Tema de Portada de El Nuevo Lunes / Ana Sánchez Arjona
Será a lo largo de 2020 cuando se produzcan los cambios en supervisores y reguladores. El primero se acaba de producir, porque el Gobierno acaba de nombrar a Cristina Herrero como nueva presidenta de la Airef. Más retraso llevan los cambios en la CNMC, de la que sigue al frente Marín Quemada a la espera de relevo. Pendiente también en la SEPI, que está presidida desde octubre, de forma interina, por Bartolomé Lora, y en Red Eléctrica, tras la precipitada salida de Jordi Sevilla. El caso más llamativo es el del CES, cuya renovación tendría que haberse efectuado en 2015.
Lo siguiente, aunque sin prisas, será ponerse manos a la obra con los cambios en varias entidades reguladoras y empresas públicas. En esos cambios quiere participar directamente Pedro Sánchez que, no obstante, consensuará los nombramientos con sus vicepresidentes. Sobre todo con Ribera y Calviño. En la lista están la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Red Eléctrica de España (REE), en la que la primera tiene un 20% de participación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo Económico y Social (CES). Esta último es el caso más sorprendente porque su renovación está pendiente desde 2015. En el caso de la CNMV, la renovación de sus cargos deberá acometerse en el mes de octubre.
De momento y para empezar, el Gobierno acaba de nombrar a Cristina Herrero como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, organismo que ya presidía de forma interina desde mediados de enero en sustitución de José Luis Escrivá, tras ser nombrado ministro de Seguridad Social cuyo anterior presidente. El nombramiento de Escrivá tuvo lugar a través de un real decreto el 21 de febrero de 2014, establece que el mandato del presidente de este organismo es por seis años no renovables.
Los más inmediatos parecen los de la SEPI, dependiente de Hacienda, que está presidida desde octubre, de forma interina, por Bartolomé Lora tras la dimisión de Vicente Fernández, investigado en la causa de la mina de Aznalcóllar y por su supuesta interferencia como director general de Industria de la Junta de Andalucía.
La SEPI, por tanto, será la encargada de controlar este grupo en el que también hay empresas participadas. Es el caso de Red Eléctrica, Indra o Enagas, por citar solo algunas, que también seguirán bajo la ‘órbita PSOE’.
La configuración del Consejo de Administración del holding empresarial del Estado hace difícil que el área de Gobierno de Unidas Podemos pueda tener, además, un peso real en la toma de decisiones de la SEPI. Según la estructura actual de su principal órgano de Gobierno, sólo uno de sus sillones estará ocupado por un alto cargo de un ministerio controlado por los de Pablo Iglesias.
Desdoblamiento en la SEPI
Todo apunta a que ese puesto se desdoblará, ya que su función consiste en ponderar las consecuencias laborales y sobre el flujo de ingresos de la Seguridad Social de las actuaciones llevadas a cabo por las empresas del hólding estatal, aspectos que a partir de ahora estarán escindidos en dos ministerios: el de Seguridad Social, controlado por el PSOE a través de José Luis Escrivá; y el de Trabajo, controlado por Unidas Podemos con Yolanda Díaz al frente.
En la SEPI se han barajado varios nombres, incluso la posibilidad de recuperar a Fernández si sale eximido del juicio. El nombramiento, en todo caso, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Inmediatos también los cambios de REE, de la que ha salido a toda prisa Jordi Sevilla. En REE es el consejo de la empresa el que elige al presidente entre sus miembros, normalmente a propuesta de su principal accionista, la SEPI.
La sucesión de Sevilla será clave para descifrar la deriva de Red Eléctrica. Sobre la mesa dos nombres toman fuerza. El primero es el de Maite Costa, actualmente consejera de Red Eléctrica y miembro del PSC. Costa fue presidenta de la Comisión Nacional de la Energía y allí coincidió y entabló una gran amistad con Mariano Bacigalupo, que era secretario del consejo. Bacigalupo, actualmente en la CNMC, es pareja de la vicepresidenta Ribera.
La otra candidata que suena es Natalia Fabra, hija del que fue el segundo presidente de Red Eléctrica, Jorge Fabra, en la actualidad fundador de Economistas frente a la crisis, un grupo de pensamiento y difusión que da soporte intelectual al PSOE de Pedro Sánchez. Natalia Fabra tiene un bagaje en el terreno académico (es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III), pero arrastra como hándicap que aún no tiene experiencia en el campo de la gestión.
Más peliaguda se presenta la renovación de la CNMC, en la que el pasado septiembre terminaron su mandato el presidente,
José María Marín; la vicepresidenta, María Fernández, y tres vocales (Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep María Guinart). Es decir, la mitad de los 10 miembros del consejo, que fueron nombrados en septiembre de 2013 por el Gobierno de Rajoy.
La CNMC fue el resultado de la fusión de varias comisiones, principalmente la de Competencia, la de Energía y la de Telecomunicaciones.
Durante el Gobierno en funciones no pudo abordarse el relevo, ya que necesita el refrendo del Congreso de los Diputados; pero ahora, que los grupos parecen dispuestos a entrar al juego, la incorporación de los sustitutos se presenta muy disputada. También se discute si se hace en bloque o por partes. En definitiva, la permanencia del actual equipo se puede alargar sine die. Por otra parte, el relevo ha abierto de nuevo el debate sobre la independencia necesaria de los miembros de la institución.
CES, pendiente desde 2015
El caso más llamativo, no obstante, es el del CES, cuya renovación está pendiente desde 2015, cuando Marcos Peña cumplió su segundo mandato. Se mantuvo cuatro años de prórroga hasta que en abril de 2019 dejó el cargo que ahora ocupa Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, de forma interina. El organismo consultivo en materia social y laboral está adscrito al Ministerio de Trabajo, donde ahora manda Yolanda Díaz, representante de Unidas Podemos.
De momento, no se han dado señales de cambio, pero las fuentes consultadas subrayan que es la oportunidad de dar un impulso al organismo que, a su juicio, está adormecido. Se baraja la posibilidad de que se adopte una presidencia rotatoria, de manera que cada dos años esté presidido por uno de los tres bloques que forman el pleno, sindicatos, patronales y expertos. Para el nombramiento, el candidato debe ser propuesto por el Gobierno, tener la aprobación de las dos terceras partes y pasar por el Congreso.
El FROB, en julio, y la CNMV, a finales de año
Bien entrado el año, será cuando, en el caso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Frob, venza el mandato del presidente, Jaime Ponce, concretamente en julio, mientras que el del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella y la vicepresidenta, Ana Martínez-Pina, sus mandatos vencen a finales de año, concretamente en octubre. Los dos podrían mantenerse en sus cargos ya que la ley establece la posibilidad de que cumplan dos mandatos de cuatro años y solo llevan uno. Albella fue nombrado tras un acuerdo entre el PP y Ciudadanos (Luis de Guindos y Luis Garicano lo negociaron) y Martínez-Pina fue una decisión del ministro de Economía.
El nombramiento de Albella fue criticado en el Congreso por provenir de un conocido bufete de abogados muy especializado en cuestiones mercantiles y por el papel que desempeñaba en dicho despacho, aunque se le reconocía su valía profesional y el profundo conocimiento de la Ley de la CNMV, ya que fue uno de sus redactores y secretario de la CNMV en los primeros momentos.
La configuración de la nueva mayoría parlamentaria podría inclinar la balanza hacia un cambio total de los máximos responsables de la CNMV. Queda tiempo para que llegue ese momento en todo caso y, además, si vencieran su mandato y no fueran renovados expresamente, los Estatutos de la CNMV establecen que les sustituye el consejero más antiguo.
En el caso del Frob la incertidumbre sobre el futuro de Bankia tendrá desde este año una nueva incógnita: quién llevará las riendas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a partir de julio, cuando Jaime Ponce tendrá que poner fin a su mandato. El presidente del Frob, que aún mantiene más de un 60% del capital de Bankia, deberá dejar la institución en un momento en el que el futuro de la entidad es más incierto que nunca: a las pocas esperanzas del Gobierno de poder privatizar el banco vendiendo paquetes en el mercado por su baja cotización se une la incertidumbre de si Unidas Podemos intentará convertirlo en un banco público aunque en el programa electoral del PSOE no se habla para nada de esta posibilidad.
Además, tanto desde el Ejecutivo como desde la propia entidad han reconocido en varias ocasiones que este no es el mejor momento para que el Frob se deshaga de paquetes accionariales
La Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, que introdujo la figura del presidente del Frob, dota a su mandato de una duración de cinco años que vencen el próximo mes de julio. La norma afirma, además, que el mandato no es renovable.
