunque quisieran, ninguno de los dos se lo puede permitir políticamente, para disgusto de amplios sectores del Madrid mediático y político, que vuelven a remar en favor de un gobierno de concertación PSOE-PP para el ciclo que se abre en 2023. Siempre con la complicidad de los barones socialistas críticos con Sánchez.
En este clima, el diario El Mundo está tomando la delantera. El lunes, titulaba una información firmada por Lucía Méndez de esta guisa: “Barones del PSOE señalan hacia Moncloa: ‘Sánchez tiene que dar un volantazo y echar a Podemos del Gobierno’”. Un párrafo es definitorio: “El presidente tiene que dar un giro, sólo puede salvarse con un volantazo, echar a Podemos del Gobierno porque nos está haciendo mucho daño, olvidarse de las alianzas con los independentistas que nos están destrozando en muchas comunidades y situarse en una posición autónoma para convocar elecciones”. Es más, según las fuentes citadas por El Mundo: “Pensar en resistir así hasta finales del año 23 o enero del 24 no es realista y llevaría a un destrozo importante del PSOE. Aguantar sin hacer nada hasta el final de la legislatura, podría comprometer el futuro del propio partido”.
No es algo que no hayan dicho ya en público Emiliano García-Page o Javier Lambán. El presidente castellano-manchego afirmaba hace poco que, en su opinión, Sánchez está teniendo “demasiada paciencia con Podemos” e insistía en que “las grandes formaciones políticas lleguemos a pactos de gobernabilidad para impedir el bloqueo político”. Y el aragonés, que gobierna con un cuatripartito en el que también está Podemos, junto al PAR y la Chunta, afirmaba el lunes que lo ocurrido en Andalucía “merece una reflexión muy profunda por parte del PSOE”. Eso sí, según él, tienen una importancia creciente “la centralidad, la transversalidad, el pacto y el acuerdo”.
El naufragio del giro al centro
Por el momento, se descarta una remodelación del Gobierno. Pero a partir de septiembre, ya se verá. Será entonces cuando arranque la larga campaña de las elecciones municipales y autonómicas -y veremos si también de las generales, a pesar de las intenciones de llegar hasta el final de 2023- y no faltan los dirigentes socialistas que echan en falta más peso político, más capacidad dialéctica y sello ideológico en el Ejecutivo. Hay ministros que están muy diluidos, en un gabinete que se diseñó para conducir la recuperación post-Covid y que ahora tiene que lidiar con las consecuencias económicas y sociales del conflicto bélico más grave que sufre Europa desde la II Guerra Mundial.
Los socialistas han querido pelear el voto de centro en las últimas elecciones autonómicas y han salido claramente derrotados
Las elecciones autonómicas que se han celebrado desde el confinamiento de la primavera de 2020 hasta ahora tienen todas un mismo patrón: en Galicia, Euskadi, Madrid y Andalucía los votantes han recompensado al gobierno autonómico y han castigado a las fuerzas que forman parte del Ejecutivo nacional. O, al menos, no las han premiado, salvo el caso del PSC en Cataluña, que sí se ha beneficiado del hundimiento de Ciudadanos. Un patrón coherente, si se tiene en cuenta el lógico desgaste de gestionar la mayor pandemia en un siglo, por un lado, y que, cuando parecía que ya se superaba lo peor y la economía remontaba, el mundo ha retrocedido a los días más tensos de la Guerra Fría y la inflación se ha disparado, con el enorme impacto que eso tiene en el día a día de la gente.
Lo que también ha puesto de manifiesto este ciclo de elecciones autonómicas es que el voto centrista, que hace una década pudo formar parte del electorado del PSOE, se pasó a Ciudadanos y, de ahí, al PP. Lo sucedido en Cataluña con el PSC, refugio de buena parte de los votantes de Ciutadans, ha sido la excepción y no la norma en España; en la que los populares han venido absorbiendo a la práctica totalidad de los electores que dejaba la formación naranja. No ha quedado nada para un PSOE a la baja en las urnas. Juan Espadas es uno de los mejores representantes del sector centrista y moderado, de perfil bajo, que el PSOE ha querido impulsar en este ciclo de elecciones autonómicas y que le ha dado mal resultado. En los cuarteles generales socialistas han querido pelear por el voto de centro y han salido claramente derrotados.
Andalucía refleja también la incapacidad actual de las izquierdas para movilizar a sus respectivos electorados. La participación ha sido muy baja, y así no hay manera. Sucedió también en las elecciones madrileñas del año pasado, donde la participación global fue alta, pero más baja en los distritos de Madrid y en los municipios donde el voto progresista solía ser mayoritario.
El rearme ideológico
Así las cosas, en el PSOE entienden que toca un rearme ideológico por la izquierda. Tras la ejecutiva del pasado lunes, el portavoz del partido, Felipe Sicilia, explicaba a los periodistas que el presidente les había transmitido que “ahora lo que toca es demostrar de manera clara que el Gobierno está preocupado de lo que le preocupa a la ciudadanía, que es poder ir solventando la crisis derivada de la guerra en Ucrania”. Según afirmó Sicilia, “la mejor manera de ganar la confianza de los ciudadanos es demostrar con políticas de izquierdas y progresistas que somos la alternativa a la derecha”.
Durante julio el Gobierno quiere acelerar la Ley de Vivienda, que tantos desencuentros ha provocado entre los socios
Una de las primeras medidas en este sentido es la recuperación de la Ley de Memoria Democrática, que languidecía tras unas nada fluidas negociaciones. El objetivo es que el texto pueda quedar aprobado en un pleno extraordinario a mediados de julio, aunque todavía subsiste un escollo relevante con ERC, que se resiste a dar su apoyo. En noviembre, PSOE y UP pactaron incluir en la ley la obligación de que los tribunales interpreten la Ley de Amnistía de acuerdo con los principios de Derecho Internacional. que consagran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Seria el caso, por ejemplo, de los de torturas. Esta medida vendría a derogar la Ley de Amnistía de facto, pero a ERC le parece insuficiente y defiende la derogación de iure de esa ley.
Precisamente en mejorar la relación con ERC se ha puesto manos a la obra el Ejecutivo. Al PNV y EH Bildu se les considera socios sólidos, que han garantizado su apoyo a la coalición, pero tras lo sucedido con el ‘caso Pegasus’, la sintonía con los republicanos ha quedado seriamente tocada y toca reconstruirla. Esta semana se reunía en Moncloa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con la consellera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, para poner los cimientos de la reconciliación. Las diferencias siguen siendo abismales en torno a la salida política que se puede dar a la mesa de diálogo, pero Pere Aragonès ha conseguido su tan ansiada reunión con Sánchez, pospuesta durante meses por Moncloa y apalabrada para el mes de julio.
Durante el mes de julio el gobierno también quiere acelerar la dificultosa Ley de Vivienda, que tantos desencuentros ha provocado entre los socios de gobierno y entre éstos y sus aliados parlamentarios. El consejo de ministros aprobó el proyecto de ley hace cinco meses y, desde entonces, se ha avanzado bien poco con las más de 800 enmiendas que se han presentado al texto. De hecho, la intención del Gobierno es solicitar al Congreso la habilitación del mes de julio -que queda fuera del periodo de sesiones y normalmente no tiene actividad- para poder trabajar en eses enmiendas y evitar que la tramitación del texto se eternice.
Es en este tipo de cuestiones, en estas leyes, dónde se la juega el Gobierno de Pedro Sánchez, porque no sólo le aprieta el PP en las encuestas, sino que más de uno en su partido espera la hora de ajustar cuentas. Hace bien poco, García-Page, preguntado sobre si será candidato en 2023 explicaba que no lo había decidido pero que “no soy ni siquiera dueño de mis propias decisiones en este sentido, porque eso lo tiene que decidir el partido. Es verdad que soy el jefe del partido aquí… pero eso ya no significa nada en el PSOE. Porque solo hay uno para toda España, los demás estamos aquí de monaguillos”. “No lo sé, a lo mejor no me dejan, habría que preguntar de la M-30 hacia dentro”, concluía irónico. Se avecina marejada en el PSOE de aquí hasta la primavera de 2023.
