Cristina Narbona
La seguridad ha sido considerada como una prioridad más propia de las políticas conservadoras que de las políticas progresistas: su enfoque característico ha limitado la libertad individual, con medidas centradas en la penalización de los comportamientos de riesgo y, en su caso, la corrección a posteriori de los efectos de tales comportamientos.
Sin embargo, la evolución de determinados procesos que se acentuarán en el siglo XXI –cambio climático, pérdida de la biodiversidad, grandes migraciones, reivindicación del empoderamiento de las mujeres y lucha contra la violencia de género así como contra todo tipo de desigualdad o discriminación…– exige, en materia de seguridad, potenciar determinados principios: el principio de prevención (y de precaución) y el principio de equidad.
La seguridad (en cualquier ámbito) aumenta si se aplican los principios de prevención y de precaución, que son cruciales para garantizar, en particular, la sostenibilidad ambiental, y que comienzan a recogerse en las reformas de algunas Constituciones.
La educación es una herramienta fundamental para incorporar estos principios en los comportamientos individuales desde edades muy tempranas, inculcando el sentido de la responsabilidad de los propios actos
El principio de prevención consiste en la consideración de riesgos conocidos que pueden ser evitados, incorporando dicho principio en el proceso de toma de decisiones. La intensificación y mayor frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos –provocados por el calentamiento global– exige, por ejemplo, que se deje de construir en zonas potencialmente inundables, tanto en la costa como en la proximidad de los ríos, aunque la probabilidad de tales inundaciones haya sido muy baja… hasta la actualidad. La comunidad científica nos alerta también sobre la gravedad de las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, que se traduce en la aparición de nuevas enfermedades y plagas, afectando tanto a la salud humana como a la salud de los ecosistemas, y por lo tanto, entre otras cuestiones, a la producción de alimentos.
El principio de precaución profundiza en la prevención, en cuanto incide en evitar decisiones potencialmente peligrosas, aunque no exista todavía una confirmación y cuantificación definitiva de dicho riesgo. Por ejemplo, la Comisión Europea incorporó el principio de precaución en la elaboración del reglamento REACH relativo a los productos químicos potencialmente dañinos para la salud humana, exigiendo una evaluación de los correspondientes efectos, independiente del correspondiente sector, con carácter previo a su autorización.
Como es obvio, la prevención y la precaución pueden suponer costes adicionales a las empresas o a los ciudadanos, pero resultan mucho menos onerosas para el conjunto de la sociedad que la corrección a posteriori de los daños que provoca su no aplicación. En el caso del cambio climático, desde 2006 se dispone de suficientes informes sobre el coste económico de la inacción. Además, determinados daños pueden resultar irreversibles, por lo que resulta imprescindible reforzar la prevención y la precaución.
La educación es una herramienta fundamental para incorporar tales principios en los comportamientos individuales desde edades muy tempranas, inculcando el sentido de la responsabilidad de los propios actos. Por eso resulta crucial recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, denominada ahora Educación en Valores Cívicos y Éticos, y la consideración de la transversalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo cumplimiento permitiría un claro avance en materia de seguridad.
En cuanto al principio de equidad, desde un enfoque progresista es inaceptable que la seguridad sólo la disfrute quien pueda pagársela. En España hemos padecido recortes en los recursos públicos, humanos y materiales, destinados a garantizar la seguridad de los ciudadanos (y muy en particular, de las ciudadanas, potenciales víctimas de la violencia de género), incluyendo los recortes en las políticas de salud y de atención a la dependencia, que se han manifestado con toda su gravedad con motivo de la pandemia del Covid-19.
Asimismo, la borrasca ‘Filomena’ ha puesto en evidencia la insuficiente capacidad de respuesta de las administraciones locales y autonómicas, competentes en la protección civil –con el apoyo de los medios del Gobierno de España cuando la emergencia supera determinados umbrales o afecta a infraestructuras estatales–.
Afortunadamente, nuestro país se ha venido dotando de herramientas muy útiles para la prevención de riesgos naturales mediante sistemas de alertas tempranas; destaco la actual capacidad de la Aemet, que anticipó los parámetros de ‘Filomena’ con suficiente antelación. Asimismo, la creación en 2006 de la Unidad Militar de Emergencia (UME) del Ejército –muy denostada inicialmente por el PP y por algunos partidos nacionalistas– ha demostrado ya ampliamente su utilidad, colaborando en la extinción de incendios y en episodios de graves inundaciones o de nevadas.
Como hay que repetir hasta la saciedad, el incremento del PIB no garantiza por sí mismo el aumento en el bienestar de la sociedad; es más, en ocasiones el PIB aumenta gracias a la actividad de sectores que se benefician de la ocurrencia de catástrofes o del aumento de patologías. Y, desde luego, el PIB no puede medir las mayores cargas de inseguridad que recaen sobre los colectivos más vulnerables. Por ello, es necesario seguir avanzando hacia una medición del progreso, acorde con el enfoque integral de la Agenda 2030, que evalúe los avances en materia de equidad y de sostenibilidad ecológica, con el objetivo de garantizar un progreso más justo, más duradero y más seguro.
Presidenta del PSOE, partido del que es miembro desde 1993. Vicepresidenta Primera del Senado. Doctora en Economía por la Universidad de Roma, ha sido, entre otros cargos, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (1993-1996) y ministra de Medio Ambiente (2004-2008), así como embajadora de España ante la OCDE (2008-2011). Desde enero de 2013, y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es miembro del Global Sustainability Panel del secretario general de Naciones Unidas (2010-2012), de la Global Ocean Commision y de la Red española de Desarrollo Sostenible. También forma parte del colectivo Economistas frente a la Crisis.
