J.Q.
Con la negociación entre PP y Vox para conformar el nuevo gobierno balear, ambas formaciones parecen coincidir en la necesidad de terminar con la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción impulsada por la socialista Francina Armengol en su primer mandato al frente de las Islas Baleares. El objetivo de la misma desde entonces no ha sido otro que el de prevenir posibles casos de fraudulencia de fondos públicos, así como cualquier tipo de aprovechamiento ilícito de las arcas públicas. El organismo llegó después de que la corrupción salpicase gravemente las instituciones de la comunidad en los años previos.
Tanto PP como Vox ya se han mostrado críticos en el pasado con la actividad de la Oficina, argumentando que se trataba de un gasto superfluo. El portavoz popular en el Parlament, Antoni Costa, ha comentado en alguna ocasión que se trata de un ente “prescindible” que ha producido “cero resultados” desde su puesta en marcha.
Sin embargo, la labor de la Oficina ha sido relevante en los últimos años. Realizó un informe en 2020 que analizó las compras realizadas por el Servei Balear de Salut para neutralizar los efectos de la pandemia. Gracias a este documento se pudo concluir que no se había producido ningún tipo de fraude en la compra del material sanitario.
Asimismo, la Oficina también investigó posibles irregularidades en la vacunación de altos cargos del Govern, saltándose la investigación sin acusaciones.
