Cristina Antoñanzas.
Lo puede comprobar cualquiera que esté mínimamente en contacto con el día a día de lo que pasa en la calle: una parte enorme, y difícilmente cuantificable del mercado laboral español, está en situación de ilegalidad, no se cumplen las leyes, el corpus normativo del Derecho del Trabajo.
¿Será que es muy estricto? ¿Será que es muy rígido? Pues va a ser que no, más bien todo lo contrario. Cómo se dice coloquialmente, la reforma laboral de 2012, que perpetró el PP con su mayoría absoluta (y el único apoyo de la extinta CiU), dejó ‘en el chasis’ la regulación laboral.
Si una empresa no puede desarrollar su actividad dentro del marco de la ley, será porque no es viable. Pero no le encuentro ninguna justificación a que eso lo tengan que pagar los trabajadores y trabajadoras, pasando de forma forzosa a la ilegalidad
La desregulación fue prácticamente total: se puede despedir fácil, barato, rápido; se puede despedir si el trabajador se pone enfermo más de la cuenta, si el empresario entiende que no es lo suficientemente diligente (despidos disciplinarios en abundancia), se pueden ampliar las jornadas ‘ad infinitum’, fácil descuelgue de los convenios; fácil cambio de horarios, de jornadas, de categorías laborales, de destinos.
Si han visto la prensa en los últimos días verán que incluso se puede hacer que los trabajadores asuman directamente algunos de los riesgos del negocio de su empleador, como el caso de los camareros y camareras que pagan con su sueldo o sus propinas cuando un cliente se larga sin pagar la cuenta (eso del ‘simpa’, que parece tan gracioso, tan guay, y que no es más que un robo, y quienes lo hacen pura y simplemente ladrones). Y ahí es donde se rebasa la línea de la legalidad.
No hace mucho escuchaba a un economista decir que el 40 por ciento de las empresas de este país están en una situación tal que si, por ejemplo, se les cambia algún factor de producción –como la subida del Salario Mínimo Interprofesional– se tienen que pasar a la economía sumergida (es decir, a la ilegalidad). Y digo yo, que no soy economista sino sindicalista, que si una empresa no puede desarrollar su actividad dentro del marco de la ley, será porque no es viable. Pero no le encuentro ninguna justificación a que eso lo tengan que pagar los trabajadores y trabajadoras, pasando de forma forzosa a la ilegalidad, que para ellos y ellas es pérdida dinero, pérdida de condiciones de trabajo, explotación.
Una trabajadora temporal en un centro de educación especial se lesiona un hombro trabajando y está una semana de baja, y su empresa le dice que se queda sin la semana de vacaciones que le corresponde. Trabajadora del sector servicios que firma contrato según el cual tendrá un mes de vacaciones, y su empresario le dice que eso no será así porque sólo tendrá quince días. Trabajador de hostelería que firma contrato de 8 horas y trabaja 12 diarias y sin ningún día de descanso. Trabajador del sector servicios al que pagan 900 euros de nómina, y 400 en negro. Trabajador de empresa de prótesis dentales, en la que –temporalmente– se extravía una prótesis y es sancionado con 2 días de empleo y sueldo. Podría seguir, pero creo que se hacen una idea.
La mayoría de esos trabajadores y trabajadoras no denuncian, porque necesitan el trabajo para ganarse la vida, porque es complicado, porque requiere un tiempo y unos conocimientos que muchos no tienen, y porque del resultado incierto del proceso legal esperan sacar indemnizaciones que no les compensan.
Las leyes laborales se pueden incumplir fácilmente, porque incluso enfrentados a una posible demanda, las empresas saben que las sanciones son mínimas, que vivir al margen de la ley sale a cuenta. Una cuenta sucia, intolerable, y que hay que combatir.
Vicesecretaria general de UGT y responsable de políticas en los ámbitos de Comunicación, Mujer Trabajadora, Migraciones, Juventud y la Unión de Técnicos y Cuadros. Licenciada en Biología, fue secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT La Rioja de 2007 a 2009, año en el que fue elegida secretaria de Salud Laboral y Empleo. En 2013 fue nombrada Secretaria General de UGT La Rioja.
