Belén Hoyo
Los gobernantes siempre serán bien valorados mientras los recursos sean abundantes. Si, además, aquel que ostenta el poder no es consciente de que los recursos provienen de los impuestos de los ciudadanos, y tiene muy asumido el dogma socialista de que el dinero público no es de nadie, el resultado no puede ser más que un periodo de falsa realidad en una primera fase, seguido de otro periodo de cruda realidad.
En esos momentos de gasto sin contemplación la política se convierte en el arte de lo sencillo: la adjudicación, la inauguración, las obras públicas, las ayudas por doquier, etc. Es lo más sencillo. Pero qué pocos buenos gobernantes encontramos cuando vienen mal dadas. Aunque hay excepciones que confirman la regla (véase los gobiernos que sacaron a España de la crisis en el 1996 y en 2011), la crisis actual ha roto todos los récords, tanto de cifras negativas como de pésimos gobernantes.
No valdrán necesidades, ni informes, ni balances en rojo, ni cifras de paro. Lo único válido será la voluntad del presidente. Y no hay que olvidar que ésta es una cuestión a la que ha contribuido, entre otros, Vox, un partido convertido en el principal aliado del gobierno en una cuestión tan importante como la gestión de la mayor inyección económica de fondos europeos que va a recibir nuestro país
Estos días hemos conocido las cifras del paro del mes de febrero y ponen los pelos de punta a cualquiera que conozca la realidad de nuestro país, algo que el Gobierno sigue sin hacer. El paro supera los cuatro millones de personas, una cifra que no veíamos desde 2016; los trabajadores en ERTE superan los 900.000; hay 600.00 autónomos en cese de actividad y se han perdido más de 400.000 empleos. Y, mientras tanto, hay quien sigue afirmando que no se deja a nadie atrás.
Ni los eslóganes, ni las manifestaciones, ni el ‘procés’, ni el indulto a Pablo Hasel, ni la quema de contenedores, ni el saqueo de comercios, ni las recetas socialistas, ni, por tanto, los actuales gobernantes sacarán al país de esta situación. Tenemos el peor Gobierno en el momento más crítico posible. Sólo la Unión Europea, por cierto, presidida por el Partido Popular Europeo, puede contribuir a que salgamos de la forma menos abrupta posible. Y aquí es donde entran en juego los tan famosos 140.000 millones de euros de los que dispondrá España para hacer renacer el país.
Estos fondos deberían contribuir a potenciar aquellos sectores económicos y sociales más afectados por la crisis. Tantos millones dan para ello. Pero España parte de un vicio de origen: el mecanismo ideado por los ‘fontaneros’ de Moncloa para que el reparto del dinero recaiga directamente en el Gabinete de Presidencia del Gobierno. No valdrán necesidades, ni informes, ni balances en rojo, ni cifras de paro. Lo único válido será la voluntad del presidente. Y no hay que olvidar que ésta es una cuestión a la que ha contribuido, entre otros, Vox, un partido convertido en el principal aliado del gobierno en una cuestión tan importante como la gestión de la mayor inyección económica de fondos europeos que va a recibir nuestro país.
Unos fondos que, por cierto, volverán a dejar visible la falta de eficacia y eficiencia del Gobierno por lo que respecta a su gestión (España es el país que menos fondos europeos ha sabido ejecutar). Pero no sólo eso. La puerta a la corrupción, a la discrecionalidad, al sectarismo y al amiguismo está abierta. El Gobierno convertirá el reparto de fondos en una competición de tráfico de influencias entre miembros del Gabinete. De lo contrario, no se explica el mecanismo de gestión de los mismos. Como tampoco se explica que se ocultara el informe del Consejo de Estado en la tramitación del Decreto.
Un informe del máximo órgano consultivo del Estado, por cierto, que, según hemos conocido, alertaba del descontrol de los fondos y de graves insuficiencias que conllevarán una anulación del Decreto cuando el Tribunal Constitucional analice el recurso del Partido Popular. El Gobierno tiene un problema de fondo, un problema de fondos. Y los españoles tenemos un problema de Gobierno.
Algunos avisamos de esta situación y ahora el Consejo de Estado ha delatado a Sánchez. Veremos a quién llega el dinero.
Diputada del Partido Popular por Valencia desde la X legislatura y actual coordinadora de Comisiones del Grupo Popular en el Congreso. Es Licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración y Estudios en Humanidades. Actualmente es Portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, Vocal de la Comisión de Interior, Vocal de la Comisión de Educación y Deporte, Adscrita de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, Adscrita de la Comisión Mixta Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. También es miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Vicesecretaria de Organización Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular y Coordinadora General del Partido Popular de la Provincia de Valencia.
